Junta Nacional de Drogas

La actividad organizada por la Junta Nacional de Drogas (JND) y la Junta Departamental de Drogas de Rivera (JDD) contó con la presencia del Secretario General de la JND, Diego Olivera; por el Poder Judicial, la Jueza Gisele Machado; el representante de la Brasil de la Coordinación CAPS AD; el Director de Promoción y Acción Social de la Intendencia, Giovanni Conti; el coordinador del la JDD, Rafael Rivas y por CasAbierta /Frontera, María Elena Laurnaga.

Olivera explicó que estos encuentros profundizan el vínculo Estado–sociedad civil, fortalecen el intercambio de información y estado de situación entre instituciones y abonan el trabajo de la política pública de drogas en defensa de los derechos de las mujeres uruguayas. Dijo que estas instancias reflejan el espíritu descentralizador de la política y propician la recolección de insumos dentro de las instituciones del norte del país incluyendo jueces y fiscales, integrantes del Ministerio de Desarrollo Social, de los dispositivos Ciudadela.

Añadió que desde la Secretaría Nacional de Drogas (SND) se han definido nuevos referentes regionales y que el volumen de participación se ha incrementado sensiblemente.

En relación al tema del encuentro, señaló que tiene mucho que ver con el componente Equidad Social de la Estrategia Nacional de Drogas (END) y dentro de éste, la dimensión Equidad de Género. En ese sentido, señaló que la perspectiva de género resulta “fundamental para una política de drogas inclusiva basada en Derechos Humanos”.

Para Olivera, el encuentro “toca uno de los componentes más sensibles que es el encarcelamiento de mujeres por situaciones de microtráfico, por infracciones a la ley penal” y señaló esto se circunscribe a otro objetivo de la END sobre aplicación justa de la normativa, que consiste en evaluar las implicancias de la aplicación de las distintas leyes que componen la normativa sobre drogas.

Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento – Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe

Olivera dijo que en Uruguay el porcentaje de mujeres privadas de libertad por delitos de drogas se ha incrementado y esto impacta no solo en sus trayectorias personales sino en las familiares, sobre todo, en los vínculos con hijos tomando en cuenta que muchas de ellas son jefas de hogar.

Señaló que esta instancia, como la de similares características realizada en el pasado año en Paysandú, refleja el espíritu descentralizador de la política. También propicia la recolección de insumos dentro de instituciones del norte incluyendo jueces y fiscales, integrantes del Mides y de dispositivos Ciudadela para la adaptación de la publicación - Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe, patrocinada por la CIM–OEA (Comisión Interamericana de Mujeres-Organización de Estados Americanos), Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA), International Drug Policy Consortium (IDPC) y la organización Dejusticia.

Movidos por la intención de que el sistema de Justicia y en especial el sistema de encarcelamiento y rehabilitación atienda e incorpore la dimensión social de la problemática del microtráfico y participación de las mujeres, es que desde la las áreas de Atención y Tratamiento, Prevención y Equidad Social de la JND se participa de manera activa en la adaptación al contexto uruguayo de la política de drogas en América y el Caribe.