Acta N° 142/2026

Acta de resolución

31/10/2026

Asamblea Estudiantes y Docentes en Contextos de encierro, cárcel y exclusión | Montevideo

Fecha: 31/10/2026
Hora de inicio: 16:15
Hora de finalización: 19:10
Lugar de realización: Sede ADES, Maldonado 1193

Quórum: 25 personas

Elección de delegados/as: 1 titular y 1 alterno/a.
Mociones de resolución aprobadas
Cantidad: 20
N.º de moción Eje 1: La educación como derecho
1 Exigir las condiciones adecuadas de infraestructura edilicia y mobiliaria que permita las condiciones necesarias para la enseñanza, incluyendo salones correctamente iluminados, libres de ruidos externos, y sin goteras y con acceso a tiempo a materiales de estudio y conectividad. Asegurar las condiciones mínimas necesarias de alimentación y descanso que permitan el estudio. Apuntar a la completitud de las trayectorias educativas en contexto de encierro con la posibilidad de realizar prácticas allí de educación terciaria, y universitaria y/o profesional. Acompañar las trayectorias de estudiantes liberados entre DINALI y las instituciones educativas para que puedan continuar sus estudios en libertad y desempeñarse profesionalmente.
2 A los y las EPL al no poder estar presentes en esta asamblea, se les ha autorizado participar mediante una sesión de Zoom pero no son tenidos en cuenta en el cálculo del quórum. Entendemos que ellos tienen un interés y una capacidad relevantes para tratar los asuntos que aquí se debaten. El dejarlos fuera como meros telespectadores lejanos es una forma de discriminación. Por ello, manifestamos nuestra protesta ante la Mesa del Congreso Nacional, así como nuestra solidaridad. Así mismo expresamos nuestra denuncia y solidaridad con las PPL que sufren violencia carcelaria, muy en especial, las compañeras de la UC5 por los abusos ocurridos a raíz de su mudanza.
3 Relevamiento oficial de la oferta educativa. Sistematizar y publicar información actualizada sobre los programas y cursos de cada unidad del país: alcance, matrícula, continuidad, condiciones docentes, materiales y equipamiento. Hoy esa información no está unificada ni es accesible, y sin diagnóstico no hay política posible. 2. Protocolo de continuidad educativa ante traslados. Ningún traslado debería interrumpir una cursada activa sin notificación a la institución educativa y sin un mecanismo de continuidad garantizado. La conectividad para clases virtuales debe considerarse infraestructura educativa básica. 3. Canal claro de ingreso de materiales educativos. Libros, útiles y materiales de estudio con un protocolo de ingreso no discrecional, conocido por todo el personal penitenciario y respetado en las requisas. 4. Ventanilla de gestión educativa remota. Trámites de inscripción, bedelía y certificación realizables de forma asistida y remota, mediante un servicio que intermedie entre las personas privadas de libertad y las instituciones educativas. 5. Protección efectiva del personal docente. Protocolos claros de actuación ante situaciones de riesgo, de modo que la seguridad del personal docente sea condición para la continuidad de los programas. 6. Participación real de PPL y ex PPL en el diseño de políticas. Espacios formales para que las personas directamente afectadas participen como interlocutoras en el diseño, el monitoreo y la evaluación de las políticas educativas que las involucran.
4 Proponemos como sumamente necesario se instrumenten REUNIONES DE COORDINACIÓN EN TERRITORIO en TODAS LAS COMUNIDADES Y ESPACIOS EDUCATIVOS que se encuentren en las unidades de INR e INISA donde estén trabajando e interviniendo dos o más actores educativos ANEP, DEJA, CES SECUNDARIA, MEC, DGETP - UTU, UDELAR, INR. Estas reuniones tendrán UNA FRECUENCIA SEMANAL DE 1 HORA y el objetivo será COORDINAR Y GESTIONAR LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS de manera sinérgica, para potenciar la eficacia y eficiencia del trabajo de educación en cárceles. Además, UNA VEZ POR MES se realizará UNA REUNIÓN VIRTUAL DE COORDINACIÓN entre todos los espacios educativos que trabajen en contexto de encierro EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Estas reuniones tendrán una duración de 2 horas. Todas estas reuniones SERÁN CONSIDERADAS HORAS DE TRABAJO que dispondrá cada uno de los subsistemas de la educación ANEP, DEJA, CES SECUNDARIA, MEC, DGETP - UTU, UDELAR.
5 Exigimos que se estudien las posibilidades para aumentar la enseñanza presencial en las Unidades Carcelarias. Esto implicará el nombramiento del personal docente que deberá estar vocacionalmente motivado y profesionalmente capacitado para la labor. La dotación de los medios de infraestructura material (salones, pupitres, pantallas, etc.) Se tendrá que asegurar el acceso físico mediante el transporte adecuado. Se le garantizará a los docentes, al menos las mismas condiciones escalafonarias en el desempeño de su carrera que si la realizara en su ámbito original de trabajo.
