Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado

Retos de la Migración en Latinoamérica

Técnicas

• INTRODUCCIÓN

Las migraciones se han dado en la historia de la humanidad por diferentes factores, predominando claramente la búsqueda de mejores posibilidades para desarrollar una vida mejor. En el caso de Uruguay, su composición poblacional se identifica con grandes contingentes de personas inmigrantes provenientes de España e Italia, a las que se han sumado otras nacionalidades en menor proporción. Asimismo, es prácticamente inexistente el aporte de pobladores nativos a su estructura social.
En las últimas décadas se destaca que las mayores migraciones en nuestra región latinoamericana se han producido por la existencia de graves problemas en los países de origen, ya sea de índole económico como principalmente a consecuencia de situaciones políticas adversas. Esto lleva a que muchos migrantes transiten o lleguen a su destino en condiciones de padecimiento de alguna o varias vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por oportunistas o por delincuentes organizados. Dentro de esos riesgos se encuentra la posibilidad de ser sometidos a la “trata de personas” y/o al “tráfico de personas”.

• MARCO CONCEPTUAL

Trata de personas
La “trata de personas” es un delito internacional de lesa humanidad, que sumerge a las víctimas y sus familias en un estado de extrema vulnerabilidad. Es un fenómeno complejo, cmulticausal y multidimensional, altamente lucrativo. 
Este tipo de delitos afectaría entre 600.000 a 4 millones de personas por año y representaría el giro de unos 12 mil millones de dólares anuales, siendo el tercer delito más lucrativo después del narcotráfico y el tráfico de armas . 
A nivel internacional el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, complementario de la Convención sobre Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante protocolo de Palermo ), adoptado por las Naciones Unidas en Italia en 2000 ,  define el delito de trata de personas.
En su ejecución se consideran varias etapas: ofrecimiento, captación, transporte, traslado, acogida y recepción. La finalidad del delito siempre es la explotación: sexual  o laboral .
Los medios de comisión del delito son diversos: engaño, fraude, violencia, amenaza, abuso de autoridad, intimidación o coerción. También se considera la situación de vulnerabilidad que es una condición que sufre la víctima, que procede de diversos factores, por ejemplo: sociales, sanitarios, económicos, culturales, entre otros.
 La trata de personas puede darse tanto a nivel interno, si la captación, el traslado y la explotación de la persona ocurren dentro de las fronteras del país; o a nivel internacional, si la captación se da en el país de origen o residencia de la víctima, realizándose un desplazamiento hacia otro país donde tiene lugar la explotación, y es en este último caso, donde se puede vincular con el delito de tráfico de personas.
Tráfico de personas
Según el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el “tráfico ilícito de migrantes” se define como: “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.
El tráfico de personas siempre es trasnacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo tráfico de personas implica la situación de trata de personas, ni viceversa. El tráfico puede transformarse en trata, si las personas son captadas en el proceso de tráfico. 
En cuanto a las ganancias que son perseguidas por quienes cometen tales delitos, a diferencia de la trata donde el lucro se genera mediante la explotación de la persona, en el tráfico, el lucro se genera por el servicio de migración irregular. Es por ello que ambos delitos requieren políticas bien diferenciadas y marcos normativos específicos para cada situación. 
Delitos vinculados a la trata y tráfico de personas
Es vasta la variedad de conductas penales vinculadas al delito de trata de personas que son tipificados por los países bajo diversas conductas penales.
Entre ellos podemos encontrar:

Es importante destacar que en los delitos de trata y tráfico de personas toma especial relevancia la identificación, selección, capacitación y control de los funcionarios encargados de la represión de estos delitos; agentes policiales, funcionarios aduaneros o migratorios, inspectores tributarios, de trabajo, personal de fiscalía u otras agencias de control, asistentes sociales, de educación y salud.
Esta relevancia se pone de manifiesto ya que las distintas conductas penales que se originan en torno a la trata y el tráfico de personas son permeadas muy frecuentemente por el delito de corrupción. Es frecuente que estas actividades se sostengan en el tiempo, en virtud de los esquemas corruptivos que se desarrollan e impregnan y debilitan el accionar legal de las instituciones.

