Congreso Nacional de Educación

1.1 Educación, cuidados y sostenibilidad de la vida

La tarea educativa y la tarea de cuidados son inseparables. Las cooperativas de educación desarrollan diariamente propuestas en las que educar, cuidar, acompañar y garantizar derechos forman parte de un mismo proceso. Sostenemos que sin cuidados no hay educación. Los cuidados no pueden continuar siendo considerados exclusivamente como una responsabilidad privada y doméstica de las familias, y particularmente de las mujeres.

Deben ser reconocidos como una dimensión pública de la protección social y como una condición necesaria para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Pensar la educación desde la sostenibilidad de la vida implica reconocer los cuidados durante todas las etapas de la existencia: gestación, primera infancia, infancia, adolescencia, adultez y vejez. Esto exige revisar las políticas públicas desde una perspectiva integral y superar la fragmentación institucional que separa educación, cuidados y protección social. Si entendemos la educación como un derecho, consideramos que no alcanza únicamente con garantizar el acceso a una propuesta educativa.

También es necesario que quienes participan de ella sean reconocidos como sujetos de derechos, puedan expresarse, ser escuchados, participar y desarrollar progresivamente su autonomía. En particular, desde la primera infancia, el derecho a la educación debe traducirse en oportunidades reales para que niños y niñas puedan expresar sus necesidades y emociones, ser escuchados, tomar decisiones acordes a sus posibilidades, participar en experiencias colectivas y desarrollar progresivamente su autonomía. Esta dimensión concreta de la participación constituye también una forma de construir ciudadanía desde las primeras etapas de la vida.

Por ello, entendemos que debe existir coherencia entre los valores que la educación declara promover y las formas en que funcionan las instituciones. Si queremos educar para la democracia, necesitamos instituciones donde exista participación; si queremos educar para la igualdad, debemos revisar prácticas que reproducen desigualdades; si queremos educar para la cooperación, necesitamos experimentar formas de trabajo cooperativas; y si queremos promover autonomía, debemos generar oportunidades reales para tomar decisiones. Existen propuestas que tienen un valor estratégico inmenso para el sistema educativo uruguayo. A partir del éxito sostenido del proyecto de Innovación Cooperativa en el Aula de INACOOP en el IFD de Salto, dar el salto hacia un alcance nacional representa no solo institucionalizar una buena práctica, sino consolidar el cooperativismo como una pedagogía viva en la formación docente y en la educación básica.

Las cooperativas de trabajo que ejecutan los talleres aportan una mirada práctica sobre la autogestión, la equidad, el trabajo en equipo y la resolución colaborativa de problemas. Crear un registro nacional de cooperativas capacitadas para la facilitación de estos talleres pedagógicos en los distintos departamentos. Inclusión de Escuelas Urbanas y Rurales.El aprendizaje cooperativo promueve la inclusión, la empatía y reduce el aislamiento en escuelas rurales, mientras que en las urbanas fortalece la convivencia escolar.

1.2 Integración, inclusión y discapacidad

Las experiencias de las cooperativas muestran que las situaciones de integración y discapacidad requieren respuestas institucionales sostenidas y no pueden resolverse únicamente mediante la incorporación de un recurso humano aislado. En los territorios se evidencia muchas veces la soledad con la que los Centros deben abordar estas situaciones. Existen experiencias de referentes de integración y proyectos de egreso, así como acompañamientos a las familias desde la comunicación de determinadas situaciones hasta las consultas y citas médicas.

Esta realidad plantea la necesidad de construir una política pública de integración que contemple: formación específica y permanente de los equipos; recursos humanos suficientes; espacios físicos accesibles y amables; acompañamiento a las familias; articulación interinstitucional; estrategias para el abordaje de las crisis; cuidado de la grupalidad; y acompañamiento de las trayectorias educativas. La integración no puede reducirse a incorporar una persona para atender una cantidad indeterminada de niños, niñas o adolescentes. Se requiere una mirada institucional y colectiva.

1.3 Educación pública, igualdad y justicia social

Defender la educación como derecho implica defender instituciones capaces de garantizar igualdad de oportunidades, promover pensamiento crítico y asegurar la participación efectiva de estudiantes, docentes, trabajadores, familias y comunidades. Frente a las desigualdades sociales, la educación cooperativa aporta una perspectiva basada en la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad y el compromiso con la comunidad.

