Junta Nacional de Drogas

En la apertura del Seminario, la Presidenta de la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en Drogas (RIOD), Margarita Sánchez Villegas, señaló que “cada vez hay más personas con problemas de drogas y más personas en situaciones de vulnerabilidad y marginalidad”. Agregó que “urge el replanteamiento de las políticas represivas de drogas y el aumento presupuestario que redunda en políticas de reducción de la demanda mucha más inclusivas para las personas con adicciones”. Llamó a no olvidar que “el problema de las drogas está también asociado con indicadores de desventaja social y económica”. Dijo que “mientras se privilegian políticas de represión a la oferta, las organizaciones que se lucran con el consumo de sustancias psicoactivas utilizan estrategias agresivas de mercado que agudizan el consumo y la vulnerabilidad social”.

El representante en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Giovanni Escalante, celebró este tipo de encuentros que contribuyen “a la generación de políticas cada vez más coherentes a favor de la salud y el desarrollo humano sostenible”. Añadió que la premisa fundamental “es mirar a la salud desde el derecho” y subrayó que “las personas tienen derecho a servicios de salud integrales, a servicios sociales, en el marco de la protección social”. Alertó sobre la baja en el promedio de edad de inicio del consumo de drogas y remarcó que las habilidades para la vida proveen de una capacidad de respuesta ante la presión social que lleva al consumo de drogas.

Por su parte, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, destacó la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de las políticas de drogas y en particular en la red nacional de atención y tratamiento en drogas de Uruguay. Olivera señaló que en el país, las políticas públicas de atención y tratamiento “se han enriquecido de los aportes de la sociedad civil, no solamente en su capacidad de implementación a nivel territorial”.

Olivera señaló que se debe trabajar en el concepto de integralidad de las políticas públicas de drogas “para que no haya un divorcio entre las políticas de control y represión al narcotráfico con las políticas de inclusión, de trabajo social, de trabajo asistencial”, dijo. Añadió que “tenemos que trabajar para que las políticas de drogas se articulen armónicamente con la matriz de derechos humanos y con la matriz de los objetivos de desarrollo sostenible”.

Dentro de las exposiciones y mesas de trabajo, se abordarán temas como: El camino hacia una atención universal basada en el paradigma de salud pública y los derechos humanos; La atención integral y centrada en la persona; “Reducción de daños. Concepto y buenas prácticas; Experiencias de intervención y modelos de tratamiento y Abordaje integral comunitario de los consumos problemáticos de drogas, entre otros.

El Seminario cuenta con financiación de la Delegación del Gobierno para el  Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España y de la Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. También con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). Suman su colaboración al evento la CICAD-OEA, Programa COPOLAD II, Organización Panamericana de la Salud, Junta Nacional de Drogas, Intendencia de Montevideo y Encare de Uruguay.