• Trata de personas a nivel global y regional 

La Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC por su sigla en inglés) en su Informe Global de Trata de Personas 2018 señaló que, a nivel mundial, los países están detectando y reportando cada vez más víctimas de trata. Del total de víctimas detectadas la mayoría son mujeres y niñas (72%).
La mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial son objeto de trata con fines de explotación sexual, aunque este patrón no es uniforme en todas las regiones. 
A nivel regional, el 88% de las víctimas de trata detectadas son de sexo femenino: mujeres (51%) y niñas (37%). 
Los países andinos informan de porcentajes particularmente elevados de trata de menores de edad. Por su parte, los países del Cono Sur, incluidos Argentina, Chile y Uruguay, reportan una gran proporción de mujeres entre las víctimas detectadas (más del 60%). Lo mismo ocurre en Colombia y Venezuela, donde las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas detectadas.
Gestión institucional del delito de trata de personas en el ámbito regional
La complejidad, transversalidad y transnacionalidad de la trata de personas hace que puedan observarse diferentes respuestas institucionales a nivel regional en el combate al fenómeno. Es así que pueden identificarse diversos órganos con competencia en la materia, así como diversas estrategias y mecanismos utilizados para el combate al delito y la protección a las víctimas.
Los diferentes enfoques de los países de la región fueron analizados en el “Segundo Plan de Trabajo para combatir la Trata de Personas, en el hemisferio occidental 2015-2018” de la Organización de Estados Americanos (OEA) , que sistematizó la información aportada por treinta y tres de sus 34 Estados Miembros activos. 
Según el informe, a nivel regional se ha identificado -en el diseño de los órganos con competencia en materia de trata de personas-, dos grandes modelos institucionales que no siempre se manifiestan en forma pura. 
Por un lado, tenemos los países en que el combate es liderado por una institución/persona, denominado como “autoridad personal”, y por otro, tenemos los países que optaron por un diseño institucional plural, multidimensional y multidisciplinario para abordar este delito, denominado “autoridad colegiada”, elegido por 28 países, como es el caso de Uruguay. 
Respecto al enfoque del fenómeno, el más utilizado regionalmente es el que se basa en 4 pilares.
Fig.2 – Enfoque de cuatro pilares
 

En cuanto a las estrategias normativas: se establece, además, que 33 países tipifican la trata de personas como un delito, de los cuales 25, entre 2006 y 2015, establecieron normativas para modificar sus leyes y códigos penales al respecto. A esa fecha, Uruguay aún no tenía vigente la Ley integral de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas Nº19.643 , que fue aprobada el 20/JUL/18, que modificó normas del código penal y actualmente complementa el marco normativo. 
Con respecto a las estrategias investigativas, los enfoques son variados: investigación reactiva, proactiva, de desarticulación y financiera. En el caso de Uruguay se utilizan todos ellos. Por otra parte, solamente 21 países poseen Unidades Especializadas en la investigación de este delito, 10 países tienen unidades especiales creadas dentro de las Fiscalías Generales o Ministerios Públicos , mientras que en el ámbito de Tribunales se identificaron juzgados especializados en 2 países (Guatemala y Uruguay).
En cuanto a las estrategias comunicacionales: las redes sociales y sitios de internet son utilizados por los diferentes países como medios de comunicación con las víctimas de este delito. Es así que 6 países mencionaron el uso de sitios Web, 4 de correos electrónicos, 2 habrían incursionado en el desarrollo de una aplicación para celulares inteligentes y 1 referenció como posible canal de denuncia a la página de Facebook del Ministerio de Justicia.
Solo 10 países reportaron tener líneas telefónicas exclusivas para el delito de trata y 10 países cuentan con líneas telefónicas que fueron denominadas “temáticas” para hacer alusión al hecho de que no son exclusivas para el delito de trata. Colombia y Uruguay fueron los que más líneas “temáticas” reportaron.
En cuanto a Programas Nacionales dirigidos a las víctimas del delito de trata de personas, en 2018 solo Argentina, Estados Unidos y Paraguay eran los países que reportaron la existencia de instrumentos de planificación de política pública dirigidos específicamente a las víctimas de trata. Uruguay aún no tenía aprobada la Ley integral de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas Nº 19.643, por la que pasó a integrar el grupo de países con programas nacionales dirigidos a las víctimas de este delito.
En cuanto a los Sistemas de sistematización de la información: a nivel regional se identificaron 4 modelos diferentes reportados por 28 de los 33 países. Estos son: Sistema Único Digitalizado; Sistema que está presente en múltiples instituciones; Sistema gestionado por la autoridad nacional competente; y el empleo del sistema de procesamiento ya instalado en el país para otros delitos. Uruguay emplea el sistema de múltiples instituciones y también el sistema de proceso ya instalado en el país. 

