Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo

En ese edificio habitaban aproximadamente treinta y cinco (35) núcleos familiares, entre ellos quince (15) niñas, niños y adolescentes, debieran abandonar el edificio que habitaban, integrado mayoritariamente por personas migrantes de origen cubano y dominicano, además de personas uruguayas.

Un equipo de la Defensoría se hizo presente en el lugar en dos instancias durante la jornada del desalojo, con el fin de observar directamente la situación de las familias afectadas. Allí se generó de oficio al Asunto 00834-2026

En la recomendación, se destaca cómo las personas migrantes se encuentran en condiciones de desigualdad coyuntural y estructural, las cuales generan una reducción de opciones respecto a soluciones habitacionales. Por lo tanto, varias personas migrantes residen en pensiones al iniciar sus trayectorias en la ciudad, o buscan alternativas de vivienda desde la informalidad.

En el documento, la Defensoría recuerda que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en su resolución 743/19, había impulsado  la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional, integrado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Intendencia, para elaborar un protocolo de actuación ante situaciones de desalojo y lanzamiento. 

1. Aprobar por parte de la Intendencia de Montevideo el Protocolo sobre desalojos y lanzamientos en el departamento de Montevideo, realizado por el grupo de trabajo interinstitucional previamente conformado.
2. Proponer a la Junta Nacional de Migrantes la incorporación de representantes correspondientes del Poder Judicial al grupo de trabajo.
3. Trabajar en coordinación y revisión de las prácticas realizadas, con el fin de prevenir la violencia institucional, buscando no revictimizar a las personas migrantes, vecinas y vecinos de Montevideo.