Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

En nombre del Gobierno Nacional y de todo el equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hacemos llegar nuevamente nuestro saludo cálido y prometido a todos los trabajadores de nuestro país, a los hombres y mujeres de todas las condiciones sociales que día a día aportan su esfuerzo, sus conocimientos y sus talentos para la construcción de una sociedad más próspera, más solidaria y más justa.

Saludamos también al movimiento sindical que conmemora este día y transmite su mensaje a sus integrantes y a la ciudadanía, como es propio de nuestra democracia y con independencia de las diferencias que ciertamente hoy están claramente expuestas y visibles. Como en cada primero de mayo, vamos a repasar lo transitado en el último año en los diferentes aspectos que refieren a la realidad de los trabajadores de nuestro país.

En materia de empleo, los datos de 2023 y del primer trimestre del 2024 registran que el empleo ha seguido creciendo continuamente. Estamos contentos porque hoy la realidad de nuestro país es que tenemos más empleo y también más empleo formal, alcanzando los niveles equivalentes a comienzos del gobierno anterior, es decir, de 2015, antes de que empezara el deterioro ocurrido de 2016 a 2019. Por su parte, el total de trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social es el un número récord desde que se lleva el registro, alcanzando a 1.550.000 trabajadores registrados. Pero, además, hoy hay 104.000 puestos de trabajo más que en febrero de 2020, último mes del gobierno anterior.

Esta es una cifra nueva que implica que hemos crecido aún más de los 74.000 promedio en el 2023. Además, hay que ir a los años 2015 a 2017 para encontrar números tan bajos de trabajadores en el seguro de paro. Y todo indica que durante el presente año el empleo se mantendrá firme.

Con respecto al salario, podemos decir con orgullo y satisfacción que hemos cumplido con nuestro compromiso de recuperación total del poder adquisitivo del salario. La pandemia, como ocurrió en el mundo entero, afectó el poder adquisitivo del salario tanto público como privado. Desde entonces se afirmó el compromiso de este Gobierno con respecto a su efectiva recuperación.

Muchos no creían que íbamos a cumplir. Sin embargo, en este momento, el salario real promedio está 2.5 % por encima del promedio del año 2019 y es el nivel más alto en casi 50 años de la historia del país. Todo indica, además, que durante este año el poder adquisitivo de los trabajadores continuará creciendo.

Y ello se debe a que en la décima ronda de los Consejos de Salarios presentamos una pauta gubernamental, que estableció el objetivo de la recuperación completa del poder adquisitivo, afectado por la pandemia para cada uno de los sectores de actividad. Pero, además, la política económica del Gobierno ha generado una histórica reducción de la tasa de inflación, lo que colabora para acelerar y aumentar el proceso de crecimiento del salario. En definitiva, al completarse el cuarto año de gobierno, esta gestión exhibe una realidad caracterizada por mucho más empleo y mejor salario que en el gobierno anterior.

Y estos logros se alcanzaron en un periodo que estuvo caracterizado por diversas circunstancias adversas. La pandemia nos impactó durante los años 2020 y 2021, y la sequía y las diferencias cambiarias con Argentina nos afectaron durante 2023. Sin embargo, a pesar de todo ello, aquí estamos con más empleo y mejores salarios.

Es ineludible referirnos también a la noticia de estos días que indica que la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el PIT-CNT habría alcanzado las firmas suficientes para que sea considerada en el próximo mes de octubre por la ciudadanía. Expresamos nuestra mayor preocupación y crítica ante una iniciativa que en caso de aprobarse representaría una gravísima afectación de todo el sistema previsional nacional. Ustedes saben que la reforma de seguridad social aprobada el año pasado era necesaria, responsable, promotora de la equidad y que se hace con tiempo sin afectar de manera abrupta y repentina a nadie, que permite a nuestro país encarar el futuro con responsabilidad, con el objetivo de que las jubilaciones y pensiones dejen de tener un peso cada vez mayor en el gasto del Estado.