VINCULACIONES CON EL ÁMBITO NACIONAL

Uruguay aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios por Ley Nº17.861, el 28 de diciembre de 2004. La primera norma que legisla el delito de trata como un delito penal autónomo surge en 2008 con la Ley N° 18.250 de Migraciones (Arts. 78 y ss.). 
La evolución normativa cristalizó, por un lado, en la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas Nº 19.643 del 20 de julio de 2018, que crea el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas. El mismo funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y está integrado por varias Secretarias de Estado, instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil. Tiene entre sus cometidos, diseñar y aprobar la política pública y el plan nacional de trata, así como velar por la eficaz persecución de tratantes y explotadores, y la debida protección, atención y reparación de las víctimas. Como organismo, el Consejo procura el asesoramiento permanente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otro lado, en 2018 concomitantemente a la ley, se aprobó el Plan Nacional de Acción para la Prevención y combate a la Trata de Personas 2018-2020, redactado por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas (creada por Decreto 304/015). 
Para orientar las acciones a la prevención y el combate a la trata, el Plan parte del enfoque de Derechos Humanos, de acuerdo a los principios y directrices establecidos por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos . 
En ese marco, se reconoce a las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, como “titulares de derechos independientes, independientemente de su nacionalidad, sexo, etnia-raza, edad, identidad de género, orientación sexual, ideología, religión, situación de discapacidad o cualquier otra característica distintiva”. 
En 2006, el primer informe “Trata de personas en Uruguay. Panorama actual y respuestas institucionales” (OIM; 2006), concluía que en Uruguay, la trata de personas era un problema vinculado en mayor medida a la trata de mujeres y adolescentes con fines de explotación sexual comercial. 
En 2010, luego de culminada una visita a Uruguay, el informe de la relatora especial de la ONU, Joy NGOZI EZEILO, consideraba a Uruguay como país de “origen, tránsito y destino de trata de personas con fines de explotación sexual”. Es un fenómeno multicausal y complejo que se desarrolla en espacios fronterizos territoriales -donde las víctimas son trasladadas de una zona a otra del territorio, dentro y fuera del país- y jurídicos, en el marco del desarrollo de actividades legales e ilegales. 
Factores de Vulnerabilidad o Factores de Riesgo
Desde 2007 a la fecha, diversos informes de investigaciones sociológicas, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), han relevado indicadores de vulnerabilidad en relación con los delitos de Trata y Tráfico de personas. 
Además, el “accionar de la delincuencia organizada, la falta de legislación adecuada, la corrupción pública y privada, la capacidad de los organismos migratorios para desarrollar los controles correspondientes, la voluntad y decisión política de concretar los compromisos asumidos por los Estados, son también elementos fundamentales a tener en cuenta para evaluar las situaciones de protección o desprotección en que se encuentran las poblaciones más vulnerables” .
Asimismo, casos que hoy pueden ser identificados como de trata laboral, se invisibilizan o enmascaran en situaciones que son interpretadas como conflictos en el marco de las relaciones laborales, no percibiendo los operadores la subyacencia del delito de trata de personas. 
Con respecto al tráfico de personas, a nivel nacional las vulnerabilidades que se derivan de la aplicabilidad de los diversos marcos normativos, parten de la dificultad de configurar los delitos de tráfico de personas en situaciones donde si bien hay indicios, la posterior regularización de la situación del migrante que ingresa al país, al pedir asilo o refugio político, impide en los hechos someter a la justicia a los verdaderos traficantes.  
Rutas de Tráfico y Trata de Personas
A nivel regional, el “Segundo Plan de Trabajo para combatir la Trata de Personas en el hemisferio occidental 2015-2018” de la OEA, identificó diferentes niveles en los que se produce el Tráfico de Personas con destino a la Trata de Personas: 
I.    Nacional (doméstico o interno);
II.    Intrarregional (dentro de las Américas, incluyendo el Caribe);
III.    Interregional (extracontinental, entre la región de las Américas y otras regiones del mundo)
 

