Congreso Nacional de Educación

La educación como derecho

La Política Educativa de un país está constituida por los principios, fines, objetivos y estrategias que orientan el accionar de la Educación a nivel nacional, regional y local, tanto en el medio estatal como privado. Debe construirse a partir de ciertos principios generales que la orienten, estableciendo un diálogo constante con la realidad existente en un determinado contexto histórico. Esto resulta fundamental para construir una mirada de largo plazo que configure un modelo de país cuya principal premisa
sea la justicia social y la profundización democrática.

Desde la CSEU sostenemos que la Educación Pública es la vía para garantizar el derecho humano a la educación para todas las personas. Su defensa constituye en principio vital cuyo objetivo primordial debe ser la búsqueda incesante de la igualdad, con independencia del contexto socio económico y cultural de origen. El Estado nacional tiene el rol de garantizar el cumplimiento de estos derechos.

Para que esto suceda, es imprescindible reconstruir el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP). El Estado debe retomar su rol protagónico como garante del acceso democrático y pleno a la educación en cualquier rincón del territorio nacional. Este cometido sólo se podrá concretar si se fortalece toda su estructura con el objetivo de cumplir a cabalidad su rol de garante del pleno ejercicio del derecho humano a la educación.

Dicho sistema debe construirse sobre la base de propuestas, niveles y modalidades que garanticen a nivel de todo el territorio nacional el derecho a la educación y la participación para todas y todos durante toda la vida, desde inicial y primaria, pasando por la educación media, fortaleciendo la educación terciaria en todas sus variantes y prestando especial a la educación de adultos y en contextos de encierro.

Reivindicamos la vigencia de los principios fundantes de la educación pública uruguaya, democrática, gratuita, laica y obligatoria. Para poder avanzar hacia el cumplimiento de estos principios, es necesario identificar los problemas centrales que atraviesa la educación en el Uruguay y construir acciones y definiciones que nos permitan lograr una educación más democratizadora, que tenga como premisa la justicia social.

De todos los problemas que podemos identificar, señalaremos dos ejes estructurales que transversalizan
la realidad educativa nacional. Estamos hablando de la desigualdad social de origen y la segregación educativa.

La desigualdad social de origen y su incidencia en los procesos de aprendizaje.

Las desigualdades sociales de origen tienen una serie de consecuencias, entre ellas las que se enmarcan en todo el proceso educativo, afectando a las niñeces y adolescencias. Desde la CSEU vemos con preocupación un debilitamiento en la construcción de políticas públicas que contemplen o compensen estas desigualdades de origen. Esto se ve reflejado en el problema de la pobreza infantil, que aparece como un factor determinante. Se hace imprescindible la implementación de un conjunto de políticas públicas desplegadas desde el Estado, que sean coadyuvantes a la Política Educativa.

Según datos del INEEd, entre 2019-2020 el 67,7% de los estudiantes que asistían a la educación pública recibían alguna prestación social. En los ciclos de inicial y primaria este porcentaje fue cercano al 66%, mientras que en educación media es de 64% (60,4% en secundaria y 75,1% en educación técnica).

Interpretamos estos datos como una primera evidencia de que la principal problemática vinculada a las prestaciones, radica en la debilidad de las mismas, y el impacto que estas generan en la realidad concreta. Si las prestaciones sociales no cumplen el rol de poder garantizar realmente las condiciones materiales necesarias, el único fin que presentan es el de buscar aplacar el malestar social y sostenerlo desde una perspectiva meramente asistencialista y reproductivista.

Las consecuencias negativas que tiene este cuadro de situación son variadas y profundas: múltiples formas de violencia, empleo infantil, inseguridad alimentaria, afectaciones en la salud mental, problemáticas de salud, falta de recursos materiales que permean los escenarios educativos y comprometen los procesos de aprendizaje.

Muchas veces se le quiere adjudicar al sistema educativo la responsabilidad de subsanar el conjunto de desigualdades que afectan a nuestra sociedad y, al mismo tiempo, se responsabiliza a la enseñanza de los riesgos que enfrentan las trayectorias educativas de estudiantes que provienen de contexto más desfavorecido. Esta paradoja muestra el costo social que tiene la ausencia de una política integral, con recursos disponibles para garantizar las condiciones mínimas (vivienda, salud, alimentación) que permitan estudiar y sostener las trayectorias educativas.

Segregación educativa

Se entiende la segregación educativa como la distribución desigual de estudiantes con distintas características entre centros educativos, que refuerza inequidades y contribuye a la segmentación social. Por ende, nuestra sociedad debe abordar este fenómeno en profundidad para acabar con esa desigualdad estructural del sistema. Se deben establecer políticas de Estado potentes que
impliquen una línea de ataque frontal a este problema estructural.

En los subsistemas donde se detecta una distribución más desigual de sus estudiantes son educación inicial y primaria. De acuerdo a los datos oficiales (a partir de las pruebas nacionales Aristas), en 2017 aproximadamente el 80% de las diferencias socioeconómicas y culturales son entre las escuelas y no a su interior. Es decir, se confirma que existen escuelas donde asisten poblaciones de los quintiles más bajos y otras donde asisten de los quintiles más altos.

