Acta N° 96/2026

Acta de resolución

20/10/2026

Asamblea Vertiente Artiguista - Frente Amplio | Montevideo

Fecha: 20/10/2026
Hora de inicio: 18:00
Hora de finalización: 20:00
Lugar de realización: San José 1191

Quórum: 26 personas

Elección de delegados/as: 1 titular y 1 alterno/a.
Mociones de resolución aprobadas
Cantidad: 5
N.º de moción Eje 1: La educación como derecho
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Propuesta de sustitución del ítem 1- Educación como derecho, por lo siguiente Prof. Oscar Destouet La educación es un derecho humano reconocido por el Estado sin distingo de edad, género, origen étnico, opción religiosa o situación socio económica. Está consagrado en la Constitución, y al amparado de diversas normativas internacionales firmadas por nuestro país. Nació de largas luchas populares, su cumplimiento es una obligación de Estado. Para el Mtro. Julio Castro es una práctica social indispensable para la dignidad y la transformación de la realidad. Para el Mtro. Director José Pedro Martínez Matonte, desde su experiencia en la Escuela 157 de Villa García, el ejerció del derecho a la educación es una práctica comunitaria, horizontal y emancipadora, donde fue posible integrar de manera activa familias y vecinos del barrio con docentes y estudiantes. 

El art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) expresa: “Toda persona tiene derecho a la educación”. Este derecho se ubica en la categoría de derechos económicos, sociales y culturales reconocidos por el Estado uruguayo y recogido en el orden constitucional y leyes vigentes. Define en el propio artículo que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la Paz”. 

El Estado es quien debe reconocer derechos y asegurar su implementación a toda la población, sin exclusión alguna, implementando estratégicas pedagógicas particularizadas, incluida una infraestructura y servicios acorde, para atender sectores que así lo requieran. “Es deber del Estado, sostuvo Luis Pérez Aguirre (SJ), elaborar y ejecutar políticas de afirmación positiva orientadas a garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de los grupos sociales y culturalmente discriminados”. 

El protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reafirma (1888), en su artículo 13 inc. 1 “Toda persona tiene derecho a la educación” y en su inc. 2 (…) “la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Asimismo, la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos sociales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz”. 

En el 2001 la Declaración México sobre Educación en DD. HH en América Latina y el Caribe estableció: “Es preciso que los Estados atiendan las necesidades educativas especiales y procuren los medios para lograr la inclusión de todas las personas en el sistema escolar”. 

Consolidar el rol del Estado como garante del derecho a la educación significa que los y las habitantes del país tendrán derecho a una educación integral, emancipadora, humanizadora, que promueva el desarrollo de personas libres, autónomas, solidarias, críticas y creativas. Se debe dar el estricto cumplimiento a los principios básicos de la educación: su carácter público, autónomo y cogobernado (no subordinada al Poder Ejecutivo). Se debe garantizar la participación docente en el diseño de políticas, planes y programas en todos los niveles del sistema en consulta con los demás sujetos de la comunidad educativa. A su vez, se hace necesario fortalecer la coordinación de los distintos componentes del Sistema Nacional de la Educación Pública. Educar hoy significa enseñar a aprender y a adaptarse a situaciones cambiantes (educación permanente); a relacionarse con otros y otras, y ser plenamente feliz y solidario; a comprender el mundo y analizar las mejores formas de cambiarlo para mejor. Nuestra convicción con estos principios guía nuestra acción y gestión educativa.

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Propuestas para el eje:

  • Garantizar una educación pública estatal, gratuita, laica, accesible y de calidad en todo el territorio.}Ampliar progresivamente el tiempo pedagógico con propuestas integrales y recursos suficientes.
  • Aprovechar los cambios demográficos para reducir la cantidad de estudiantes por grupo, ampliar apoyos y mejorar los aprendizajes, sin transformar la menor matrícula en recorte presupuestal.
  • Universalizar gradualmente la atención y educación pública de calidad en primera infancia, articulando educación, salud y cuidados. 
  • Conformar equipos estables de psicología, trabajo social, educación social, salud mental y apoyos especializados, respetando las competencias profesionales. 
  • Fortalecer la educación ambiental y la defensa de los bienes comunes desde una perspectiva de soberanía y justicia social. 
  • Incorporar la educación popular, el cooperativismo y la economía social y solidaria como dimensiones de formación para la vida colectiva.
  • Revisar currículos y evaluaciones para asegurar conocimientos comunes, accesibilidad y altas expectativas para todas y todos.
N.º de moción Eje 2: Educación y participación
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Propuestas para el eje:

  • Restablecer la convocatoria obligatoria del Congreso Nacional de Educación y crear un sistema público de seguimiento de sus acuerdos.
  • Recuperar órganos colegiados de conducción en DGEIP, DGES y DGETP con representación docente electa. • Preservar y fortalecer la representación electa en el CODICEN y la participación en el Consejo de Formación en Educación durante la transición hacia la UNED. 
  • Dotar de capacidad real de incidencia a los Consejos de Participación, las ATD y las organizaciones estudiantiles y sindicales. 
  • Crear planes territoriales de educación elaborados con instituciones públicas y organizaciones comunitarias. • Abrir y fortalecer el uso comunitario de infraestructuras educativas, culturales y deportivas con recursos y responsabilidades definidas. En síntesis: la participación debe ser entendida como la capacidad real de incidir y no solamente como consulta.
N.º de moción Eje 3: Trayectorias educativas a lo largo y ancho de la vida
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Propuestas para el eje:

  • Construir un sistema público e interinstitucional de acompañamiento de trayectorias con presencia territorial.
  • Ampliar becas, tutorías, alimentación, transporte, residencias y apoyos para quienes trabajan o cuidan. 
  • Acordar mecanismos de reconocimiento de aprendizajes y movilidad entre instituciones y modalidades. 
  • Aprovechar los cambios demográficos para mejorar la relación educativa y no para reducir la inversión.
  • Cumplir y monitorear las medidas educativas de la Ley Integral para Personas Trans.
  • Aprobar la Universidad Nacional de la Educación con autonomía, cogobierno y funciones universitarias completas.
  • Garantizar formación continua, situada y colectiva dentro de la jornada laboral.
  • Mejorar salarios, estabilidad, salud laboral y tiempo de coordinación para todos los trabajadores de la educación.
N.º de moción Eje 4: Virtualidad e IA: oportunidades y obstáculos
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Propuestas para el eje:

  • Aprobar un marco nacional para el uso de inteligencia artificial en educación con participación docente, estudiantil, académica y social. 
  • Definir usos permitidos, condicionados y prohibidos, con supervisión humana y mecanismos de reclamo.
  • Prohibir el uso de la inteligencia artificial como sustituto de atención en salud mental o de acompañamiento humano de trayectorias.
  • Establecer normas para datos educativos, privacidad, seguridad, transparencia y contratación de plataformas.
  • Formar a docentes y equipos de gestión en aspectos pedagógicos, éticos, jurídicos y técnicos dentro de la jornada laboral. 
  • Revisar las evaluaciones para proteger el aprendizaje como proceso y exigir declaración transparente del uso de herramientas. 
  • Incorporar ciudadanía digital crítica, convivencia en redes y comprensión de los modelos de negocio de las plataformas.
  • Preservar la presencialidad como base de la formación y utilizar la virtualidad cuando amplíe derechos y mejore la propuesta pedagógica.
  • Aplicar criterios ambientales y de soberanía en la compra, mantenimiento, reparación y descarte de tecnologías.