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¿Sabés que hay detrás de un embarazo antes de los 15 años?

26 de Septiembre, 2019
La evidencia muestra que el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años es la manifestación de una combinación de vulneraciones de sus derechos humanos e implica serios riesgos biopsicosociales (CLADEM, 2016). Es uno de los problemas de salud pública más complejos y dramáticos, y se encuentra directamente vinculado a situaciones de violencia en las que se articulan desigualdades de género, salud, educación, justicia y derechos humanos. Es un indicador de desarrollo y bienestar social trazador de situaciones de alta vulnerabilidad y exclusión.

Si bien el número de embarazos en esta franja etaria es menor que en las adolescentes de 15 a 19 años, su impacto es crítico dadas las consecuencias en su salud y bienestar, en el curso de su vida y en las posibilidades de ejercicio de sus derechos.

Se trata de embarazos y maternidades que ocurren antes de la maduración física, psíquica, sexual, afectiva y social de la persona, que afectan su pleno desarrollo y comprometen las etapas posteriores del ciclo vital.

La evidencia científica internacional coincide con lo explicitado anteriormente: lo considera como un evento de alto riesgo para la salud y el bienestar de la población afectada. También la evidencia muestra el incremento de la depresión postparto en las adolescentes que continúan con el embarazo en comparación con la población de mujeres madres adultas (McClanahan, 2009).

A su vez, gran parte de estos embarazos son producto de violencia sexual ejercida por integrantes de la familia o del entorno cercano. Esta puede adoptar distintas modalidades, como la imposición forzada, la coerción, el abuso de poder y otras formas de presión.

Particularmente en niñas y adolescentes, cuando el embarazo ocurre en la clandestinidad, la soledad y la estigmatización social, ello a menudo determina el ocultamiento del embarazo y la búsqueda tardía de atención médica, aumentando los riesgo biológicos, psicológicos y sociales. En este contexto, las adolescentes pueden sentir en mayor medida el castigo social, pudiendo experimentar abandono y soledad, vinculado a la familia y la pareja (MSP, 2014, p. 82).

En aquellos casos en que el embarazo fue producto de violencia sexual y se prohibió su interrupción, al momento en que la niña se convierte en madre se han cometido tres tipos de violaciones a sus derechos humanos: la primera, imponiéndole una relación sexual no deseada que violó su libertad sexual; la segunda, al obligarla a llevar a término un embarazo que no buscó y la tercera, al obligarla a ser madre contra su voluntad (Carril y López, 2008, p. 30).

La situación en Uruguay

En 2018, el 28 % de las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes (NNA) atendidas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) correspondió a abuso sexual. En tres de cada cuatro de estas situaciones las víctimas fueron niñas y adolescentes, y en el 83 % de los casos los agresores fueron hombres. Además, siete de cada diez víctimas habían sufrido esta forma de violencia de modo recurrente, y el 92 % de los casos llega en etapas de cronicidad (SIPIAV, 2019), lo cual se constituye como un claro escenario de riesgo de embarazo producto de relaciones abusivas para las niñas y adolescentes.

En el año 2018, 71 niñas y adolescentes menores de 15 años fueron madres en Uruguay. Este dato registró una leve tendencia a la baja durante los últimos años. Lo mismo ocurrió con las interrupciones voluntarias del embarazo para dicha franja, que alcanzaron 56 casos en el mismo año (MSP, 2019).

En 2018, Uruguay logró el objetivo de disminuir la fecundidad adolescente, alcanzando y superando la meta propuesta para el 2020: 48 nacimientos por mil adolescentes de 15 a 19 años.

Si bien desde 1996 a 2014, el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes se mantuvo resistente a la baja, en el entorno del 16%, en 2018 disminuyó al 11,3 %, y hoy alcanza su mínimo histórico llegando a 36 por mil.

Este indicador aleja a Uruguay del resto de los países en Latinoamérica (67 por mil) y pone fin a 10 años de estancamiento del indicador a nivel nacional.

A pesar de estos logros, es necesario seguir profundizando las acciones con el propósito de proteger a las niñas y adolescentes del país, sobre todo a las menores de 15 años donde el embarazo está vinculado de algún modo a la violencia y la restitución de derechos.

Esta violencia puede darse de manera inmediata, en los casos de embarazos producto de violación u otra relación abusiva, como de manera más estructural, múltiple y acumulada en el tiempo relacionada con la vulneración de derechos, las distintas formas de violencia y las limitaciones para su desarrollo pleno.

Acciones de prevención

En el marco de la “Estrategia intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes”, se presenta la campaña “Antes y después de un embarazo en la adolescencia”, que busca sensibilizar sobre las situaciones que se encuentran detrás de un embarazo a los 15 años o menos, y poner sobre la mesa las dificultades que esto representa, involucrando a la ciudadanía en la detección de este tipo de situaciones y comprometerse con su correcto abordaje.

Además, se presenta como herramienta técnica un Mapa de ruta para la atención intersectorial de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo.

El mapa de ruta se desarrolló con el apoyo de OPS/OMS, UNICEF y UNFPA, está dirigido a profesionales, equipos técnicos y personal de la salud y de la educación y tiene por objetivo brindar directrices para el desarrollo de acciones que garanticen la atención integral, pertinente y oportuna de las niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo desde un enfoque de protección, garantía y reparación de derechos.

El mismo contó con la revisión y apoyo técnico de diferentes servicios de la Universidad de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República, y organizaciones de la sociedad civil.