Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

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La investigación, realizada por el MNP entre setiembre de 2019 y diciembre de 2020 con el apoyo de UNICEF Uruguay, revela las vulneraciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes que residen en los centros de salud mental en convenio con INAU. En ese sentido, reporta casos de descuido emocional, trato humillante y amenazante y malos tratos físicos. El estudio evidencia también que el 40 % de las niñas, niños y adolescentes que ingresan en clínicas de atención por episodios agudos permanecen allí incluso luego de contar con el alta médica. 

En la presentación del informe participarán la presidenta de la Asamblea General y Cámara de Senadores, Beatriz Argimón; el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol; el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala; el Responsable del Área Programática de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Horacio Porciúncula; la representante de UNICEF en Uruguay, Luz Ángela Melo; y el presidente de la INDDHH, Wilder Tayler.

Entre los hallazgos más relevantes se constataron:

• Situaciones de descuido emocional, trato humillante y amenazante y malos tratos físicos. 

• Un trato distante y descuido emocional por parte del personal a cargo de la atención directa hacia las niñas, niños y adolescentes en más de la mitad de los centros (58%, siete). 

• Tratos humillantes y amenazantes, por parte del personal en casi en la mitad de los centros (42%, cinco).

• La utilización inapropiada de medidas de contención (psico-emocionales, farmacológicas y/o mecánicas). En algunos centros se constató que estas medidas eran utilizadas como forma de castigo. 

• Casi dos tercios de las niñas, niños y adolescentes del sistema de protección de INAU (63%, 3.335 niños) viven en un centro y no en un contexto familiar (ya sea de familia propia o ajena). De quienes residen en un centro, el 10 % se encuentra en un centro de salud mental (316 niñas, niños y adolescentes).

• Más de un tercio de los niños, niñas y adolescentes (34,7 %) que residen en un centro de salud mental pasó anteriormente por cuatro o más centros del sistema de protección especial. 

• 1 de cada 10 niñas y niños menores de 12 años ha permanecido más de 3 años en un centro de salud mental.

• 1 de cada 5 adolescentes ha permanecido más de 3 años en un centro de salud mental, cuando la normativa indica que no se debería superar los 18 meses.

• El 40 % de las niñas, niños y adolescentes que residen en clínicas de atención para episodios agudos permanecen allí aunque poseen el alta médica. 
   

Principales conclusiones de la investigación

Hoy en día las estrategias de atención a estas niñas, niños y adolescentes se centran en prácticas donde prevalece el encierro por períodos prolongados, lo que se oponen a las intenciones y esfuerzos realizados en dirección al abordaje comunitario y la desinstitucionalización. La lógica del encierro y el exceso de control habilita prácticas violentas y el uso de medidas de castigo. 

Cuando la situación de encierro involucra a niñas, niños y adolescentes privados del cuidado familiar, con padecimiento psíquico y/o discapacidad, se agravan los riesgos de sufrir abuso, violencias y malos tratos. Garantizar la protección de sus derechos es el objetivo del monitoreo externo e independiente. 

Resulta crucial comenzar a abordar la salud mental desde una perspectiva de derechos que incluya apoyos y tratamientos con un perfil socioeducativo y no solo centrado en el enfoque biomédico. Las vulneraciones en los derechos de las niñas, niños y adolescentes detectadas en el informe ponen en evidencia esta necesidad. 

Tanto desde la visión de los actores entrevistados, como del monitoreo de los centros de salud mental para niñas, niños y adolescentes se desprende como principal desafío la consolidación de un sistema de protección a las infancias y adolescencias que integre una mirada sobre la salud mental. 

Enfoque y metodología

El trabajo que presenta el MNP combina el monitoreo, la investigación y la incidencia en políticas públicas con una metodología de derechos humanos. Hacia el final del documento se propone una agenda tentativa de trabajo asociada a los desafíos planteados a los organismos públicos responsables de la política. Este trabajo busca ser una herramienta para prevenir estas situaciones e incidir en su erradicación. 

La investigación se desarrolló entre setiembre de 2019 y diciembre de 2020 y consistió en la realización de visitas sin previo aviso a las clínicas de salud mental que tienen convenio con INAU para observar los lugares, entrevistar al personal y a niños, niñas y adolescentes de los centros; además de la revisión documental, observación y registro fotográfico. 

A su vez, se realizó un análisis de la normativa vigente a nivel nacional e internacional, se procesaron datos estadísticos y se relevó la visión de los actores involucrados en el diseño, puesta en práctica y monitoreo de la política de salud mental e infancia. 

Las clínicas de salud mental que tienen convenio con INAU visitadas sin previo aviso fueron: diez (10) centros de atención integral en salud mental para niños, niñas, adolescentes y adultos con trastornos mentales compensados, lo que representa el 83 % del universo; dos (2) centros de atención a episodios agudos: lo que representa el 100 % del universo. 

Durante estas visitas se entrevistó al 43 % de las niñas, niños y adolescentes (153 personas) que residen en los 12 centros monitoreados. De igual forma, se mantuvieron entrevistas con 82 integrantes de los equipos de dirección y equipos técnicos; así como entrevistas con personal de atención directa y de servicio correspondientes a los diferentes turnos. 

La fuente utilizada para los datos cuantitativos se basó en la información enviada por el Sistema de Información sobre Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (datos a enero del 2020, MIDES-INAU), e información publicada por el Sistema de Información para la Infancia (diciembre del 2019) y Censo INAU - UNICEF (diciembre del 2019 - febrero del 2020).

Durante el 2021, el equipo del MNP ha realizado presentaciones preliminares con organismos del gobierno involucrados y organizaciones de la sociedad civil.