Con relación a la educación media básica pública, ese estudio concluye que las diferencias entre secundaria y técnica explican una cuarta parte de la segregación educativa. Esto se encuentra relacionado a que estas "propuestas" educativas tienden a captar poblaciones diferentes en términos de nivel socioeconómico, lo que contribuye a la segregación entre ambos trayectos. A su vez, la educación técnica distribuye de forma relativamente homogénea a sus estudiantes entre los centros, pero tiene una alta probabilidad de que dentro del centro educativo un estudiante se encuentre con otro de su mismo nivel socioeconómico. 

En secundaria la segregación es relativamente baja (INEEd, 2021b). Sin embargo, esta mirada debe complementarse incluyendo el sector privado, ya que trabajos como el de Kruger (2019), basado en datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), encuentra que en América Latina una cuarta parte de la segregación total es explicada por las diferencias entre sector público y el privado. Esta proporción asciende a casi el 50% en el caso de Uruguay.

La segregación es mayor al interior del sector privado que al interior del sector público, aunque este último contribuye más a la segregación total debido a su mayor tamaño.

En relación con las políticas de asignación de estudiantes a centros, el sistema educativo público en Uruguay, como forma de promover la universalización, prioriza la libre elección de las familias. Sin embargo, no todas las familias cuentan con las mismas posibilidades para poder tomar esta decisión, lo que supone un proceso de diferenciación y desigualdad que potencia los problemas de segregación educativa. Es decir, que la libre elección puede convertirse en un factor de segregación si no se considera un sistema de representación proporcional en las escuelas que asegure que los estudiantes que asisten a ellas provengan de niveles socioeconómicos heterogéneos.

Existen datos contundentes y alarmantes sobre la infantilización de la pobreza que afectan drásticamente el derecho al acceso a la educación. Algunos de ellos marcan niveles altos de inseguridad alimentaria en diferentes zonas de Montevideo.

Según el estudio realizado por el Programa Integral Metropolitano de la Udelar, entre 2022 y 2023 existía una grave situación de seguridad alimentaria y nutricional en hogares con adolescentes de los barrios Bella Italia y Punta Rieles. Este informe muestra que el 39.7% de los hogares con adolescentes entre 12 y 17 años de la zona estudiada poseían una limitada o incierta capacidad para adquirir alimentos nutricionalmente adecuados y seguros, y un 12% presenta inseguridad alimentaria grave.

Otros datos que nos deben preocupar son los que presenta el Informe sobre seguridad alimentaria y nutricional en hogares con niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años del Municipio A entre 2022 y 2023 , financiado por la Federación Uruguaya de Magisterio. El estudio, indica que un 39,0% padece de inseguridad leve, un 41,9% padece inseguridad moderada y un 20,1% padece de inseguridad grave.

De acuerdo a este diagnóstico, es preciso construir alternativas capaces de dar respuesta a las complejidades que enfrenta una política educativa integral acorde a los desafíos actuales y venideros. Para poder revertir estas problemáticas estructurales, desde la CSEU entendemos pertinente poder realizar propuestas vinculadas al incremento presupuestal.

Este tipo de problemáticas estructurales que padece la educación en el Uruguay, violan profundamente el artículo I de la Ley General de Educación nº 18.437, que plantea el acceso a la educación como un derecho humano fundamental.

Por esta razón es que es imprescindible construir una serie de propuestas que puedan colaborar en la resolución de los problemas
existentes. La implementación de cualquier medida o política de mejora de la educación no puede ser pensada y realizada si no es con un aumento sustancial de presupuesto que acompañe las acciones correspondientes.

A continuación señalamos algunas propuestas que deben ser tenidas en cuenta para garantizar a la educación como un derecho.

Financiamiento 6+1 del PBI. Asistimos a un escenario en donde el presupuesto educativo no ha podido alcanzar el 6% del PBI recomendado por UNESCO para la Educación Pública, más 1% para investigación e innovación. Eso ha implicado una traba para desarrollar plenamente el Sistema Nacional de Educación Pública.

Infraestructura. Construcción de nuevos edificios que sean acordes a la demanda. Realizar remodelaciones a los edificios existentes y que estén dotados de sistema de calefacción y refrigeración para las nuevas realidades climáticas.

Creación de cargos en todos los subsistemas que puedan atender las diferentes problemáticas que atraviesan las y los estudiantes.

Reducción del número de estudiantes por grupo para mejorar las condiciones de trabajo y aprendizaje.

Dotación de recursos materiales y didácticos que optimicen los aprendizajes de las y los estudiantes.

Mejorar las condiciones salariales tanto del personal docente como no docente.

Ampliación de tiempo pedagógico en educación primaria, secundaria y Técnico profesional, adaptado a las realidades de cada subsistema.

Todas estas propuestas deben estar acompañadas de otras políticas públicas que permitan asegurar las condiciones materiales mínimas de acceso a la vivienda, la salud física y mental, la alimentación; y la instalación y refuerzo de dispositivos de apoyo que contemplen la diversidad de trayectos y formaciones. ​

Solo de esta manera se logrará que el tránsito entre instituciones y niveles educativos sea acompañado de manera adecuada, aún más teniendo en cuenta los efectos que la pandemia COVID ha causado, generando múltiples disrupciones educativas y sociales que han afectado desproporcionadamente a los sectores más pobres.

Sin un presupuesto acorde a los desafíos actuales que atraviesa la educación en el Uruguay, no será posible revertir esta situación dramática.