En este sentido, consideramos importante el valor que desde el cooperativismo adquiere, la construcción colectiva de la memoria reciente y los derechos humanos. Son fundamentales para conocer nuestra historia, reconocer las vulneraciones y violencias del pasado y asumir el compromiso colectivo de que no vuelvan a repetirse. Mantener viva la memoria implica escuchar, reflexionar y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la verdad, la justicia y el respeto por la dignidad humana.

En este sentido, la forma en que se organiza una institución educativa también educa. Las relaciones que construimos, la manera en que tomamos decisiones, cómo distribuimos responsabilidades, cómo abordamos los conflictos y qué lugar damos a la participación son también experiencias educativas. La cooperación constituye, por tanto, una concepción integral de la educación y de la vida social, en contraposición con perspectivas individualistas, competitivas y mercantilizadoras.

Desde esta perspectiva, cuestionamos la reducción del cooperativismo a una herramienta de tercerización. Las cooperativas de educación constituyen organizaciones con experiencia pedagógica, capacidad de gestión democrática y conocimiento situado de los territorios, es decir el cooperativismo es considerado un espacio de protección desarrollado a través de infraestructuras que adquieren un valor central en el entramado social, siendo “nodos” comunitarios. Proponemos avanzar hacia centros educativos entendidos como espacios comunitarios de aprendizaje democrático, donde la participación sea una práctica cotidiana y no solamente un contenido o una actividad puntual.

Asimismo, consideramos necesario fortalecer los mecanismos que permitan que el conocimiento construido en los territorios por las familias, los equipos y las cooperativas pueda retroalimentar las políticas públicas, promoviendo una relación entre Estado y organizaciones basada no solamente en la ejecución y supervisión, sino también en el diálogo, la participación y la construcción colectiva.

1.4 Género, gestación y crianza

Una política educativa y de cuidados que pretenda garantizar derechos debe incorporar la perspectiva de género y abordar integralmente las condiciones de gestación y crianza. Resulta necesario preguntarnos qué condiciones ofrece la sociedad para que una persona pueda gestar, criar y educar dignamente. Esto supone discutir las responsabilidades familiares, las masculinidades, la protección social, las condiciones laborales y las políticas destinadas a las familias. Las políticas de cuidados deben comprender que la protección social no comienza en la tercera edad.

La protección de las infancias, adolescencias y generaciones futuras debe constituir una prioridad. Género, gestación y crianza Una política educativa y de cuidados que pretenda garantizar derechos debe incorporar la perspectiva de género y abordar integralmente las condiciones de gestación y crianza. Resulta necesario preguntarnos qué condiciones ofrece la sociedad para que una persona pueda gestar, criar y educar dignamente y cómo las desigualdades de género inciden en estas experiencias.

Esto supone discutir las responsabilidades familiares, las masculinidades, la protección social, las condiciones laborales y las políticas destinadas a las familias. Implica problematizar la feminización de las tareas de cuidado, la distribución desigual de las responsabilidades familiares y la sobrecarga que históricamente ha recaído sobre las mujeres. También supone promover nuevas formas de participación de los varones en la crianza, cuestionar los mandatos asociados a las masculinidades y avanzar hacia una corresponsabilidad real en los cuidados.

Para ello, resulta fundamental considerar las condiciones laborales, la protección social, las licencias, los servicios de cuidado y las políticas públicas destinadas a las familias. En este marco, la Educación Sexual Integral (ESI) constituye una herramienta fundamental para garantizar derechos. Su incorporación permite acompañar a niños, niñas y adolescentes en el conocimiento y cuidado de sus cuerpos, favorecer la construcción de vínculos basados en el respeto, reconocer y expresar emociones, promover la autonomía y prevenir situaciones de violencias.

Asimismo, la ESI contribuye a cuestionar estereotipos y roles de género que comienzan a transmitirse desde edades muy tempranas, habilitando experiencias de juego, expresión y participación libres de mandatos sexistas. La ESI no debe entenderse únicamente como un abordaje vinculado a la sexualidad en sentido restringido, sino como una perspectiva integral de derechos, género, cuidado y convivencia, que atraviesa las prácticas educativas y las relaciones cotidianas.