6 No es necesario crear todas las estructuras desde cero porque en realidad todas las unidades penitenciarias del país cuentan con espacios físicos y talleres propios que actualmente operan con un alcance limitado o de uso estrictamente interno, es decir que funcionan solamente para beneficio del propio Instituto Nacional de Reinserción u otra institución que este decida, pero con mano de obra de los internos que son simplemente trabajadores y en su mayoría no remunerados, sin la posibilidad de ser capacitados con una certificación que los habilite a futuro. La propuesta consiste en reaprovechar y potenciar dichos espacios mediante la articulación con instituciones públicas de formación (como la UTU, INEFOP, etc) y organizaciones de la sociedad civil, para apoyo tanto de materiales como también para el beneficio de la producción, que pueda ser vertida a la misma sociedad en lugares que sean necesarios: No se trata de crear talleres recreativos o de unas horas, sino de trayectos formativos sólidos que integren teoría y práctica, con evaluaciones formales que certifiquen la idoneidad técnica de la persona. Los talleres pueden articular producción y solidaridad social (por ejemplo, talleres de carpintería o herrería que fabriquen mobiliario para barrios carenciados, hogares de niños, refugios o centros educativos públicos, etc), devolviendo valor a la comunidad por parte de aquellos que quizás hoy en día no tienen la posibilidad de darles algo a cambio de lo que le quitaron.
7 El eslabón que se considera siempre más frágil del proceso es justamente el momento del egreso. Para garantizar que la formación no quede simplemente en un papel o como estadística cuantitativa, se proponen como mínimo estas dos medidas estructurales: Llevar un control riguroso y anticipado de las personas que están próximas a recuperar la libertad con un título o certificado aprobado, conectándose de forma directa con bolsas de trabajo antes de su salida, con la creación de un sistema informático que permita compartir e intercambiar datos sobre oficios adquiridos, nivel educativo y conocimientos a las posibles instituciones, empresas, organizaciones, etc. que participen de esta política de reinserción laboral. Establecer un sistema coordinado entre el Estado y el sector empresarial (tanto público como privado) para la obtención de subsidios, exoneraciones o incentivos fiscales para las empresas que contraten activamente a personas liberadas, rompiendo la barrera de los antecedentes y garantizando una inserción laboral formal y sostenible.
8 Con el fin de evitar la saturación de cupos, garantizar una distribución justa de las oportunidades de empleo y asegurar que la relación entre tipos de empleo y tiempo de egreso sea transparente, se propone la creación de un sistema de prelación institucional: Cada persona que obtenga una certificación y recupere su libertad ingresará a una bolsa de trabajo articulada en un orden de prelación claro respecto a sus pares con su mismo oficio y nivel de certificación. El sistema de derivación a puestos laborales públicos o subsidiados en el sector privado funcionará de manera sucesiva y equitativa (quien egresa primero accede a la primera vacante disponible, ubicándose los siguientes compañeros de manera ordenada en la lista), evitando favoritismos y asegurando que la oportunidad de inserción llegue de forma organizada a todo el colectivo sin exclusiones.
9 Mayor complejidad y riesgo del entorno laboral A diferencia de las escuelas abiertas, las aulas penitenciarias se desarrollan dentro de un espacio de restricción de libertad, con reglas de seguridad estrictas, situaciones de tensión frecuentes y la posibilidad de enfrentar episodios de conflicto. Los docentes deben adaptar su práctica a contextos de inestabilidad, sin contar siempre con el mismo apoyo institucional que otros educadores. Esta exposición a riesgos psicosociales y de seguridad no se ve reconocida en su sueldo actual.
10 Función estratégica para la sociedad y el Estado La educación en cárceles no es solo enseñanza de materias básicas: es una herramienta para reducir la reincidencia delictiva y facilitar la vuelta al trabajo y a la comunidad. Estudios internacionales y nacionales muestran que las personas que completan trayectos educativos durante su detención tienen mayores probabilidades de reinserción exitosa. Al mejorar sus condiciones laborales, el Estado reconoce el valor de esta labor y fomenta que docentes preparados se mantengan en estos puestos, evitando la rotación constante que perjudica el aprendizaje.
11 Falta de reconocimiento histórico y equidad laboral Durante años, este colectivo ha permanecido invisible en las políticas salariales del sector educativo. Si bien todos los docentes merecen condiciones dignas, quienes trabajan en penitenciarías cumplen una jornada con dificultades adicionales que justifican un complemento o aumento específico, por principio de equidad: a mayor dificultad y riesgo, mayor compensación.
12 Necesiad de bono de viáticos por desplazamiento y gastos adicionales Muchos establecimientos penitenciarios se ubican en zonas alejadas de los centros urbanos, sin servicio de transporte público cercano o con horarios limitados. Los docentes deben trasladarse por sus propios medios, asumiendo gastos de combustible, mantenimiento de vehículo y pasajes, además de tiempos de viaje más prolongados que los de otros educadores. Por otra parte, las reglas de ingreso a las unidades penitenciarias obligan a cumplir horarios estrictos que no permiten combinar fácilmente otros recorridos. El bono de viáticos no es un beneficio extra, sino una compensación para cubrir estos gastos obligatorios que surgen exclusivamente por la ubicación y características del puesto.
