Congreso Nacional de Educación

Aprobar en todos sus términos las propuestas de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CESEU) Financiamiento 6+1 del PBI. Asistimos a un escenario en donde el presupuesto educativo no ha podido alcanzar el 6% del PBI recomendado por UNESCO para la Educación Pública, más 1 % para investigación e innovación. Eso ha implicado una traba para desarrollar plenamente el Sistema Nacional de Educación Pública. 

• Infraestructura. Construcción de nuevos edificios que sean acordes a la demanda. Realizar remodelaciones a los edificios existentes y que estén dotados de sistema de calefacción y refrigeración para las nuevas realidades climáticas. 
• Creación de cargos en todos los subsistemas que puedan atender las diferentes problemáticas que atraviesan las y los estudiantes. 
• Reducción del número de estudiantes por grupo para mejorar las condiciones de trabajo y aprendizaje. 
• Dotación de recursos materiales y didácticos que optimicen los aprendizajes de las y los estudiantes. 
• Mejorar las condiciones salariales tanto del personal docente como no docente. 
• Rechazamos las tercerizaciones de trabajadores de portería y auxiliares de servicio.

Ampliación de tiempo pedagógico en educación primaria, secundaria y Técnico profesional, adaptado a las realidades de cada subsistema. 

Todas estas propuestas deben estar acompañadas de otras políticas públicas que permitan asegurar las condiciones materiales mínimas de acceso a la vivienda, la salud física y mental, la alimentación; y la instalación y refuerzo de dispositivos de apoyo que contemplen la diversidad de trayectos y formaciones. Solo de esta manera se logrará que el tránsito entre instituciones y niveles educativos sea acompañado de manera adecuada, aún más teniendo en cuenta los efectos que la pandemia COVID ha causado, generando múltiples disrupciones educativas y sociales que han afectado desproporcionadamente a los sectores más pobres. 

Sin un presupuesto acorde a los desafíos actuales que atraviesa la educación en el Uruguay, no será posible revertir esta situación dramática.

Estamos asistiendo a una gran complejidad en torno a asuntos de convivencia en los centros educativos, se reiteran situaciones de violencia que afectan a estudiantes y docentes e involucran a familias y otros actores de la comunidad. Por otra parte se ve un incremento de los problemas de salud mental que también atraviesan las relaciones de convivencia. En este sentido proponemos las siguientes acciones: 

1. Establecer espacios permanentes para la resolución de conflictos y espacios de escucha. 
2. formación de los trabajadores docentes y no docentes de los centros educativos en temáticas de convivencia y salud mental (en horarios laborales pagos) 
3. Involucrar a estudiantes, sus referentes y comunidad en la solución de los conflictos. Pensar en los referentes pares como una posible fortaleza, tomando en cuenta experiencias exitosas ya llevadas adelante en ámbitos educativos u otros. 
4. Trabajar desde una pedagogía del vínculo, que solo se puede construir en espacios aptos para la disponibilidad afectiva. Por lo tanto gestionar el factor tiempo y las condiciones favorables de trabajo que permitan transitar con menos presión y menos prisa los espacios educativos. 

Por otra parte, entendemos que es importante no limitar la función educativa a las instituciones creadas para tal fin, sino considerar el rol de otros estamentos de la sociedad en el presente. No se puede esperar que la escuela y los espacios de educación no formal puedan moldear solos la subjetividad de los sujetos en aras de la convivencia democrática prescindiendo del rol que cumplen los medios de comunicación, las redes sociales, los ciudadanos con responsabilidades legislativas. 

En suma proponemos: Hacer un llamado a la responsabilidad colectiva, de todos los actores sociales. Escuela, espacios no formales de educación, medios de comunicación, legisladores.

Si bien la escuela primaria tiene un historial de atención a las dificultades de aprendizaje a través de formación específica de maestras y maestros o centros educativos especiales, la enseñanza media no. A su vez, el paradigma de las escuelas especiales ha sido cuestionado y actualmente se entiende que debe primar la integración de las personas con capacidades diferentes en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Entonces, ocurre que en nivel medio y superior la integración creciente de estudiantes con condiciones especiales está generando algunas dificultades, debido a que el sistema nos se ha reformulado para su debida atención. En este sentido, la inclusión muchas veces queda en el discurso y no se plasma en la práctica educativa cotidiana. 

