Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo

La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo viene desarrollando una línea de trabajo vinculada a la movilidad urbana y al fortalecimiento de los derechos asociados al transporte público colectivo, entendiendo que este constituye un servicio esencial y un derecho habilitante para el acceso y ejercicio pleno de otros derechos, como el derecho a la ciudad, la accesibilidad, la inclusión social, entre otros.  

En este marco, se participó de la Comisión de Movilidad en la Junta Departamental de Montevideo, donde la Defensoría presentó su trabajo. 

Asimismo, se elaboró una propuesta orientada a promover un sistema de transporte más seguro, eficiente, inclusivo y de calidad, basada en el análisis comparativo de buenas prácticas internacionales, la normativa vigente en Uruguay y los aportes realizados por personas usuarias del sistema. 

Como parte de este proceso, el 5 de febrero de 2026 la Defensoría de las Vecinas y Vecinos de Montevideo, junto a la Coordinadora de Usuarias y Usuarios del Transporte Público, impulsó una Consulta Pública sobre el Transporte Público de Montevideo, con el objetivo de recoger aportes ciudadanos orientados a la mejora del sistema. La convocatoria, abierta hasta el 4 de mayo de 2026, estuvo dirigida a todas las personas usuarias del transporte público de la ciudad, promoviendo la participación a partir de las experiencias cotidianas de movilidad.

La consulta recibió un total de 504 respuestas de la ciudadanía, reflejando el interés y la preocupación existente en torno al funcionamiento y futuro del sistema de transporte público. En el marco del Seminario de Derechos en el Territorio se presentó un primer acercamiento a los resultados obtenidos, como parte de las instancias de reflexión y debate sobre participación ciudadana y políticas públicas. Actualmente, los aportes continúan siendo analizados y sistematizados, a modo de conclusiones, en un documento que será presentado ante el Consejo Consultivo de Transporte Público Urbano. La iniciativa reafirma la importancia de la participación ciudadana como herramienta fundamental para fortalecer la gestión y la mejora continua del servicio. 

Asimismo, el pasado 23 de abril se desarrolló una mesa de diálogo sobre la reforma del transporte metropolitano, realizada en Espacio Colabora, que reunió a autoridades nacionales y departamentales, equipos técnicos, organizaciones y personas usuarias. La instancia permitió intercambiar visiones sobre las transformaciones proyectadas para el sistema de movilidad metropolitana, identificando tanto consensos sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo más eficiente e integrado, como preocupaciones vinculadas a la participación ciudadana, la equidad territorial, la accesibilidad y las prioridades de inversión. 

Entre los principales planteos surgidos durante el intercambio, se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de información y consulta pública, garantizar una planificación verdaderamente metropolitana y contemplar las necesidades de los distintos territorios y poblaciones usuarias. También se subrayó la necesidad de asegurar condiciones adecuadas de accesibilidad, convivencia y calidad del servicio, especialmente para personas mayores y sectores con mayores dificultades de movilidad. 

La iniciativa impulsada por la Defensoría busca consolidar un modelo de movilidad donde cada uno de los actores involucrados, usuarios y usuarias, trabajadores y trabajadoras, empresas operadoras y autoridades departamentales, conozca claramente sus responsabilidades y pueda ejercer y exigir sus derechos, fomentando una cultura de respeto mutuo, convivencia y mejora continua del servicio. 

La propuesta incorpora un enfoque integral de derechos y responsabilidades compartidas. 

En relación con los derechos de las personas usuarias, se destaca la necesidad de garantizar información clara y accesible sobre rutas, horarios, tarifas y estado del servicio; condiciones adecuadas de calidad y seguridad; accesibilidad universal; no discriminación en el acceso; mecanismos eficaces de reclamo y respuesta; compensaciones ante fallas del servicio; cumplimiento de frecuencias y salidas programadas; así como la participación ciudadana en procesos de modificación de líneas y modos de transporte. 

Asimismo, se promueve la difusión de las obligaciones de las personas usuarias, vinculadas al pago de la tarifa correspondiente, el respeto hacia otras personas pasajeras y trabajadores, el cuidado de las unidades, el uso adecuado de los espacios comunes y el cumplimiento de normas básicas de convivencia dentro del transporte público. 

En cuanto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores del transporte, se plantea la importancia de asegurar condiciones laborales adecuadas, remuneración justa, seguridad laboral, capacitación continua y libertad sindical. Del mismo modo, se enfatizan sus obligaciones en relación con el trato respetuoso hacia las personas usuarias, la conducción segura, la prohibición del uso del celular durante la conducción, el mantenimiento de las condiciones del vehículo, la correcta información al público y el adecuado acercamiento a cordón en las paradas.

 Respecto a las empresas operadoras, la propuesta reconoce su derecho a la sostenibilidad económica, la seguridad jurídica y la participación en los procesos de decisión vinculados al sistema. A su vez, se subraya su responsabilidad de garantizar la continuidad y regularidad del servicio, mantener las unidades en condiciones adecuadas, brindar información clara, atender reclamos y cumplir con todas las obligaciones laborales correspondientes. 

En relación con la autoridad departamental, se reafirma su rol de regulación, fiscalización y control del sistema de transporte, así como su potestad sancionatoria. Asimismo, se destaca la obligación de planificar el sistema de movilidad, garantizar los derechos de las personas usuarias, promover la transparencia y asegurar instancias de participación efectiva de todos los actores involucrados, incluyendo procesos previos a licitaciones o cambios relevantes en el servicio.

 Como parte de esta línea de trabajo, la Defensoría propone impulsar una serie de asambleas territoriales en los Municipios F, D, A y G, con el objetivo de generar espacios de intercambio, participación y construcción colectiva sobre movilidad y transporte público. Estas instancias buscarán promover la discusión pública sobre los derechos y obligaciones de los distintos actores del sistema, recoger aportes de vecinas y vecinos e identificar problemáticas y propuestas específicas de cada territorio. 

La Defensoría entiende que avanzar hacia un sistema de movilidad más humano, accesible, eficiente y territorialmente equilibrado requiere fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, profundizar la coordinación institucional y promover una perspectiva centrada en los derechos, la convivencia y la corresponsabilidad social.