Congreso Nacional de Educación

En el marco del Cuarto Congreso Nacional de Educación, se desarrolló una asamblea territorial en la Unidad 24 del PNEC-INR, en la que se trabajó en dos grupos y se intercambiaron reflexiones acerca del ejercicio del derecho a la educación, las dificultades que atraviesan las trayectorias educativas y las condiciones necesarias para garantizar una educación de calidad, inclusiva y con igualdad de oportunidades. 

A partir de los aportes realizados, se identificaron las siguientes problemáticas y propuestas: 

Derecho a la educación y desigualdad territorial 

1. Se señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en territorio, a efectos de garantizar que el derecho a la educación sea efectivamente respetado. Una de las principales dificultades identificadas es la desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas según el territorio. En particular, se destacó que en el interior del país la oferta de continuidad educativa, especialmente en el nivel terciario, resulta limitada. Para muchas personas privadas de libertad, acceder a estos estudios supone trasladarse y alejarse de sus familias, una alternativa que no siempre resulta viable. Asimismo, se observa una importante concentración de propuestas y recursos en Montevideo y en las unidades de mayor dimensión, lo que genera condiciones desiguales entre establecimientos. Se plantea la necesidad de avanzar hacia una mayor descentralización de los recursos y las oportunidades educativas, culturales y formativas, tanto durante la privación de libertad como en los procesos de preparación para el egreso.

Condiciones para el desarrollo de las propuestas educativas 

2. Se identificaron carencias de recursos humanos y materiales que dificultan el desarrollo de las actividades educativas en contextos de encierro. Entre ellas se mencionaron la falta de personal operativo, las dificultades de conectividad, la escasez de dispositivos tecnológicos y la insuficiencia de espacios adecuados para la enseñanza. Frente a estas dificultades, se propone incrementar el presupuesto destinado a la educación en contextos de privación de libertad, fortalecer los equipos de trabajo, garantizar el acceso a internet y a herramientas tecnológicas, y disponer de aulas específicamente destinadas a las actividades educativas, diferenciadas de las áreas comunes de esparcimiento. También se señaló la necesidad de regularizar y transparentar los acuerdos entre las instituciones educativas y el INR, particularmente aquellos vinculados a los mecanismos de redención de pena por estudio y trabajo. Se considera fundamental que las personas privadas de libertad conozcan con claridad los criterios, las condiciones y los descuentos de pena que les corresponden por las actividades educativas y laborales que realizan. En la misma línea, se planteó la importancia de garantizar el acceso a información clara sobre el reglamento de cada unidad y las normas que organizan la vida cotidiana.

Educación, formación para el trabajo e inclusión social

3. Se destacó la importancia de ampliar y diversificar la oferta educativa en contextos de encierro, incorporando propuestas de formación práctica y capacitación en oficios que respondan a las posibilidades reales de inserción laboral. Entre las propuestas concretas se mencionaron cursos de peluquería, soldadura, carpintería, plomería y electricidad, entre otros. Asimismo, se planteó la necesidad de generar convenios con empresas y otros actores del sector productivo que favorezcan oportunidades laborales para las personas privadas de libertad, tanto durante los procesos de preparación para el egreso como después de recuperar la libertad. Se propuso también implementar talleres de orientación e inserción laboral que brinden herramientas para la elaboración de currículum, la preparación para entrevistas y la búsqueda de empleo. Un aspecto considerado fundamental es que los saberes y competencias adquiridos durante los procesos de formación cuenten con certificaciones que los acrediten formalmente y puedan ser reconocidos por potenciales empleadores. En términos generales, se reivindica una formación que no se limite a la adquisición de conocimientos o habilidades, sino que contribuya a generar mejores condiciones para la construcción de proyectos de vida y la integración social. Se observa y reclama la presencia de DINALI (Dirección Nacional del liberado) en el departamento de Soriano, para contribuir a la reinserción social, laboral y cultural tras el egreso del sistema penitenciario (bolsa de empleo, capacitación, trámites, asesoría legal, asistencia habitacional y social, etc.) 

Calidad educativa, evaluación y continuidad de las trayectorias

4. Durante el intercambio surgió también una preocupación general por la calidad de la educación media, particularmente en relación con las condiciones de promoción y acreditación de los aprendizajes de los estudiantes adolescentes que asisten a instituciones educativas comunes, como liceos y UTU. Se cuestionó el creciente número de inasistencias y la escasa incidencia que estas parecen tener en los procesos de promoción y egreso. También se manifestó preocupación por modalidades de acreditación y recuperación que, según la percepción de los participantes, permiten avanzar de año sin que necesariamente se hayan alcanzado los aprendizajes esperados. En este sentido, se expresó una crítica a la progresiva disminución de los niveles de exigencia y a las condiciones actuales de enseñanza y evaluación, entendiendo que la flexibilización de los criterios de promoción, cuando no está acompañada de aprendizajes efectivos, termina debilitando la calidad educativa. Frente a esta situación, se plantea la necesidad de revisar no solamente los planes y programas, sino también las pautas y los criterios de evaluación, jerarquizando los aprendizajes, el compromiso con los procesos educativos y la exigencia académica. Se reivindica una educación de calidad que garantice oportunidades reales de aprendizaje y que no reduzca la promoción y la acreditación a procedimientos meramente formales. En este sentido se observan las debilidades de los planes actualmente vigente en contexto de encierro que no son planes específicos y que funcionan con muchas menos horas de lo que corresponde y agrupando niveles (referencia Plan 93 CB y Plan 94 Bach.) Consideraciones finales Los aportes de la asamblea ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una política educativa que garantice el derecho a la educación en condiciones de igualdad, independientemente del territorio y de la situación de privación de libertad de las personas. Se reivindica una educación que no se limite a ofrecer actividades o propuestas puntuales, sino que posibilite verdaderas trayectorias educativas, reconozca los saberes, promueva nuevos aprendizajes y contribuya a generar mejores condiciones para la participación social y la construcción de proyectos de vida. Garantizar el derecho a la educación implica, en definitiva, asegurar recursos, oportunidades, continuidad y calidad, tanto dentro de los establecimientos de privación de libertad como en el conjunto del sistema educativo.