La normativa aprobada el año pasado garantiza que el gasto del Estado no se consuma cada vez más en el pago de jubilaciones y pensiones futuras, permitiendo que los recursos públicos puedan destinarse a otras prioridades fundamentales, como por ejemplo es la reducción de la pobreza infantil. No es cierto que la reforma aprobada el año pasado se haya cargado sobre las espaldas de los trabajadores. Ninguna de las prestaciones o condiciones actualmente vigentes se modificaron con la reforma, ni el porcentaje de aportes mensuales a la seguridad social ni los años de aporte que hay que sumar para jubilarse.

Al contrario, esta es una reforma pensada para que los trabajadores más jóvenes tengan garantizadas sus jubilaciones con montos iguales o mejores que los actuales. Sin embargo, la iniciativa impulsada por el PIT-CNT, en caso de aprobarse, no solo echará por tierra la sostenibilidad del sistema de seguridad social, sino que afectará de manera radical la credibilidad de nuestro país y generará una enorme afectación sobre el sistema. No es solo una reforma contra la ley aprobada el año pasado, es contra todo el sistema previsional.

Incorporar en la Constitución la edad de retiro, fijándola en 60 años, establece una rigidez insostenible que no existe en ningún país del mundo, no hay ningún país del mundo que haya puesto la edad de retiro en la Constitución, simplemente porque es una variable clave para ir acompañando el proceso de sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Además, fijarla allí determinará un enorme crecimiento del déficit que va en sentido radicalmente contrario a la sostenibilidad que es necesario construir. Por otra parte, esta disposición determinaría la inviabilidad inmediata de las tres cajas paraestatales, que para su supervivencia dependen de que extiendan la edad de retiro a 65 años.

De hecho, la Caja Bancaria el año pasado y la Notarial en 2018 establecieron 65 años como edad de retiro para poder tener viabilidad, y seguramente la reforma que está pendiente de la Caja Profesional también deberá incorporar ese criterio. Por lo tanto, votar los 60 años es decretar la caída de las tres cajas paraestatales, pero si además agregamos la disposición que equipara el monto de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, porque lo que dice el proyecto de reforma es que se aumentan las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional, el resultado es un enorme aumento del déficit del sistema jubilatorio y pensionario que, de acuerdo a los análisis de los técnicos del BPS, multiplicaría por 4 el incremento del déficit que ocurriría en los próximos años, implicando inevitablemente un aumento muy significativo de la carga tributaria sobre todos los uruguayos.

El déficit se incrementaría de tal forma que sería, por ejemplo, necesario aumentar las tasas de los aportes a la seguridad social, estimándose que en un cierto proceso de tiempo debería duplicarse el aporte personal al BPS, lo que en buen romance implicaría una abrupta caída del salario, porque en vez de descontarle el 15 % del nominal, se empezaría a descontar el 20, o el 25, o el 30 %, o sea una reducción directa de los ingresos de los trabajadores, y además implicaría aumentar las tasas de aportes patronales que podrían representar una afectación del empleo y un aumento de la informalidad.

No es necesario indica que, de ocurrir estas circunstancias, las posibilidades de destinar recursos a otras prioridades largamente postergadas, como la reducción de la pobreza infantil, serían inevitablemente canceladas. Pero, además, la eliminación del régimen mixto implicaría, lo digo expresamente con énfasis, la confiscación de los ahorros de un millón y medio de uruguayos, que tienen sus cuentas personales a las que contribuyen todos los meses para constituir un ahorro personal que será un complemento a la hora de la jubilación. El texto de la reforma constitucional en ningún lado dice que esto sea voluntario, dice expresamente que se van a eliminar las AFAP y esa plata se traslada directamente a un fideicomiso, con lo cual eso lisa y llanamente se llama confiscar los ahorros de las personas.

Entonces, esta decisión, además de producir una segura avalancha de reclamos ciudadanos contra el Estado por la confiscación generada, también afectará de manera radical la imagen de credibilidad y confianza que nuestro país ha generado desde hace décadas, poniendo en cuestión la certeza jurídica, el respeto a los contratos y, por lo tanto, poniendo en perspectiva nuestro grado inversor. Por ello, desde ya, señalamos que es nuestro deber explicar en profundidad estas consecuencias durante los próximos meses para que nuestra ciudadanía no acompañe una propuesta tan perniciosa para los intereses colectivos.