Por otra parte, las políticas de cuidados deben comprender que la protección social no comienza en la tercera edad. La protección de las infancias, las adolescencias y de las generaciones futuras debe constituir una prioridad. Garantizar condiciones dignas para gestar, criar y educar requiere políticas que reconozcan el cuidado como una responsabilidad social y colectiva, promoviendo igualdad de género, corresponsabilidad, derechos y bienestar desde los primeros años de vida.

Propuestas:

1. Reconocer los cuidados como componente fundamental del derecho a la educación y como responsabilidad pública.
2. Diseñar políticas integrales de educación, cuidados y protección social.
3. Fortalecer los recursos destinados a la integración y situaciones de discapacidad, evitando respuestas exclusivamente individuales.
4. Crear instancias permanentes de formación para los equipos educativos en integración, discapacidad y abordaje de crisis. perspectiva de género, derechos y Educación Sexual Integral (ESI), brindando herramientas para acompañar las distintas situaciones que atraviesan las infancias y adolescencias desde una perspectiva integral y de derechos.
5. Promover espacios educativos accesibles y diseñados desde una perspectiva de inclusión.
6. Incorporar la perspectiva de género y las masculinidades en las políticas de educación y cuidados.
7. Desarrollar políticas integrales de gestación, crianza y protección de las infancias.
8. Reconocer al cooperativismo como actor de las políticas públicas y no solamente como ejecutor de convenios, valorando su aporte en la construcción de propuestas educativas, comunitarias y de cuidados que incorporen la perspectiva de género, la ESI, la participación, la corresponsabilidad y la promoción de derechos.

2.1 La educación cooperativa como proyecto democrático

Pensar una educación pública, democrática y transformadora exige comprender que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en formar personas capaces de construir colectivamente una sociedad más justa, solidaria y democrática. La educación cooperativa permite articular educación y democracia en la práctica cotidiana. Un sistema de gobernanza multinivel por rama de actividad permitiría articular y organizar a las cooperativas desde el ámbito local hasta el nacional, fortaleciendo su capacidad de representación e incidencia. Este modelo generaría interlocutores sólidos y especializados para el diálogo y la negociación con el Estado, contribuiría al diseño y mejora de las políticas públicas y permitiría abordar de manera más efectiva las necesidades, desafíos y particularidades de cada sector de actividad.

Paulo Freire nos recuerda que la educación nunca es neutral y que toda práctica educativa puede reproducir o transformar las relaciones sociales existentes. El diálogo, la participación y la construcción colectiva del conocimiento permiten formar sujetos capaces de comprender el mundo e intervenir sobre él. Célestin Freinet aporta la idea de que la democracia no puede enseñarse únicamente mediante discursos: debe vivirse. Las cooperativas escolares, las asambleas, el trabajo colectivo y la producción compartida de conocimiento permiten construir comunidades educativas democráticas.

Por su parte, Anton Makarenko coloca al colectivo en el centro del proceso educativo. La formación individual se produce dentro de una comunidad que comparte objetivos, responsabilidades y compromisos. Cornelius Castoriadis profundiza esta mirada al vincular democracia y autonomía. Una sociedad democrática requiere sujetos capaces de participar conscientemente en la creación y transformación de las instituciones.

Finalmente, Boaventura de Sousa Santos plantea la necesidad de democratizar también el conocimiento, reconociendo una diversidad de saberes construidos por comunidades, trabajadores, organizaciones sociales y territorios. Desde estas perspectivas, el cooperativismo sintetiza una concepción educativa basada en la participación, la solidaridad, la responsabilidad compartida y la construcción colectiva. Entendemos que la participación también se aprende participando, y que la democracia no debería ser solamente un contenido que se enseña, sino una experiencia que se construye desde las prácticas institucionales.

2.2 Participación y comunidad

Una de las características que diferencia la gestión cooperativa es su vínculo con las familias y las comunidades. Algunas de las cooperativas gestionan Centros educativos en convenio y desarrollan una relación cotidiana con los territorios. Esta experiencia constituye un conocimiento socialmente valioso que debe incorporarse al diseño de las políticas públicas. La participación no debería limitarse a mecanismos formales de consulta.

