Ley 19.172

Regulación y control del cannabis - Visión política y mojones en el camino de la implementación

En el XXI Seminario Iberoamericano sobre drogas y cooperación: la intervención en drogas desde la ética, la calidad y el rigor metodológico, que se desarrolla en Montevideo, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, expuso acerca de la implementación del marco regulatorio integral sobre cannabis en Uruguay.
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Olivera señaló que la normativa regulatoria debe ser vista como una manera de repensar la política de drogas a partir de un nuevo consenso a partir del fracaso del prohibicionismo.

En relación al camino recorrido por Uruguay, dijo que la trayectoria evolutiva de la política de drogas posibilitó el planteamiento de una alternativa al prohibicionismo. Añadió que “esa alternativa tiene que generar una nueva estructura para el control de los mercados de drogas donde se apunte a desplazar el crimen organizado de los mercados de drogas y a proteger a las personas que deciden usar estas sustancias”.

Explicitó las implicancias de la Ley 19.172 de regulación y control de cannabis en Uruguay, cómo se ha establecido y cuál es la visión política que guía la regulación de esta sustancia. También explicó los grandes mojones en el camino de implementación de la regulación.

Dijo que la Ley 19.172 “se considera integral, que tiene un componente que establece excepcionalidades a la ley de drogas de 1974, que engloba los lineamientos de las convenciones internacionales sobre drogas. Explicó la importancia de los tres decretos reglamentarios sobre cannabis no médico, cáñamo industrial y para el utilizado con fines de investigación científica y medicinal como “la bajada a tierra de la ley”.

Señaló que la normativa, conjuntamente con la de matrimonio igualitario y la de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, se integra a una nueva agenda nacional de derechos que contó con una fuerte participación de la sociedad civil. Olivera enfatizó en que el modelo regulatorio uruguayo hace foco en la salud pública, la reducción de daños y los derechos humanos.

En relación a la normativa sobre cannabis, afirmó que “el Estado conserva una gran capacidad de control” aunque no es el productor de la sustancia. En ese sentido, subrayó que “el Estado llega hasta el otorgamiento de servicios y el contralor de ejecución de esos permisos”, añadió que “no es una regulación centrada en el mayor despliegue posible del mercado comercial y un Estado recaudando a partir de eso”, dijo.

Según el Secretario General de la JND, “hay una sustancia que produce daño para la salud pero que está fuertemente condicionada por la administración de grupos criminales y el Estado identifica que eso incrementa el daño sobre la población y genera riesgos asociados no solamente para los consumidores sino para la sociedad toda”. Eso lleva, explicó, a que el Estado tome el control del mercado bajo estrictas reglas por tratarse de un producto nocivo para la salud.

En relación al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) explicó que responde a la figura de persona jurídica de derecho público no estatal y es la institución encargada de regular y fiscalizar las actividades relativas al cannabis desde la plantación al expendio en todas las modalidades: industrial, medicinal, investigación y uso no médico. Asimismo, el IRCCA propone y promueve acciones de reducción de riesgos y daños asociados al uso problemático del cannabis.

Olivera también relató que la ley habilita tres formas de acceso al cannabis no médico: cultivo doméstico, clubes de membresía y dispensación en farmacias. Para cualquiera de estas vías de acceso el usuario debe registrarse ante el IRCCA. Para ello debe ser mayor de 18 años y ser uruguayo o poseer residencia permanente en el país.

Sobre el empaquetado del cannabis que se dispensa en farmacias, explicó que cuentan con una estampilla de autenticación que favorece la certificación sobre el origen y trazabilidad del producto.

Para el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, el modelo regulatorio que se dio Uruguay posibilita una permanente innovación a nivel social, legal y empresarial; promueve la investigación científica y la oportunidad de adecuada identificación de nuevos usos del cannabis.

Es de destacar que esta nueva política pública otorga un papel fundamental a la evaluación y monitoreo de la propia normativa y de su implementación.

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