Congreso Nacional de Educación

Comisión de Apoyo al Proyecto de Ley de Educación Emocional Docente Liceo 1 de Maldonado 

MOCIÓN: Educación Emocional como línea prioritaria de política educativa 

VISTO:

Que las emociones, los vínculos y la convivencia atraviesan de manera constante la experiencia educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país, y condicionan tanto el aprendizaje como la permanencia en el sistema educativo.

Que existen antecedentes concretos de trabajo en esta línea en Uruguay: el programa Educación Responsable (Plan Ceibal, desde 2018), el Plan de Salud Mental en la Educación de ANEP (2021), las Orientaciones para el abordaje de habilidades socioemocionales aprobadas por el CODICEN (2024), e investigaciones nacionales recientes sobre competencias socioemocionales en distintos contextos educativos del país. 

Que existe actualmente en el Parlamento un proyecto de Ley de Educación Emocional, (Cámara de Representantes Carpeta No. 4539/2024, repartido 1211 Set 2024, que obtuvo media sanción en Senado Distribuido: 2153/2024, carpeta 1299/2024 del 14/7/2024) que cuenta con apoyo de legisladoras y legisladores de distintos partidos y se encuentra en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. 

CONSIDERANDO: 

Que la evidencia internacional disponible (entre otras, los meta análisis sobre programas de Aprendizaje Social y Emocional) muestra resultados consistentes en clima escolar, convivencia y desempeño académico cuando estas líneas se implementan de forma sistemática, sostenida y con formación docente adecuada. 

Que una política de Educación Emocional seria y responsable debe construirse con pluralidad de enfoques y disciplinas (pedagogía, psicología, neurociencias, sociología de la educación, trabajo social, psicología social), con financiamiento y formación docente pública y gratuita, con mecanismos de evaluación independiente, y con garantías explícitas de que no constituye una práctica clínica, no patologiza ni prescribe emociones, no sustituye las políticas sociales y económicas que el Estado debe sostener frente a la pobreza, la violencia y la desigualdad, y no se convierte en patrimonio de una única corriente, universidad o colectivo. 

Que el Congreso Nacional de Educación constituye un ámbito legítimo y participativo para que docentes, estudiantes, familias y comunidad educativa de todo el país se pronuncien sobre las prioridades de la política educativa nacional.