Debe traducirse en capacidad real de incidir en las decisiones. Por ello, reivindicamos: participación vinculante; espacios de deliberación; cogobierno; participación de las familias; participación de trabajadores y comunidades; reconocimiento de los saberes territoriales.

Esta participación requiere también fortalecer las redes territoriales entre Centros educativos, cooperativas, organizaciones sociales, instituciones educativas y servicios públicos. Los trabajadores/as que implementan cotidianamente las políticas deben ser reconocidos como productores de conocimiento y contar con espacios para aportar a su evaluación y transformación.

Asimismo, proponemos generar mecanismos estables para sistematizar, documentar y compartir las experiencias, aprendizajes, dificultades y estrategias construidas por las cooperativas, de modo que el conocimiento producido en los territorios pueda llegar efectivamente a los ámbitos donde se diseñan las políticas públicas.

2.3 Cooperativismo y política pública

Relación Estado–cooperativas: diálogo, evaluación y participación

La relación entre el Estado y las cooperativas que implementan políticas educativas está atravesada por dos responsabilidades que deben poder convivir: por un lado, la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar derechos, definir políticas, establecer objetivos, asignar recursos, supervisar y evaluar; por otro, la autonomía de las cooperativas como organizaciones democráticas y autogestionadas, con capacidad para organizar colectivamente su trabajo, tomar decisiones y aportar conocimiento situado.

Por ello, proponemos superar una lógica basada exclusivamente en “el Estado define, la cooperativa ejecuta y el Estado controla”, para avanzar hacia una relación en la que el Estado garantiza y orienta, mientras las cooperativas implementan, participan, aportan conocimiento y construyen junto con otros actores. Esto no supone disminuir la responsabilidad estatal ni eliminar los mecanismos de supervisión, sino democratizar y fortalecer la relación entre ambas partes. Para hacer efectivo este enfoque, se requieren espacios permanentes de diálogo Estado–cooperativas, que no sean meramente informativos, sino que permitan plantear dificultades, compartir experiencias y realizar propuestas sobre las políticas implementadas.

También es necesario incorporar una evaluación bidireccional: además de evaluar el cumplimiento de las cooperativas, debe evaluarse cómo está funcionando la política pública para quienes la implementan, considerando recursos, procedimientos, comunicación, condiciones de implementación, dificultades territoriales, resultados y propuestas de modificación. Del mismo modo, ante cambios sustantivos en programas, convenios, requisitos o formas de funcionamiento, deben generarse instancias previas de intercambio con las organizaciones que los implementan. Quienes desarrollan cotidianamente una política pública poseen un conocimiento relevante para pensar cómo mejorarla, sin que ello implique trasladarles la responsabilidad de definir la política pública.

Finalmente, proponemos fortalecer una red de cooperativas de trabajo vinculadas a la educación que permita compartir experiencias, sistematizar aprendizajes, desarrollar formación conjunta, identificar problemas comunes, construir propuestas, generar proyectos colaborativos y fortalecer la representación del sector. Existe una subrepresentación del cooperativismo en los espacios donde se discuten las políticas públicas. La FCPU debe fortalecer su presencia institucional en espacios como el Congreso Nacional de Educación, el Diálogo Social y los Consejos de Salarios. Las cooperativas deben pasar de ser consideradas únicamente como organizaciones que ejecutan convenios a constituirse en actores colectivos que intervienen, piensan, discuten y proponen política pública.

El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho a la educación y establecer las condiciones de las políticas públicas. Las cooperativas, por su parte, pueden aportar autogestión, participación, conocimiento territorial, capacidad de organización colectiva y una experiencia concreta de democracia en el trabajo. Por eso proponemos avanzar hacia relaciones entre Estado y cooperativas que no se reduzcan a: Estado financia – cooperativa ejecuta. Sino que puedan construirse desde una perspectiva de: El Estado garantiza – cooperativa participa, gestiona, aporta conocimiento y construye colectivamente.

Por lo tanto, un Estado que promocione y contemple las características propias de una organización cooperativa. Esto requiere también fortalecer las propias capacidades de análisis, investigación y formación del movimiento cooperativo.