Es por esto que proponemos que: Deben pensarse instalaciones adecuadas, especialización docente, recursos pedagógicos y grupos con un número óptimo de estudiantes para abarcar la diversidad, así como también espacios específicos (¿aulas especiales?) para brindar la atención específica a los estudiantes que así lo requieran asegurando su verdadero progreso. Recomendamos espacios de diálogo con las familias organizadas de los estudiantes con necesidades especiales

La Asamblea Territorial de Ciudad Vieja propone que el Sistema Nacional de Educación impulse, en articulación con organizaciones sociales, instituciones culturales, gobiernos departamentales y actores comunitarios, la creación de espacios permanentes de diálogo, debate y deliberación intergeneracional en todo el territorio del país.


Se entiende que la formación ciudadana democrática requiere desarrollar capacidades que exceden el uso instrumental de las tecnologías digitales. La experiencia educativa en la educación media básica y media superior muestra que los procesos de comprensión, argumentación, intercambio oral, lectura compartida y escritura reflexiva continúan siendo herramientas fundamentales para la construcción del pensamiento crítico.


Por ello, se propone promover instancias periódicas en las que estudiantes, familias, personas mayores, trabajadores, organizaciones sociales y actores comunitarios puedan identificar problemas colectivos, expresar y fundamentar puntos de vista, comparar perspectivas generacionales, elaborar síntesis comunes y reformular posiciones a partir del intercambio argumentado.


Visto: La necesidad de fortalecer la participación democrática, la autonomía y la representación de los distintos actores que integran el sistema educativo público uruguayo. 

Considerando: Que la Ley de Urgente Consideración (LUC) modificó la estructura de gobierno de la educación pública, suprimiendo los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico Profesional como órganos desconcentrados con integración específica. Que resulta necesario recuperar ámbitos de participación y representación vinculados directamente con cada nivel y modalidad educativa, fortaleciendo la voz de quienes forman parte de las comunidades educativas. Que una educación pública democrática requiere no solamente la participación docente, sino también la incorporación efectiva de las perspectivas de estudiantes, egresados y comunidades, en tanto actores fundamentales de los procesos educativos. 

La Asamblea Territorial de Ciudad Vieja propone: 

1. Promover la derogación de los artículos de la Ley de Urgente Consideración que suprimieron los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico Profesional*, restituyendo órganos de gobierno específicos para cada uno de estos ámbitos educativos. 
2. Impulsar una nueva integración de dichos Consejos, que contemple la representación de los distintos órdenes vinculados a la educación: docentes, estudiantes y egresados, incorporando asimismo mecanismos de participación y representación de las comunidades y territorios en los que se insertan las instituciones educativas. 
3. Fortalecer la participación democrática y plural en el gobierno de la educación pública, garantizando ámbitos institucionales donde las decisiones puedan recoger las perspectivas y necesidades de los diferentes actores y comunidades educativas. 
4. Solicitar que esta moción sea elevada a las instancias correspondientes, a efectos de promover el debate y las acciones necesarias para avanzar en una transformación de la estructura de gobierno de la educación que amplíe la participación y representación de sus actores.

Ante los avances tecnológicos del presente tales como la automatización, las plataformas, la inteligencia artificial, la digitalización, cadenas globales de producción y reorganizción permanente de las formas de empleo, entendemos que la educación debe brindar herramientas que permitan formar ciudadanos críticos capaces de cuestionar los aspectos negativos de estas formas de desarrollo tales como la precarización laboral, la dependencia tecnológica, la pérdida de soberanía, concentración corporativa del poder y los capitales, vigilancia y captura de datos entre otros. 

Por otra parte, tomando en cuenta la evidencia de cómo se produce la captura de atención y el descenso de las capacidades cognitivas complejas en las nuevas generaciones y sumando a ello los riesgos relativos a soberanía nacional y afectación del medio ambiente entendemos que es necesario actuar responsablemente. También el campo de la enseñanza se ve afectado por los avances tecnológicos como ser: estandarización pedagógica y nuevas formas de control sobre el trabajo docente. 

Por lo anterior:

1. Que la formación técnica integre lo manual, la académico y lo técnico en pos de formar ciudadanos con una mirada crítica sobre los efectos de la tecnología en el mundo del trabajo. 
2. Avanzar en una discusión profunda en torno a las posibilidades de regulación de la tecnología en el aula y en general.
3. Avanzar en la formación docente de nivel universitario concretando la instalación de la UNED con sus tres funciones enseñanza, investigación y extensión.