Congreso Nacional de Educación

La educación es un derecho humano fundamental y un pilar imprescindible para la construcción de un país democrático, con justicia social y mayores niveles de igualdad. La educación es fundamental para que todas las personas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades, construir sus proyectos de vida y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. En este sentido, corresponde al Estado garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación, asegurando el acceso, la permanencia y los aprendizajes para toda la población, sin ningún tipo de discriminación. 

La educación no debe ser concebida como una mercancía ni como un servicio destinado al consumo, sino como un derecho fundamental cuyo ejercicio pleno debe ser garantizado por el Estado para todas las personas, en condiciones de igualdad. En la actualidad, nuestro sistema educativo se encuentra atravesado por dos problemáticas estructurales: la desigualdad de origen y la segregación estudiantil. Ambas condicionan las trayectorias educativas y profundizan las diferencias en las oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Revertir esta realidad requiere políticas públicas integrales y sostenidas, orientadas a transformar las condiciones que reproducen las desigualdades. Para avanzar en esa dirección, resulta imprescindible que el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) cuente con los recursos presupuestales necesarios para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación, fortaleciendo la educación pública y asegurando condiciones de enseñanza y aprendizaje dignas y de calidad para toda la población. 

Reivindicamos el 6 % del PBI para la educación más el 1 % para investigación científica. Estos porcentajes no son un capricho sino una recomendación que hace la UNESCO en base a datos empíricos. Aquellos países que han logrado mayores niveles de desarrollo son los que destinan como mínimo un 6 % a la educación más el 1 % para investigación científica. Medir el gasto educativo en función del producto contribuye a establecer un mínimo de distribución del valor generado socialmente para la educación. Este punto de vista permite medir, independientemente que una economía sea más o menos rica, la importancia relativa que se le otorga a la educación. 

En la coyuntura actual enumeramos algunas de las medidas más urgentes: 

• Inversión en infraestructura.
• Creación de cargos.
• Reducción del número de estudiantes por grupo.
• Inversión en recursos materiales y didácticos.
• Mejorar las condiciones salariales de docentes y funcionarios.

Para pensar en una educación verdaderamente participativa y democrática, es imprescindible que se concrete sin más demoras la real autonomía y respectivo cogobierno en todos sus niveles, de modo que sea posible la construcción de una política educativa de largo aliento, sin verse supeditada a los vaivenes de la política partidaria. 

La autonomía de la educación está consagrada en el artículo 202 de la Constitución de la República y constituye un principio fundamental para garantizar el carácter democrático y plural de la educación pública uruguaya. Su reconocimiento responde a la necesidad de preservar las políticas educativas de los intereses coyunturales de los gobiernos de turno, así como de las presiones político-partidarias, religiosas, económicas y corporativas que puedan condicionar sus fines y orientaciones. 

La educación pública debe responder al interés general y al ejercicio efectivo del derecho a la educación, y no quedar subordinada a las lógicas y necesidades del mercado ni ser concebida exclusivamente como un instrumento de formación de mano de obra. Su finalidad debe orientarse al desarrollo integral de las personas, el pensamiento crítico, la participación democrática, la transformación social, la organización colectiva y la construcción y defensa del bien común. 

En este marco, la autonomía constituye una condición necesaria para que el sistema educativo pueda definir sus orientaciones, desarrollar sus políticas y adoptar decisiones de acuerdo con sus fines específicos, con independencia de las prioridades circunstanciales del poder político y de los intereses particulares. Esta autonomía debe comprender las dimensiones de gobierno y administración, técnico-docente y financiera. El cogobierno permite que la conducción de la educación sea ejercida de manera colectiva, democrática y participativa con representación de los distintos actores que integran el sistema educativo. La integración docente al gobierno estuvo presente desde 1935, constituyendo un idea de consenso en el Sistema Educativo uruguayo. Para garantizar una autonomía efectiva, resulta necesario que las autoridades de la educación sean electivas, porque la conducción colectiva obliga a la negociación y a la generación de acuerdos, permitiendo que las decisiones alcancen mayores niveles de consenso y que las responsabilidades se asuman colectivamente. Asimismo, asegura mayores niveles de transparencia en la gestión. 

En la coyuntura actual enumeramos algunas de las medidas más urgentes: 

• Impulsar una nueva ley de educación que establezca una nueva estructura del gobierno de la educación que esté regida por los principios de autonomía y cogobierno pleno.
• Pensar en un diseño que contemple la participación de docentes, funcionarios, estudiantes y familias en los diferentes niveles del sistema.
• En lo inmediato reivindicamos la restitución de los Consejos desconcentrados de Primaria, Secundaria y UTU.

Es necesario revisar el papel de Ceibal analizando su institucionalidad, sus competencias, sus vínculos con empresas transnacionales, el control y el tratamiento de los datos educativos y su incidencia sobre las formas de enseñar, evaluar, formar docentes y organizar el conocimiento. Sus programas y plataformas deben estar subordinados a las definiciones de los organismos públicos de la educación y dejar de ser un organismo autónomo, paralelo y superpuesto al sistema educativo. 

Es imprescindible regular las relaciones entre el Sistema Educativo Público uruguayo y las empresas y plataformas transnacionales para proteger la soberanía educativa, la privacidad y el uso de los datos que se producen.

En vista de la creciente digitalización de las aulas y de la gestión de las escuelas, se pide que el Estado garantice la soberanía de los datos de estudiantes y docentes y la participación de todos los sectores en el diseño de las interfaces, optando por el uso de software de código abierto y el almacenamiento de datos en servidores nacionales que dependan de ANTEL. 

También se pide que Plan Ceibal se integre de forma subordinada a los responsables de la educación oficiales como Udelar, ANEP y MEC.