Agroquímicos

Resolución de la INDDHH sobre el impacto del uso de agroquímicos

El pasado 10 de setiembre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió la Resolución No. 761/2019, relativa a una denuncia presentada el 5 de junio de 2019 por el movimiento social del Departamento de Canelones “Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua”. Las personas denunciantes hicieron referencia a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho que se ve afectado por el uso de agroquímicos que requiere la producción sojera.
Fumigación

 

En anteriores investigaciones de la INDDHH sobre el tema, se ha logrado tener elementos suficientes para corroborar la afectación a la salud de personas por exposición a agroquímicos. Para la Institución, es necesario instrumentar una mirada de prevención de los riesgos de salud y de impacto ambiental que incluya estudios epidemiológicos sistemáticos.

La Resolución también se refiere al derecho a la participación pública en la toma de decisiones sobre esta temática. En ese sentido, la INDDHH señala que “La participación social debe extenderse a los espacios de discusión de la reglamentación vigente. En este sentido la INDDHH considera que la reglamentación debe considerar la prevención del riesgo de todas las personas, independientemente de la categorización de la zona que habiten y en particular en la población más vulnerable”.

LA INDDHH reconoce que el gobierno Departamental de Canelones es el que más avanzado en materia normativa vinculada a la protección ambiental y de salud frente al uso de agroquímicos. Por lo tanto, su experiencia debe ser replicable a otros departamentos del país. En especial, es relevante que este tema sea parte de la agenda de trabajo del Congreso de Intendentes.

No obstante, la Resolución destaca que La normativa nacional y departamental, así como su efectivo control, sobre las restricciones de aplicación respecto a distancias de cursos de agua, centros poblados, escuelas rurales y demás, ha sido insuficiente para garantizar la protección de la salud humana y del ambiente. Por lo tanto, resulta necesaria la urgente y drástica toma de medidas por parte de los distintos organismos del Estado, de forma integral y coordinada, para garantizar la efectiva protección y reparación de los derechos afectados.

 

 

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