Volviendo al tema del empleo, la tasa de actividad, es decir, el número de personas que están hoy en el mercado de trabajo se ubicó en promedio durante 2023 en el 63.4 %, es la cifra más alta desde 2015. Y en el primer trimestre del 2024, en estos 3 meses anteriores, siguió aumentando hasta llegar al 64.3 %, más alta aún que en el año 2015. La tasa de empleo se ubicó en el año 2023 en el 58.1 %, un punto por encima del año anterior, y es la cifra más alta registrada desde el año 2016. Pero, además, en el primer trimestre de este año, volvió a crecer hasta ubicarse en los niveles del 2015.

Por su parte, el desempleo se ubica actualmente en el entorno del 8 % con oscilaciones menores, ello indica que está hoy por debajo del 2019 y más de 2 puntos por debajo de febrero del 2020, el mes antes de haber asumido el Gobierno. A su vez, el promedio de trabajadores en seguro de paro durante el año 2023 fue de 43.000 trabajadores, y el último registro, el de marzo de este año, mantiene la misma cifra, que representan alrededor de 3.000 trabajadores menos que en los años previos a la pandemia. Por otra parte, en estos 3 años de Gobierno se ha reducido la cantidad de trabajadores informales, bajando de un 25 %, que fue el promedio del periodo 2015-2019, para ubicarse en 21.3 % durante el año 2023.

Y estos números se alcanzan a pesar de que el número de trabajadores activos, como acabamos de decir, ha aumentado significativamente. Esto indica que se ha recuperado la cantidad de trabajadores activos en el mercado laboral, la formalidad se ha consolidado con un crecimiento estable en nuestra realidad laboral, lo que nos alegra mucho, porque significa que una mayor proporción de trabajadores accede a las correspondientes protecciones, derechos y beneficios que incluye la formalidad. Además, debemos destacar el crecimiento del empleo en el sector cooperativo, que demuestra el dinamismo del sector de la economía social y solidaria, y también demuestra la importancia que este Gobierno le ha dado al cooperativismo en nuestro país.

¿Esto significa que estemos satisfechos? No. Tenemos claro que mucha gente sigue teniendo problemas de empleo y que es necesario seguir impulsando su crecimiento. Tenemos entonces importantes desafíos por delante.

En primer lugar, tenemos que seguir trabajando en la reducción de las inequidades en el acceso al trabajo, tanto en materia de género, particularmente en materia de edad, educación, región y nivel socioeconómico, así como también en las situaciones de discapacidad. En este sentido, está vigente desde fines del 2021 la Ley de Promoción del Empleo para Sectores Vulnerables, y, durante el año 2023, alrededor de 4500 personas, casi todas ellas jóvenes, fueron beneficiarias de este subsidio. En materia de empleo, además, se ha puesto en marcha la extensión del programa de becas de Yo Estudio y Trabajo, que hasta ahora se restringía al sector público, ahora se extiende al sector privado, habiéndose lanzado su primera edición este año.

Es un programa que promueve una articulación virtuosa entre el vínculo educativo y la experiencia laboral de los más jóvenes. En pocos días más se lanzará el Sistema de Agencias Públicas de Empleo, que permitirá la coordinación de las entidades públicas, intendencias, ministerios y organismos públicos para agilitar y facilitar el acceso al trabajo de los ciudadanos a lo largo y ancho del país. Pero tenemos que ir a más.

Justamente para construir las condiciones que permitan seguir avanzando en el incremento del empleo y simultáneamente seguir mejorando los salarios, es imprescindible trabajar en la mejora de la productividad. En tal sentido, con el acuerdo de trabajadores y empleadores, hemos instalado a partir de febrero de este año un ámbito político-técnico tripartito que ya está trabajando en la construcción y elaboración de medidas e ideas que puedan generar avances, en saltos de productividad laboral que representen ventajas para ambas partes. Estamos tratando de construir un camino virtuoso para que en las empresas se puedan incorporar soluciones que permitan seguir creciendo en los puestos de trabajo, en los niveles salariales y en los niveles de rentabilidad de las empresas.

