Congreso Nacional de Educación

Partimos de la filosofía que la educación pública debe cimentarse en los valores de la democracia, el pensamiento crítico, la transformación social, la organización colectiva y la defensa del bien común. Concebir la educación desde una perspectiva emancipadora implica formar ciudadanos con autonomía y capacidad de apropiación crítica, responsable y creativa de los saberes.

La política educativa nacional debe responder a un proyecto de país de largo aliento e incardinarse en el marco de los derechos humanos. Por ello, el diseño y la orientación de la enseñanza no pueden estar supeditados a las exigencias ni a los principios del mercado, ni regirse por los vaivenes de la política partidaria. Si bien las instituciones tienen la responsabilidad de brindar a los educandos herramientas sólidas para su inserción y desempeño en el mundo del trabajo, la educación no debe reducirse a responder a la lógica mercantil ni a metas puramente cuantitativas impuestas por organismos multilaterales.

La verdadera participación en el ámbito educativo no se limita únicamente a ser escuchados; exige la capacidad real de incidencia en las decisiones y en las orientaciones institucionales. Para que tanto educandos como educadores se constituyan en verdaderos sujetos del proceso educativo, las instituciones deben ofrecer espacios cuidados, tiempos explícitamente dedicados al encuentro pedagógico.

En cuanto a los lineamientos estratégicos e Institucionales para materializar una educación inclusiva y democrática que enfrente de manera decidida desafíos estructurales como la desvinculación en la educación media y el ausentismo, fenómenos que aún dan cuenta de una problemática que se ha vuelto crónica, se pueden establecer los siguientes lineamientos a modo de propuesta:

Operatividad y pleno funcionamiento de los mecanismos de participación existentes antes de crear nuevas estructuras o superponer instancias normativas, es prioritario hacer funcionar y fortalecer plenamente los mecanismos institucionales de participación ya previstos en el marco legal, garantizando su efectiva constitución y funcionamiento periódico en cada centro de educación pública. Estos ámbitos deben asegurar la voz y la capacidad de propuesta real de estudiantes, docentes, funcionarios no docentes, familias y representantes de la comunidad.

Asambleas Técnico-Docentes (ATD). Es indispensable restituir y valorar la voz de las ATD y de los sindicatos de la educación como el pilar técnico-profesional clave para el diseño y orientación de la propuesta pedagógica nacional, para recuperar el camino perdido en los últimos cinco años, por las políticas de conducción unilateral, vertical de las autoridades de la educación.

En cuanto a la participación estudiantil, se deben potenciar y respetar las formas de organización estudiantil, tales como los gremios en educación media, las experiencias deliberativas y los espacios orgánicos de cogobierno, garantizando su peso reflexivo en la vida cotidiana de los centros.

Este Congreso Nacional de Educación, se debe concebir como el espacio máximo de deliberación, síntesis y generación de acuerdos sociales sobre las líneas primordiales de la política educativa nacional y por tanto, aunque no posee carácter vinculante, que se atiendan sus resoluciones no solo para legitimar acciones políticas sino que se reflejen en los papeles y los hechos, las deliberaciones de los actores del sistema educativo.

La Educación Formal (ANEP)debe concebirse como pilar del sistema ya que constituye el núcleo del sistema educativo. Su función pedagógica específica, sus contenidos y sus procesos de evaluación no deben diluirse ni desvirtuarse por asumir roles de otras dependencias estatales, ni mediante la simplificación de estándares de pasaje de grado.

Entendemos válida la articulación y complementariedad de la educación formal, en cumplimiento del Art. 37 de la Ley General de Educación, la articulación entre la educación formal y las propuestas no formales (como clubes de niños, centros juveniles, CAIF y programas territoriales del MEC, MIDES e INAU) pero que debe darse desde la complementariedad, y no como funciona actualmente en paralelo y sin mecanismos efectivos y evaluables de funcionamiento. La educación no formal y comunitaria enriquece el tejido social y fortalece las redes de sostén, pero no sustituye ni reemplaza la responsabilidad de los centros de educación formal en el cumplimiento de sus metas curriculares y pedagógicas.

Esta comisión abocada a la discusión del eje 2 concluye que, para avanzar hacia la autonomía y el cogobierno en todos los niveles educativos, se debe centrar el esfuerzo en dotar de sentido y vitalidad a sus propios canales democráticos. La construcción de una política educativa emancipadora pasa por la coordinación interinstitucional articulada en el territorio, el respeto irrestricto por el rol profesional docente y el pleno ejercicio del derecho a participar de todos sus actores, lo cual no se logra si no se concibe a la Instancia Congreso Nacional de Educación, desde una política de Estado ajena a los vaivenes de los cambios de gobierno o de las predominancia de políticas de accionar inconsulto y arbitrarias, que alejadas de las necesidades sociales conciben a la educación como uno más, de los gastos que son necesarios recortar para que funcione un modelo neoliberal excluyente y que disfraza de meritocracia, la reproducción de la desigualdad.

