Acta N° 39/2026

Acta de resolución

01/10/2026

Asamblea Liceo n.° 25 - ADES | Montevideo

Fecha: 01/10/2026
Hora de inicio: 12:30
Hora de finalización: 14:30
Lugar de realización: Camino Maldonado 7927

Quórum: 33 personas

Elección de delegados/as: 1 titular y 1 alterno/a.
Mociones de resolución aprobadas
Cantidad: 15
N.º de moción Eje 1: La educación como derecho
1

Teniendo en cuenta: 

Que el derecho a la educación no puede garantizarse de manera efectiva si no se encuentran aseguradas las condiciones materiales y sociales necesarias para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 

Que las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social que atraviesan a parte de la población estudiantil tienen un impacto directo en las trayectorias educativas y requieren respuestas integrales por parte del Estado. 

Que, frente a estas situaciones, se observa una creciente asignación de tareas asistenciales a las y los docentes y al conjunto de trabajadores de la educación, quienes terminan asumiendo responsabilidades que exceden su función pedagógica. 

Que medidas como la distribución de viandas y otras formas de asistencia resultan necesarias para atender situaciones urgentes, pero no pueden constituirse en respuestas aisladas ni reemplazar políticas públicas integrales destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Que la falta de organización, planificación y recursos suficientes genera que los centros educativos y sus trabajadores deban responder cotidianamente a problemáticas sociales que requieren la intervención articulada de diferentes organismos e instituciones del Estado. 

Que estas situaciones profundizan las causas estructurales de las desigualdades que afectan las trayectorias educativas. 

Esta asamblea propone: 

Reafirmar que garantizar el derecho a la educación implica garantizar, previamente, las condiciones materiales y sociales necesarias para que niñas, niños y adolescentes puedan acceder, permanecer y desarrollar plenamente sus trayectorias educativas.
2 Reclamar al Estado la implementación de políticas públicas integrales que aborden las situaciones de pobreza y vulnerabilidad que atraviesan a estudiantes y sus familias, evitando que las instituciones educativas se conviertan en el principal ámbito de respuesta frente a estas problemáticas.
3 Exigir recursos, planificación y coordinación interinstitucional para garantizar la alimentación, la salud, la vivienda, los cuidados y demás derechos fundamentales.
4 Reivindicar el carácter pedagógico de la tarea docente, rechazando la naturalización de la sobrecarga de funciones asistenciales que no corresponden a su rol profesional.
5 Garantizar políticas de alimentación suficientes y sostenidas, entendiendo que las viandas y demás medidas de asistencia deben formar parte de una política integral y planificada, y no constituir respuestas coyunturales frente a situaciones de emergencia.
6 Promover espacios de coordinación entre educación, salud, desarrollo social y demás organismos competentes, con el objetivo de construir respuestas integrales que permitan atender las situaciones de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad a los centros educativos y sus trabajadores.
7 Exigir políticas de largo plazo destinadas a reducir y revertir las situaciones de pobreza que afectan a niñas, niños y adolescentes, abordando las causas estructurales de la desigualdad y no únicamente sus consecuencias inmediatas.
8 Defender una educación pública que garantice derechos, entendiendo que los centros educativos y sus trabajadores no pueden ser utilizados como sustitutos de políticas sociales integrales, sino que deben contar con las condiciones necesarias para desarrollar plenamente su función educativa.
9 Defender y profundizar la autonomía de la educación pública, como principio indispensable para garantizar una política educativa democrática, independiente y construida desde las necesidades del sistema educativo y de la sociedad.
10 Reivindicar el cogobierno y la participación democrática de los distintos actores de la educación en los ámbitos de definición y toma de decisiones, fortaleciendo los mecanismos de participación de docentes, estudiantes, familias y demás integrantes de la comunidad educativa.
11 Reclamar una asignación presupuestal equivalente al 6% del PBI para la educación pública, más un 1% adicional destinado a investigación, ciencia, tecnología e innovación, como inversión imprescindible para el desarrollo educativo, científico y social del país.
12 Reclamar un 1% adicional del PBI destinado específicamente al combate de la pobreza infantil, mediante políticas públicas integrales que garanticen alimentación, vivienda, salud, cuidados, protección social y demás condiciones materiales necesarias para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
13 Exigir que el aumento del financiamiento educativo se traduzca en políticas concretas, orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y estudio, fortalecer los centros educativos, ampliar los recursos y garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de todas y todos los estudiantes.
14 Promover una política de Estado que articule educación y protección social, evitando que los centros educativos y sus trabajadores deban asumir de manera aislada responsabilidades que corresponden al conjunto de las políticas públicas.
15 Defender una educación pública autónoma, cogobernada y adecuadamente financiada, como condición necesaria para garantizar el derecho a la educación y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y democrática.