13 Se fundamenta en la garantía plena del acceso a la educación como derecho humano fundamental, bien público y social. Desde este marco normativo y ético, se combate activamente la desigualdad estructural para asegurar que el desarrollo de la educación como proyecto de vida sea real, inclusivo y sin ningún tipo de barreras orientadas a la exclusión.
N.º de moción Eje 2: Educación y participación
14 Red Estudiantes Liberados.- Creación de Centro Universitario que abarque las unidades 1, 5 y 6.- La idea es generar un espacio dentro de los predios de las unidades pero que se rija como una embajada de la Udelar, en ellos podrán estudiar PPL y Operadores Penitenciarios.- Esto solucionaría el tema de locación de los pequeños centros en cada unidad y se pasaría a tener un edificio universitario, donde la Udelar ayudaría a que lleve toda su institucionalidad.
15 Entendemos que los y las EPL tienen un interés y una capacidad relevantes para tratar los asuntos que aquí se debaten. El haber sido privados del derecho de voto es una forma de discriminación. Por ello, manifestamos nuestra protesta ante la Mesa del Congreso Nacional, así como nuestra solidaridad con ellos. Así mismo expresamos nuestra denuncia y solidaridad con las PPL que sufren violencia carcelaria, muy en especial, las compañeras de la UC5 por los abusos ocurridos a raíz de su mudanza.
16 La oferta formativa y de oficios debe diseñarse con una genuina perspectiva de género transversal. Si bien históricamente ciertos oficios se han asociado al ámbito masculino, las oportunidades deben estar abiertas y flexibilizadas para la población femenina y masculina por igual, incorporando trayectos y especializaciones orientadas a las demandas reales de ambos sectores, sin encasillamientos restrictivos.
17 Carga emocional y formación complementaria El trabajo con personas privadas de libertad requiere conocimientos adicionales: comprensión de situaciones de violencia previa, traumas, dificultades de aprendizaje acumuladas y necesidades de reinserción social. Muchos docentes realizan capacitaciones extra sin remuneración adicional, para poder acompañar adecuadamente a sus estudiantes. La labor implica un desgaste emocional mayor, que debe ser compensado económicamente.
N.º de moción Eje 3: Trayectorias educativas a lo largo y ancho de la vida
18 Incorporar la Educación Emocional como tema prioritario en la agenda de discusión del Congreso Nacional de Educación, con la pluralidad de enfoques y el rigor académico que la propia comunidad educativa reclama para cualquier política pública. Manifestar su respaldo a que el sistema educativo nacional cuente con una política pública explícita, sostenida y con financiamiento propio en materia de Educación Emocional, con formación docente inicial y continua, gratuita y universal. Expresar su apoyo a la aprobación de una Ley de Educación Emocional para Uruguay, que garantice su carácter público, plural, interdisciplinario, no clínico, no patologizante y complementario —nunca sustituto— de las políticas sociales, económicas y de protección de derechos que el Estado debe sostener. Solicitar que la ley que eventualmente se apruebe prevea mecanismos de evaluación independiente de su implementación y espacios de participación de voces académicas diversas, incluidas las críticas, en su seguimiento. Elevar esta moción a la Mesa del Congreso Nacional de Educación, a las Comisiones de Educación y Cultura de ambas Cámaras y las autoridades de Educación competentes para su conocimiento.
19 El puente hacia la libertad:El eslabón que se considera siempre más frágil del proceso es justamente el momento del egreso. Para garantizar que la formación no quede simplemente en un papel o como estadística cuantitativa, se proponen como mínimo estas dos medidas estructurales: Llevar un control riguroso y anticipado de las personas que están próximas a recuperar la libertad con un título o certificado aprobado, conectándose de forma directa con bolsas de trabajo antes de su salida, con la creación de un sistema informático que permita compartir e intercambiar datos sobre oficios adquiridos, nivel educativo y conocimientos a las posibles instituciones, empresas, organizaciones, etc. que participen de esta política de reinserción laboral. Establecer un sistema coordinado entre el Estado y el sector empresarial (tanto público como privado) para la obtención de subsidios, exoneraciones o incentivos fiscales para las empresas que contraten activamente a personas liberadas, rompiendo la barrera de los antecedentes y garantizando una inserción laboral formal y sostenible.
20 * Trayectorias educativas a lo largo y ancho de la vida Establece que las instituciones deben sostener itinerarios flexibles, asumiendo que los recorridos de aprendizaje varían según las realidades subjetivas de cada persona. De este modo, la educación como el proyecto de vida tiene que coincidir con lo que las personas en realidad son, respetando de manera directa sus propios tiempos, sus identidades particulares y las etapas reales de su ciclo vital.