En materia de trata, a nivel nacional, las zonas de frontera seca con Brasil y la frontera líquida con Argentina, constituyen espacios permeables por donde se ha evidenciado el tránsito en ambos sentidos de mujeres con el fin de la explotación sexual comercial, así como de asiáticos y africanos (sin discriminación de género) con fines de explotación laboral.  
En 2011, un Informe diagnóstico sobre trata de mujeres en Uruguay , señalaba la ubicación estratégica del país, y la conexión a través del eje Buenos Aires, Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, para pasar al litoral brasilero, o desde éste, a cualquiera de los puntos mencionados. Es de destacar que algunos de estos son puntos de salida hacia los Estados Unidos o Europa”.
 A su vez, al norte del país, existe una zona de triple frontera en las proximidades de la ciudad de Bella Unión, donde se detecta un tránsito constante desde y hacia los países vecinos. En ocasiones los destinos son ciudades brasileras del entorno. Las mujeres son recogidas en plazas o lugares públicos cercanos al puente internacional para ser llevadas y luego traídas por las mismas personas. 
Diversas investigaciones policiales han identificado varias ciudades del país que forman parte de la ruta de la trata, en ocasiones como lugar de origen, de tránsito, o en ocasiones ambas: Paysandú, Young, Nueva Palmira, Ciudad del Plata, Ciudad de la Costa, Minas, Maldonado, Rocha, Melo.     
Montevideo y Maldonado son puntos finales del recorrido nacional hacia el exterior, principalmente con destino a España e Italia. Estados Unidos y México son otros países identificados como destino para estos fines. 
En Europa, las ciudades que han sido identificadas como destinos son: Milán, Génova, Barcelona, Roma, Madrid, Valencia y ciudades de las Islas Canarias.
Anteriores informes señalaban que es un problema creciente que involucra también a adolescentes mujeres, en un paso previo y preparatorio para la trata internacional. La zona del litoral, especialmente el departamento de Paysandú y zonas del departamento de Río Negro, al igual que el departamento de Montevideo, han sido identificados como de origen para el reclutamiento de muchas de estas mujeres. 
La medición de las personas migrantes víctimas de trata realizada en el servicio de atención a Mujeres IN Mujeres arrojó los siguientes resultados: 83% Internacional, 14/% Interna y 3% Mixta.
En relación con personas de nacionalidad uruguaya, la proporción varía dando los siguientes resultados: 66% Interna, 17/% Internacional y 17% Mixta.
En el análisis de las redes delictivas se observó la combinación de la trata interna y la trata internacional ya sea en migrantes como en nacionales. 
Dentro de las rutas de tráfico de personas, identificadas por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, en el año 2013 se desarrolló la operación “Mandarín”, que detectó una ruta de tráfico de ciudadanos chinos que llegaban a Uruguay y eran trasladados al litoral a través de balseros que cruzaban hacia Argentina. Allí eran sometidos a explotación laboral.
En 2014, la operación “Imperio” tomó conocimiento de una red de tráfico y trata de ciudadanas dominicanas con destino al comercio sexual. Las mismas eran captadas por ciudadanos dominicanos en Uruguay. Una vez en el país, las trasladaban al interior donde eran sometidas a explotación en diversas whiskerías.  
En 2017 se detectó la existencia de una organización dedicada exclusivamente al tráfico de ciudadanos cubanos, que organizaba el traslado desde su país de origen a Brasil y de ahí a Uruguay. Las operaciones permitieron la condena de tres personas por delitos de tráfico de personas. 
En otro orden, en la actualidad, se ha registrado el tráfico de ciudadanos africanos. Los mismos ingresan al país por diferentes vías para posteriormente trasladarse con destino a Argentina. En los últimos tiempos, ante el aumento de controles y formalizaciones por los delitos de tráfico en el vecino país, se tiene indicios de que aumentó la permanencia de estos en territorio nacional, en condiciones de vulnerabilidad que pueden propiciar situaciones de trata de personas. 
Modus Operandi y Mecanismos de control
La trata de personas, además de un delito, constituye un proceso caracterizado por varias etapas: reclutamiento, traslado y transporte, recepción y explotación.
En el reclutamiento hay fuerte predominio del engaño. A veces se realizan propuestas de mejora económica a través de trabajos, sin especificación en que tipos de tarea se van a realizar. Estos vínculos se establecen sobre fuertes asimetrías de poder. Los explotadores doblan o triplican la edad de las adolescentes o mujeres jóvenes y en muchas situaciones se constatan embarazos a temprana edad.
Por otra parte, el secuestro y las desapariciones no son frecuentes, aunque se han registrado casos que podrían estar vinculados a redes de trata. A su vez, se ha observado la existencia de adolescentes víctimas de trata que desaparecen reiteradas veces por tiempos limitados y son explotadas sexualmente en ese lapso. 
