Congreso Nacional de Educación

Tenemos un amplio consenso respecto a la necesidad de fortalecer la educación pública como un derecho humano fundamental, sustentada en políticas de Estado que trasciendan los períodos de gobierno y garanticen la participación efectiva de los distintos actores educativos. 

Eje 1. Educación inclusiva, derechos humanos, diversidad y ciudadanía 
Uno de los temas centrales fue la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Se señaló que, pese a los avances normativos de las últimas décadas, persisten barreras estructurales, estigmas y prejuicios que limitan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Se reafirmó el principio de "Nada de nosotros sin nosotros", destacando la importancia de que las propias personas con discapacidad participen en el diseño e implementación de las políticas públicas que las involucran. 

Se coincide en la necesidad de avanzar hacia una institucionalidad sólida en materia de discapacidad, con recursos técnicos y financieros suficientes, así como acelerar la aprobación de una nueva legislación que garantice derechos y dignifique a este colectivo. 

Se remarcó la importancia de que Uruguay continúe adecuando sus políticas a los compromisos asumidos en el marco de las declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se identificó como prioridad, fortalecer la formación inicial y permanente de los docentes en educación inclusiva, accesibilidad y realización de ajustes razonables. También se destacó la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios, apoyos especializados dentro de los centros educativos, intérpretes de lengua de señas y mejores condiciones de accesibilidad, incluyendo soluciones de transporte para estudiantes con discapacidad. Se enfatizó que la inclusión no puede depender únicamente del compromiso docente, sino de políticas públicas integrales que aseguren los recursos necesarios.

Los intercambios reafirmaron el valor de la educación pública como herramienta de igualdad y cohesión social. Se reivindicó el legado de referentes como Julio Castro y Miguel Soler, recuperando una concepción humanista de la educación basada en el trabajo territorial, la cercanía con las comunidades y el compromiso social. 

Se planteó la necesidad de fortalecer la participación docente y social en la definición de las políticas educativas, recuperando los órganos desconcentrados y garantizando que las resoluciones del Congreso Nacional de Educación tengan carácter vinculante o mecanismos claros de seguimiento y cumplimiento. 

También se destacó la importancia de fortalecer las trayectorias educativas, profundizar el trabajo en redes territoriales y consolidar la articulación entre el sistema educativo, la Universidad de la República y otros actores sociales para promover la investigación, la producción de conocimiento y el acompañamiento interdisciplinario. Asimismo, se manifestó preocupación por los procesos de tercerización de funciones propias del Estado y se reclamó avanzar hacia condiciones laborales más equitativas, incluyendo la equiparación salarial.