Sobre formación continua a docentes. En el interior faltan propuestas de cursos de posgrado y especializaciones; así como faltan becas para estudiar en propuestas aranceladas. Las y los docentes de todo el país deben poder acceder en igualdad de condiciones a cursos que solo se ofrecen en la capital u área metropolitana.

La ANEP debe tender a una política de sistematización de la formación continua para todos sus docentes. Una forma de alentar a la formación continua es no afectando la actividad computada del docente.

Alfabetización digital como contenido curricular obligatorio.

La alfabetización digital debe ser parte de la currícula desde los primeros niveles, con horas específicas de informática y con integración transversal en otras áreas. No se trata de "usar computadoras", sino de formar en:

• Ciudadanía digital: privacidad, huella digital, ética en entornos virtuales, identificación de desinformación.
• Pensamiento computacional: lógica algorítmica, descomposición de problemas, modelado.
• Alfabetización en datos: lectura crítica de datos, visualización, interpretación de estadísticas.

La enseñanza de la informática debe tener carga horaria real y docentes formados para ello. No puede depender de la buena voluntad individual ni de plataformas comerciales que ofrecen "cursos gratuitos" a cambio de datos de menores.

Una pedagogía de la IA que enseñe a interrogarla.

La IA puede ser aliada si está subordinada a fines pedagógicos democráticos. Si no, refuerza dependencia, desigualdad y modernización subordinada. El enfoque no debe ser "enseñar a usar IA", sino enseñar a interrogarla. Esto implica:

• Comprender cómo funciona: datos de entrenamiento, sesgos, lógica de predicción.
• Identificar sus límites: cuándo falla, cuándo inventa, cuándo reproduce desigualdades.
• Cuestionar sus fines: ¿quién se beneficia? ¿qué modelo de sociedad promueve?
• Usarla con criterio: como herramienta al servicio de preguntas propias, no como sustituto del pensamiento.

Una pedagogía de la IA exige formación docente específica, materiales curriculares críticos y una política pública que garantice soberanía tecnológica, equidad, sostenibilidad y cuidado. Sin esas condiciones, la IA en el aula es una nueva forma de dependencia.

Protección de datos y derechos digitales en la escuela.

No existe educación real en protección de datos. Los estudiantes no saben qué se hace con su información, ni cómo protegerla, ni qué derechos tienen. Esto debe ser contenido obligatorio:

• Qué son los datos personales y cómo se comercializan.
• Cómo funciona la economía de la atención y el modelo de plataformas.
• Cómo ejercer derechos digitales básicos.
• Cómo cuidarse y cuidar a otros en entornos digitales.

La protección de datos no es un tema técnico: es un tema de ciudadanía y de derechos. Debe enseñarse como tal.

Regulación del celular con criterio educativo, no prohibitivo.

La solución no es prohibir el celular. La solución es regular su uso con sentido pedagógico y formar para su gestión autónoma. Criterios propuestos:

En momentos no lectivos, uso permitido como parte de la socialización.

• En clase, el docente decide según necesidad pedagógica, con criterios claros.
• La gestión del propio uso del dispositivo es contenido de alfabetización digital, no objeto de vigilancia externa.
• La regulación se construye con participación docente, estudiantil y familiar.

Prohibir sin educar es abandonar la responsabilidad formativa. Regular con criterio es asumirla.

Revisión del formato de trabajo docente y políticas de Estado reales.

No se puede exigir alfabetización digital sin formación docente adecuada. La formación no puede ser un taller ocasional ni un curso autoasistido en plataforma. Debe ser:

• Parte de la formación inicial docente.
• Formación continua sistemática, con tiempo remunerado y reconocimiento.
• Enfocada en la pedagogía de lo digital, no solo en el manejo de herramientas.

Y todo esto requiere políticas de Estado de hechos, no de enunciados. Es decir: presupuesto asignado, responsabilidades claras, evaluación de implementación, continuidad más allá de los cambios de gobierno. Si no está en el CFE con resolución y financiamiento, no es política de Estado: es declaración de intenciones.

Retraso en la entrega del primer dispositivo como estrategia preventiva.

La regulación educativa por sí sola no protege a quienes aún no tienen capacidad de autorregulación. La evidencia pediátrica y epidemiológica respalda una medida complementaria: postergar la entrega del primer smartphone personal hasta los 13 años como mínimo.