Cabe destacar que en el año 2014 se da en Uruguay un punto de inflexión con la migración dominicana, al instalarse en Uruguay la visa para el ingreso de estas personas, con el consiguiente aumento de las situaciones de trata de personas.
En cuanto a la explotación: una vez que las víctimas llegan a territorio nacional las organizaciones de trata les permiten un tiempo libre, donde las personas se van dando cuenta que la realidad no se corresponde con las propuestas realizadas. La llegada a la realidad implica tomar conocimiento de las verdaderas intenciones de los que les facilitaron el traslado y concretar así la explotación sexual. A menudo se encuentran con una deuda exorbitante sin dinero en efectivo, lo que las lleva a trabajar en whiskerías o prostíbulos para intentar pagarla.
En cuanto a los mecanismos de control que se utilizan para victimizar se destacan: la violencia tanto física como psicológica, el endeudamiento frecuentemente utilizado como mecanismo de coacción en la trata internacional, el secuestro de documentos, las amenazas a la integridad, amenazas de denuncia migratoria, la promesa de pago a la familia, las amenazas de daños a sus hijos y la dependencia de las drogas, que suelen ser utilizados como mecanismo de “enganche” y de mantenimiento del control de la explotación. 
Frecuentemente las redes generan operativas donde a algunas víctimas las ascienden al estatus de captadoras y eso hace que, como mecanismo de supervivencia, muchas víctimas asuman ese rol. Al respecto cabe destacar que la Ley Nº 19.643 sigue las recomendaciones internacionales de la no punibilidad de las víctimas, lo que da garantías para el tratamiento de las mismas.
Es importante destacar que las represalias son prácticas frecuentes para amedrentar y silenciar a las víctimas. “En las entrevistas realizadas en los departamentos fronterizos, se ha manifestado que tanto víctimas como operadores sienten temor de ser asesinados si denuncias situaciones de trata de personas”.
En cuanto al delito de tráfico de personas es importante destacar que los grupos delictivos organizados facilitan la entrada irregular de migrantes en distintos países. Desde el 2018 la unidad de Interpol de lucha contra el tráfico ilícito de migrantes detectó por primera vez el modus operandi del “falso tripulante”, en el transcurso de la operación “Andes”, dirigida contra las redes de tráfico de migrantes de América del Sur y América Central.
Los migrantes se hacen pasar por tripulantes para obtener libretas marítimas de carácter temporal, con las que puedan ingresar a los países. Ellos no permanecen en el puerto declarado, sino que quedan en situación irregular dentro del país, o se trasladan a otros países.  Asimismo, se ha descubierto casos en que migrantes irregulares se hacen pasar por gente de mar en los controles de inmigración de los aeropuertos de América Latina, presentando documentación fraudulenta de gente de mar y cartas de contratación falsas, para disfrutar de los privilegios de la gente de mar, previstos como derechos, para que puedan embarcar, desembarcar, bajar a tierra o cambiar de barco.
En 2019, la operación “Turquesa” detectó nuevos casos de “uso fraudulento de documentación de gente mar” , para introducir migrantes irregulares en las Américas. En los casos descubiertos en América del Sur, los migrantes eran de Asia meridional y habían viajado en avión hasta esta región (Brasil, Chile y Perú), haciendo escala en América Central, en oriente próximo y África, siento Etiopía una de las escalas más habituales. La mayoría deseaba llegar hasta América del Norte. 
Este modus operandi fue detectado con anterioridad en la UE y los últimos indicios apuntan a que su uso aumente y se extienda a otras regiones de América.
Por otra parte, en el caso del tráfico de ciudadanos cubanos a Uruguay y otros países del continente, la ruta empleada con mayor frecuencia es por Guyana a través de Brasil y luego Panamá-México-Estados Unidos de América. Mientras que la ruta más utilizada por quien quiere viajar a Argentina y Chile es el pasaje del Rio Uruguay por medio de ‘pasadores’.
La gran mayoría de los operadores de tráfico en Uruguay responden a una lógica oportunista más que a una organización preestablecida determinada para el tráfico de personas. Es decir que estos delincuentes realizan el tráfico de personas, pero también otros tráficos según la oportunidad del momento. 
Nacionalidades y características de las víctimas
La trata de personas en la región y Uruguay ocurre dentro de un contexto de movilidad humana, así como de coyuntura económica y política, donde se observan víctimas de múltiples nacionalidades. 
Las víctimas de trata internacional son mayoritariamente extranjeras, mientras que las de trata interna son tanto uruguayas como extranjeras. 
Se ha detectado las siguientes nacionalidades: Cuba, República Dominicana y Haití, chinos, y en menor medida mujeres de otros países sudamericanos.  Cabe destacar que la proporción de centroamericanas y caribeñas es mayor en la trata sexual que en la trata laboral.

