Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo

La Defensoría tiene entre sus cometidos velar por los derechos humanos de todas las personas habitantes de Montevideo y entiende pertinente dar seguimiento cotidiano a la temática, así como elaborar recomendaciones y sugerencias en el marco de sus potestades. La situación de las personas sin hogar afecta a toda la comunidad Montevideana, en todos los Municipios, circunstancias intolerables de vulneración de derechos fundamentales que viven de forma cotidiana miles de personas que pernoctan en la intemperie o forman parte de un sistema de dispositivos que no logran dar solución integral a dicha situación.

La movilización constituye un espacio de expresión pública y de reivindicación en defensa de los derechos de miles de personas que no cuentan con un techo donde vivir, enfrentan dificultades para acceder a la salud, especialmente a la salud mental, y encuentran múltiples barreras para acceder a oportunidades laborales.

A través de su participación activa en diversos espacios, la Defensoría impulsa la coordinación y el seguimiento necesarios para abordar esta problemática con un enfoque integral, promoviendo la responsabilidad de las diferentes instituciones responsables de garantizar derechos.

Además de participar del Consejo Consultivo de Calle, se ha acompañado de forma cercana al colectivo NITEP, y a otras articulaciones, como Entramados. En el año 2024 se presentó un informe ante la Comisión de Desarrollo Social de la Junta Departamental de Montevideo, con el objetivo de alertar sobre el crecimiento sostenido del número de personas en situación de calle. Las proyecciones realizadas en aquel momento fueron, incluso, superadas por la realidad.

Los informes institucionales reúnen documentos específicos sobre la situación de las personas en calle y las distintas vulneraciones de derechos que atraviesan las personas sin hogar. En este marco, se han generado espacios de atención y escucha para recibir sus reclamos frente al Estado y acompañar situaciones de vulneración de derechos. Asimismo, se solicitó una instancia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, con el objetivo de profundizar en la preocupación por los servicios públicos brindados a esta población y su impacto en la convivencia en todos los barrios de Montevideo.

Uno de los lemas de este año, "No más refugios, sobran casas vacías", pone sobre la mesa una contradicción que requiere ser abordada. Desde hace años la Defensoría trabaja sobre la problemática de las fincas abandonadas y los vacíos urbanos, participando en estudios, propuestas normativas y proyectos académicos vinculados a planificación territorial. El contraste entre el crecimiento del número de personas sin hogar y la existencia de viviendas vacías y terrenos baldíos plantea un debate social ineludible para Montevideo.

Entendemos: 

• Es imperioso alcanzar un consenso general sobre la problemática, sus causas directas e indirectas y el impacto que vivir sin techo tiene sobre la vida de las personas, especialmente en lo que refiere a salud, trabajo y educación, así como en la pérdida y debilitamiento de las redes sociales.
• Es fundamental avanzar hacia la consolidación de políticas públicas integrales, que aborden la temática como un problema de vulneración permanente de los derechos de las personas. Esto implica reconocer que, hasta el momento, ninguna de las estrategias implementadas ha logrado ofrecer una respuesta integral y sostenida.
• Las políticas dirigidas a las personas sin hogar deben contemplar el seguimiento y acompañamiento de cada caso, atendiendo las particularidades y necesidades de cada persona y evitando respuestas fragmentadas.
• Las acciones que implican trasladar o desplazar a las personas de un punto a otro no constituyen una solución y contribuyen a profundizar el estigma y las situaciones de vulneración de derechos.
• Las respuestas desde las políticas públicas deben garantizar servicios de calidad, lo que supone, entre otras condiciones, asegurar la calidad y estabilidad del trabajo, salarios adecuados, mejores condiciones de infraestructura y servicios conexos.
• Es fundamental desarrollar herramientas de monitoreo y seguimiento de los servicios brindados. En este sentido, resulta necesario avanzar en una articulación que permita implementar un sistema de monitoreo independiente, financiado por el Estado, que sea anónimo y cuente con garantías para las personas que realicen reclamos, de modo de asegurar que puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias.