La Defensoría emitió una nueva recomendación por viviendas en condiciones de insalubridad y riesgo estructural
La recomendación surge a partir del reclamo de una vecina que reside en el edificio desde hace 11 años a través de un subsidio habitacional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). En las visitas realizadas al inmueble, la Defensoría constató diversas deficiencias edilicias, entre ellas humedades, filtraciones, falta de mantenimiento, instalaciones eléctricas irregulares, problemas en el suministro de agua y deterioro de la fachada, con riesgo de desprendimiento de materiales hacia la vía pública.
La institución también señaló que, según la documentación recabada, el subsidio habitacional y la garantía de alquiler se otorgaron sin que se hubiera realizado una inspección previa del inmueble por parte de los organismos involucrados. En este sentido, cuestionó la ausencia de controles oportunos y remarcó la responsabilidad del Estado de garantizar que las viviendas arrendadas reúnan condiciones adecuadas de salubridad, habitabilidad y seguridad.
Si bien la Intendencia de Montevideo inspeccionó el edificio en agosto de 2026 e intimó al propietario a adoptar medidas preventivas, presentar un peritaje técnico y realizar las reparaciones estructurales correspondientes, la Defensoría considera que la situación requiere una respuesta urgente y coordinada de los organismos competentes.
Entre las principales medidas recomendadas se encuentran la evaluación de las condiciones del inmueble y de una eventual declaración de insalubridad, la consideración de alternativas de realojo para las familias afectadas, la investigación de posibles irregularidades tributarias, el fortalecimiento de la coordinación entre organismos y la revisión de la normativa vigente. Asimismo, se plantea establecer la inspección previa obligatoria de las viviendas cuyos alquileres sean garantizados por el Estado o cuenten con subsidios habitacionales.
La Defensoría subraya que las respuestas que se adopten deben proteger los derechos de las personas residentes, evitar que se profundice su vulnerabilidad habitacional y procurar la continuidad de sus soluciones de vivienda, especialmente en el caso de las familias que llevan más de diez años alquilando en el inmueble.