2.5 Formación y autonomía

Existe una experiencia acumulada de formación cooperativa desarrollada desde 2012 mediante articulaciones entre INACOOP, Udelar y ANEP. Esta experiencia muestra que es posible construir espacios de formación que articulen diferentes subsistemas y saberes. Proponemos profundizar estos vínculos y desarrollar nuevas instancias de formación junto con la Universidad de la República, INACOOP y otros actores educativos. La autonomía del movimiento cooperativo implica también generar sus propias instancias de reflexión y producción de conocimiento.

Propuestas:

1. Reconocer formalmente a la FCPU y a las cooperativas de educación como actores de las políticas educativas.
2. Fortalecer la participación del cooperativismo en el Congreso Nacional de Educación, Diálogo Social, así como en la representación en Consejos de Salarios.
3. Generar espacios de participación vinculante de trabajadores, familias y comunidades.
4. Promover programas de formación cooperativa articulados con Udelar, ANEP e INACOOP.
5. Crear una agenda permanente de investigación y pensamiento sobre educación cooperativa.
6. Fortalecer la Comisión de Educación de la FCPU como actor colectivo con capacidad de intervención.
7. Construir espacios intercooperativos que permitan elaborar propuestas comunes.
8. Crear espacios permanentes de diálogo entre el Estado y las cooperativas para la implementación, seguimiento y mejora de las políticas educativas.
9. Implementar mecanismos de evaluación bidireccional que incorporen la experiencia de las cooperativas sobre recursos, procedimientos, comunicación, condiciones de implementación, dificultades territoriales y resultados.
10. Establecer instancias de intercambio y consulta con las cooperativas ante cambios sustantivos en programas, convenios, requisitos o formas de funcionamiento.
11. Fortalecer una red de cooperativas de trabajo vinculadas a la educación para compartir experiencias, sistematizar aprendizajes, desarrollar formación conjunta y construir propuestas comunes.
12. Sistematizar y compartir las experiencias de las cooperativas para que el conocimiento producido en los territorios retroalimenta el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
13. Superar la concepción del cooperativismo como "parche" o simple mecanismo de tercerización.

3.1 Pensar la educación desde el ciclo de vida

El movimiento cooperativo propone superar la fragmentación de las políticas educativas y sociales. Las personas transitan diferentes etapas de la vida que no deberían ser abordadas mediante instituciones completamente desconectadas entre sí. Es necesario pensar una política pública que articule primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez desde una perspectiva de continuidad y complementariedad. La cooperación y el trabajo educativo deben incorporar una dimensión intergeneracional.

3.2 Baja natalidad y transformación del sistema educativo

Uno de los desafíos centrales identificados por las cooperativas es la disminución de la natalidad y su impacto sobre la matrícula educativa en los Centros de primera infancia. La situación demográfica ya podía observarse desde años anteriores y plantea un desafío que no puede ser abordado únicamente mediante el cierre o subutilización de Centros educativos. La disminución de la matrícula puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad de los servicios. Si existen menos niños y niñas, el desafío debería ser pensar cómo utilizar los recursos disponibles para fortalecer las propuestas educativas, mejorar las condiciones de trabajo, ampliar los equipos y generar nuevos servicios comunitarios.

3.3 Centros comunitarios de educación y cuidados

Frente a este escenario, proponemos avanzar hacia una concepción de Centros comunitarios de educación y cuidados, capaces de integrar diferentes necesidades del territorio y acompañar las distintas etapas del ciclo vital. La infraestructura educativa existente podría ser resignificada para albergar propuestas intergeneracionales y comunitarias. Esto supone superar la lógica de edificios separados y avanzar hacia espacios capaces de articular educación, cuidados, protección social, cultura y participación comunitaria. Existen experiencias internacionales que pueden ser estudiadas para analizar alternativas posibles.

3.4 Trayectorias y protección social

Las trayectorias educativas no pueden separarse de las condiciones materiales de vida. Aspectos como el embarazo adolescente, las pautas culturales, las condiciones familiares, la crianza y las oportunidades educativas inciden directamente en las trayectorias. La protección social debe acompañar a las personas a lo largo de todo el ciclo vital y no concentrarse exclusivamente en determinados momentos. Esto exige pensar políticas que articulen educación, cuidados y protección social desde la perspectiva de la interseccionalidad.

