Junta Nacional de Drogas

El intercambio sobre diferentes tópicos de la temática contó con la presencia, además de referentes nacionales, de expertos internacionales. Participaron y expusieron: Tom Decorte, Fundador del Instituto de Investigación Social sobre Drogas de la Universidad de Ghent, Bélgica; Benedikt Fischer, Científico Principal del Departamento de Investigación Social y Epidemiológica del Centro de Adicción y Salud Mental (CAMH) de Canadá y el colombiano Juan Carlos Garzón-Vergara, asesor internacional en seguridad y reforma de políticas de drogas.

El congreso también contó con la presencia de Martin Jelsma, director fundador del Programa Drogas y Democracia en el Transnational Institute (TNI) de Amsterdam; Beau Kilmer, miembro de RAND Corporation de Estados Unidos donde codirige el centro de investigación sobre Políticas de Drogas y Stephanie Lake, asistente de investigación del Centro de Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia Británica (UBC).

El panel de cierre de actividades estuvo integrado por la investigadora de la Universidad Católica del Uruguay, Rosario Queirolo; el investigador y docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR y coordinador de Monitor Cannabis, Sebastián Aguiar y el docente e investigador de la Universidad ORT, Marcos Baudean. El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera fue el encargado de moderar el encuentro.

En la apertura, Olivera destacó la labor de los panelistas y su “contribución sustantiva al desarrollo de esta política” y subrayó la “importancia de la interacción entre lo jurídico, lo social y lo político como procesos que necesariamente deben estar interconectados” para llevar adelante el diseño de una política pública.

Por su parte, Rosario Queirolo señaló que durante los cinco años recorridos desde la aprobación de la normativa se han conocido diversidad de perspectivas. Propuso pensar qué debería poder mostrarse dentro de otros 5 años, a una década de implementada la norma, y qué es lo que está en el “debe” para una evaluación de la política pública.

Marcos Baudean hizo referencia a los logros de este proceso. En ese sentido, valoró la atención internacional debido a que plantea un modelo alternativo al modelo comercial que “va mucho más allá de los intentos de legalización o despenalización implementados en otros países”. Añadió que este nuevo escenario ha mostrado que la producción y la distribución reguladas por el Estado han sido posibles pero que poseen limitaciones que pueden retrasar la consolidación del mercado legal. Baudean afirmó, a modo de balance, que “necesitamos más investigadores en todas las áreas: sociales y científicas vinculadas a la salud” y que aún queda mucho por aprender en lo que respecta a coordinación para la implementación de políticas que involucren a múltiples actores del Estado y la sociedad civil.

Por su parte, Sebastián Aguiar explicó que Monitor Cannabis culmina un ciclo y en relación a la política de regulación del cannabis, dijo que se siente “orgulloso de vivir en un país que tomó esa decisión hace cinco años”. Brindó cifras a las que arribó el Monitor Cannabis y en ese sentido afirmó que en la actualidad, en materia de opinión pública, el acuerdo supera al desacuerdo en regulación del mercado. En cuanto a su cobertura afirmó que ese mercado de manera potencial “podría alcanzar el 42% de la cantidad consumida en el país”.  En relación a la distribución de la sustancia a través de farmacias dijo que si bien “es una política evidentemente exitosa, estamos ante una política que merece ser profundizada” porque la distribución de dos toneladas “no alcanza”. Y afirmó que esta política “ha logrado más que todo el aparato estatal organizado para eliminar el cannabis ilegal”. En cifras, dijo, se trata de unos U$S 28 millones anuales de los aproximadamente U$S 67 millones que mueve el mercado de cannabis. Comparó el cannabis producido por las empresas habilitadas por el Estado con el prensado de Paraguay y, en relación a este último, afirmó que “es un producto peligroso para la salud con un montón de efectos secundarios”. Agregó que a partir de la implementación de la Ley 19.172 “hay un gran riesgo sanitario sobre el cual se avanzó”.

Al cierre, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas celebró la capacidad crítica y el debate democrático de los intercambios y subrayó que “es lo único que nos permitirá avanzar”. Olivera afirmó que el encuentro también es la consecuencia de “una intencionalidad política que tiene como parte de sus motores una alianza entre el movimiento social y actores del sistema político, de partidos y gubernamentales que permitieron abrir una brecha de cambio innovador y transformación social”. Dijo que esta política instala, ya de manera indiscutible, una concepción alternativa al giro punitivo como única respuesta al control de los mercados y las economías ilegales.