Conviene destacar que en todo este tiempo desde el Ministerio de Trabajo se ha mantenido una constante e inclaudicable actitud de diálogo y disposición a acompañar con intensidad los procesos de búsqueda de acuerdos ante los diferentes conflictos que lógicamente se suscitan en cualquier sociedad democrática y plural. Hemos incorporado además algunas modificaciones en la negociación colectiva que fortalecen y modernizan estas instancias.

En este sentido, el Parlamento, a iniciativa de este ministerio, aprobó la ley de personería jurídica de las organizaciones gremiales y aprobó modificaciones a la ley de negociación colectiva para ajustarla a la normativa general de la Organización Internacional del Trabajo.Dos instrumentos normativos que permiten avanzar en la modernización de la negociación colectiva.

Quedan temas pendientes, construir un sistema efectivo de descuelgues, desarrollar mecanismos que permitan avanzar en la regulación de procesos que sin mengua de la negociación colectiva proteja los derechos y las realidades de las empresas y sindicatos más débiles.

En materia de capacitación laboral se ha vuelto a registrar un número muy importante de trabajadores que participaron de cursos de capacitación, alcanzando a 50.000, la mayoría de ellos jóvenes y mujeres.

Desde el punto de vista legislativo tenemos la expectativa de que el Parlamento en este año pueda aprobar dos proyectos de ley presentados por el ministerio. El primero es el que busca regular y garantizar los derechos de los trabajadores por aplicaciones y el segundo el que reglamenta las situaciones de acoso laboral. Con respecto a la protección de los derechos de los trabajadores, debe destacarse la aprobación del Plan Nacional de Inspecciones que permite, por primera vez, contar con un proceso de planificación de la tarea inspectiva capaz de generar más eficacia e impacto.

Y acabamos de aprobar también con el asesoramiento de la OIT un documento de política nacional de inspecciones. Por otra parte, se modificó el procedimiento administrativo por primera vez en 50 años con el objetivo de hacerlo más dinámico y al mismo tiempo sin mengua de las garantías del debido proceso. Con respecto a la siniestralidad en el trabajo, corresponde decir que los tres indicadores principales que miden a nivel internacional esta dimensión registran números más bajos de los que se registraban en el periodo de gobierno anterior, tanto el índice de frecuencia como el índice de incidencia y el número de accidentes con relación al número de trabajadores ocupados formales registran valores inferiores a los años 2014 al 2019.

Y termino haciendo una mención a los trabajadores rurales cuyo día se celebró ayer, reivindicando la importancia de seguir avanzando en sus protecciones y normativas específicas con respecto a su situación.

Mucho se ha hecho y como siempre mucho queda por hacer, pero pueden estar seguros de que este gobierno seguirá trabajando hasta el final con intensidad en la búsqueda de las mejores soluciones para seguir avanzando en una realidad de mayor bienestar y protección de los derechos de todos los trabajadores uruguayos. También pueden estar seguros de que seguiremos generando en forma permanente ideas y medidas para dar respuesta a las realidades particularmente de los empleadores y trabajadores más débiles y vulnerables.

No puedo terminar esta conferencia de prensa dado que será mi último acto público como Ministro de Trabajo y Seguridad Social, sin expresar un especial agradecimiento a todo el equipo del ministerio que me acompañó durante todos estos años por su esfuerzo, su lealtad permanente, su enorme capacidad de trabajo y su idoneidad técnica en la tarea, que hago también extensiva a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tengo la certeza que así continuará el trabajo de este ministerio en manos de quienes hoy me acompañan en esta conferencia de prensa. También quiero destacar que en el acuerdo y en la disidencia hemos mantenido un diálogo fecundo y franco con los actores sociales, tanto con las organizaciones sindicales como con las cámaras empresariales.

Me llevo ese importante recuerdo y la convicción de que nuestro país debe siempre, tal como ha ocurrido en este periodo, mantener abiertos los canales de diálogo y respeto recíproco en el acuerdo y en el disenso. Como siempre, les deseamos a todos un primero de mayo de reafirmación y esperanza.