Adicionalmente, se ha identificado casos de inmigrantes cubanos en la trata con fines de explotación sexual en ciudades fronterizas, y ciudadanos de China, República Dominicana y países de África en tránsito por Uruguay con otros destinos, particularmente Argentina. 
A su vez, se observan múltiples nacionalidades de las víctimas en los casos de trata laboral, destacándose asiáticos, africanos y europeos del Este predominantemente.
En el caso de personas uruguayas, por lo general son reclutadas para explotación sexual en España, Italia, Argentina y Brasil.
Por otra parte, cabe agregar que las autoridades pertinentes han indicado que los inmigrantes que integran la población carcelaria no superan el uno por ciento de las personas privadas de libertad.
Redes de trata de personas
En cuanto a las redes de Crimen Organizado existen distintos grados de complejidad en las redes de trata, distintas composiciones y características de funcionamiento. 
En cuanto al alcance territorial se puede distinguir: 
-    Redes Locales: compuestas por dueños de cantinas de barrio, vecinos y conocidos de la zona, quienes realizan la captación y organizan la explotación.
-    Redes nacionales: estas cumplen distintas funciones y se vinculan a la trata interna mediante whiskerías y prostíbulos que actúan coordinadamente para la explotación sexual de las mujeres.
-    Redes internacionales: redes del Crimen Organizado Trasnacional, cuya operativa es diversa. Desde la década de los 90 hay rutas de Uruguay a España y de Uruguay a Italia. Recientemente hay una red establecida entre Republica Dominicana y Uruguay.
También existen campañas de empresas internacionales que ofrecen empleo con condiciones engañosas, para después esclavizar a las víctimas.
Asimismo, se observa la modalidad de conexión entre redes nacionales e internacionales, constituidas por extranjeros que se conectan para ejecutar los diferentes procesos de la trata, y que operan en varios países.
En cuanto a la complejidad de sus estructuras se puede observar que existen:
-    Redes familiares (o matrimonios serviles) que son menos complejas y con menor grado de estructura.
-    Redes que son parte del negocio ilícito del tráfico de drogas y del tráfico de armas.
-    Redes altamente complejas del Crimen Organizado Transnacional, con un funcionamiento jerárquico, y que operan como organizaciones criminales bien articuladas. 
En relación con las redes de tráfico de personas: se ha identificado redes de tráfico y redes de tráfico con destino a trata de personas.
Un ejemplo de las primeras fue la existencia de una organización dedicada exclusivamente al tráfico de ciudadanos cubanos por la cual fueron condenadas tres personas. Dichos ciudadanos eran trasladados a Uruguay y en algunos casos, desde aquí eran trasladados a otros países del continente. 
En cuanto al segundo tipo, se destaca la red de migrantes desde República Dominicana a Uruguay con destino a trata de personas. Las ciudadanas dominicanas eran sometidas a explotación sexual en el interior del país.