3.5 Formación de equipos

La transformación de las necesidades educativas exige también revisar los programas de formación. Se plantea la necesidad de actualizar programas de formación vinculados a CENFORES, Magisterio y otros ámbitos educativos, incorporando los nuevos desafíos relacionados con integración, cuidados, género, discapacidad, transformaciones demográficas y nuevas formas de organización institucional.

Propuestas:

1. Crear una agenda nacional para abordar el impacto de la baja natalidad sobre el sistema educativo.
2. Analizar la reconversión de Centros educativos en espacios comunitarios de educación y cuidados.
3. Desarrollar experiencias piloto de Centros intergeneracionales.
4. Articular las políticas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud desde una perspectiva de ciclo de vida.
5. Fortalecer la articulación entre ANEP, INAU, Udelar, INACOOP y las cooperativas.
6. Investigar experiencias intergeneracionales. internacionales de Centros comunitarios e
7. Revisar los programas de formación de educadores y técnicos ante las nuevas realidades sociales.
8. Utilizar la disminución de la matrícula como oportunidad para mejorar la calidad de los servicios educativos.
9. Desarrollar programas integrales de apoyo a la gestación, crianza y trayectorias educativas.

4.1 Democratizar el conocimiento

La expansión de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la educación. Desde el cooperativismo entendemos que estas transformaciones deben ser abordadas desde una perspectiva de democratización del conocimiento y no únicamente desde una perspectiva tecnológica. La tecnología debe estar al servicio de las personas, de las comunidades y de los procesos educativos. La tributación de las plataformas digitales que generan externalidades negativas en la educación debe orientarse a desincentivar el uso excesivo de las tecnologías cuando este afecta los procesos de aprendizaje, al tiempo que permite recaudar recursos destinados a mitigar sus efectos negativos y fortalecer la inversión en educación.

No alcanza con incorporar herramientas digitales. Es necesario garantizar las capacidades necesarias para utilizarlas críticamente, comprender sus impactos y participar activamente en la construcción del conocimiento. Por todo lo anterior, es necesario tener una mirada en clave de derechos que implique profundizar los conceptos de ciudadanía digital.

4.2 Tecnología, trabajo y cooperativismo

Las transformaciones tecnológicas también modifican el mundo del trabajo. Frente a estas transformaciones, resulta necesario discutir qué tipo de formación queremos ofrecer y qué capacidades deben desarrollar las personas para participar en una sociedad en permanente cambio. El cooperativismo aporta una perspectiva especialmente relevante: frente a modelos que pueden profundizar la individualización y la competencia, propone organización colectiva, solidaridad, responsabilidad compartida y democratización de las decisiones. Desde esta perspectiva y mirada integral, el cooperativismo se presenta como un actor y espacio de protección y acompañamiento frente al impacto de los cambios tecnológicos en los sectores más vulnerables de la sociedad.

La transformación tecnológica debe ser acompañada por una transformación democrática de las relaciones educativas y laborales.

4.3 Inteligencia artificial y pensamiento crítico

La inteligencia artificial plantea oportunidades, pero también desafíos educativos, éticos y sociales. La educación debe formar personas capaces de utilizar críticamente estas herramientas, comprender sus límites y analizar sus efectos sobre el conocimiento, el trabajo, la privacidad y las relaciones sociales. Debemos ser críticos en cuanto a las nuevas tecnologías y los desafíos que se presentan en materia de reproducción y producción de relatos constituyendo los mismos, nuevas memorias. La democratización de la educación implica también democratizar el acceso a las nuevas herramientas y a las capacidades necesarias para utilizarlas.

Propuestas:

1. Incorporar la alfabetización digital y la inteligencia artificial desde una perspectiva crítica y democrática.
2. Garantizar acceso equitativo a tecnologías y conocimientos digitales.
3. Formar docentes, educadores y trabajadores/as para afrontar las transformaciones tecnológicas.
4. Investigar el impacto de la inteligencia artificial sobre las prácticas educativas y el mundo del trabajo.
5. Promover el uso de tecnologías para fortalecer la participación y la construcción colectiva del conocimiento.
6. Incorporar al movimiento cooperativo en el debate sobre tecnología, educación y trabajo.
7. Generar espacios de formación e intercambio entre cooperativas, Udelar, ANEP e INACOOP.