Junta Nacional de Drogas

El pasado 23 de septiembre de 2024, en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva de Montevideo, se llevó a cabo el evento organizado por la Junta Nacional de Drogas que reunió a personalidades clave de la región, representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y expertos en políticas de drogas y derechos humanos.

Acto de Apertura con importantes figuras nacionales e internacionales
La apertura contó con la participación de destacadas personalidades, estuvieron presentes Adam Namm, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, y Edgar Stuardo Ralón Orellana, comisionado relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad y contra la tortura de la CIDH.

En su discurso de apertura, el Dr. Rodrigo Ferrés, secretario de la Presidencia de la República y presidente de la Junta Nacional de Drogas, destacó el papel pionero de Uruguay en integrar los derechos humanos en sus políticas de drogas. “El país promueve, desde hace años, la integración de los instrumentos de derechos humanos en políticas de drogas, y así se han plasmado en las estrategias nacionales que los distintos gobiernos han implementado”, afirmó. Ferrés también señaló que es esencial un Estado presente que garantice los derechos de las personas y las comunidades, subrayando la necesidad de políticas equilibradas, integrales y centradas en las personas.

Conferencia Magistral
El evento incluyó una Conferencia Magistral a cargo de Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en América del Sur, quien abordó los "Desafíos en materia de Derechos Humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas".

Paneles de Discusión sobre Gestión de Riesgos y Reducción de Daños
El primer panel, titulado "Gestión de Riesgos y Reducción de Daños: un desafío de las políticas públicas", contó con la participación de figuras clave como Francisco Coy, embajador de Colombia en Uruguay, Heide B. Fulton, embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Pablo Cymerman de Intercambios (Argentina), Marta Machado, secretaria nacional de Políticas sobre Drogas de Brasil, y Agustín Lapetina, asesor de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay. Este panel, moderado por Alfonso Arocena, asesor técnico en Salud Mental y Uso Problemático de Drogas del MIDES (Uruguay), abordó las experiencias y desafíos de la región en la implementación de políticas de reducción de daños.

Panel sobre los Desafíos que enfrentan los Estados Miembros de la OEA
El segundo panel trató sobre los "Desafíos y retos que enfrentan los Estados miembros de la OEA para hacer frente a las complejidades del uso de drogas", contó con la participación de la vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, Beatriz Argimón, quien subrayó el compromiso del país con las políticas públicas de drogas que respeten los derechos humanos. También de Carmen Rodríguez, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Uruguay), Fany Pineda Miranda, subdirectora de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (México), y Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. El panel fue moderado por Antonio Lomba, jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICAD/OEA.

En el discurso de cierre, Daniel Radío destacó la importancia de adoptar un enfoque basado en evidencia en la formulación de políticas de drogas, y alertó sobre los peligros de abordar el problema desde una perspectiva simplista o ideológica. “Es preciso que reemplacemos la formulación de políticas públicas sustentadas en forma exclusivamente ideológica o intuitiva por políticas basadas en investigaciones rigurosas y sistemáticas”, subrayó Radío, haciendo un llamado a elevar el nivel del debate público y a evitar las soluciones superficiales.

Conclusión
El evento fue un éxito rotundo, generando un espacio de reflexión y diálogo entre los países de la región sobre cómo integrar los derechos humanos en las políticas de drogas. Uruguay reafirmó su compromiso en promover un marco normativo que priorice a las personas y sus derechos en el tratamiento de este complejo tema.