IV. CONCLUSIONES

•    El flujo de migrantes en el contexto de la pandemia ha aumentado la disponibilidad de posibles víctimas.
•    Existen dificultades para la obtención de antecedentes criminales de extranjeros que migren al Uruguay en situaciones especiales (por ejemplo, ciudadanos venezolanos).
•    El bajo porcentaje de inmigrantes en la población carcelaria indica un leve impacto de éstos en la actividad criminal del país.
•    La exención de visa para el ingreso desde determinados países dificulta el control adecuado de los migrantes, a fin de prevenir la llegada de posibles criminales.
•    El cumplimiento de las normas vinculadas a la obtención del reconocimiento como refugiado al llegar a la frontera, dificulta la identificación de los casos de tráfico y trata de personas, viéndose facilitada la comisión del delito.
•    Uno de los desafíos a enfrentar consiste en mantener la producción y el desarrollo de conocimiento sobre la temática de referencia, mediante la participación de diferentes instituciones y profesionales pertinentes, que permita un eficaz seguimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos desde enfoques multidimensionales. 
•    La cooperación internacional y regional en materia investigativa y técnica facilita aumentar la eficacia en la prevención, represión de los ilícitos y la asistencia a las víctimas. 

FUENTES
•    Archivo temático de la Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado, Uruguay.
•    Informe diagnóstico sobre trata de mujeres en Uruguay, IN Mujeres, 2011. 
•    Informe Global de Trata de Personas 2018, Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC).
•    Manual para la lucha contra la trata de personas, Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), 2007. 
•    Plan Nacional de Acción para la Prevención y Combate a la Trata de Personas 2018-2020, Uruguay.
•    Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
•    Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Naciones Unidas. 
•    Proyecto Regional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), 2007.
•    Segundo Plan de Trabajo para combatir la Trata de Personas, en el hemisferio occidental 2015-2018, Organización de Estados Americanos (OEA).
•    Trata de personas en Uruguay. Panorama actual y respuestas institucionales, Organización Internacional para las Migraciones, 2006.

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