Junta Nacional de Drogas

“Abogamos por un enfoque integral y equilibrado de la política de drogas. Por su debida adecuación con los instrumentos internacionales de derechos humanos, tal como afirma la Resolución 51/12 del 2008 que insta a la cooperación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/ONUDD) para una adecuada integración de los tratados internacionales de fiscalización de drogas con los instrumentos de derechos humanos”, sostuvo Cánepa este jueves.

El jerarca preside la delegación, que también integran el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, y el embajador de Uruguay en Austria, Carlos Alejandro Barros, en la 57.ª Sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena.

Uruguay insistió en estos años —sostuvo Cánepa—, en promover un debate amplio y fecundo sobre el modelo actual  conocido como “guerra contra las drogas”. “Constatamos que sigue habiendo varios enfoques, la aplicación de la estrategia generalmente no es equilibrada y es necesario el diálogo que nos permita avanzar para cumplir con los objetivos de las Convenciones”, indicó.

“Vemos con agrado que a nivel de ONUDD se haya planteado la discusión de la despenalización de consumo de marihuana, hecho este que ocurre en Uruguay desde hace 40 años”, recordó.

Cánepa destacó que en 2010, en un total de 238 muertes directas relacionadas con el consumo de drogas, ninguna tuvo relación con el consumo de marihuana.

Por otra parte, hizo mención a la 5.ª Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en hogares de mayo de 2012, que evidenció que 128.000 personas habían consumido marihuana en los últimos 12 meses, 21.000 personas presentan signos de uso problemático y existen 75.500 consumidores habituales de marihuana.

Las drogas más consumidas en la población de 15 y 64 años son el alcohol y el tabaco seguidas de tranquilizantes y marihuana.

“Estos datos muestran que la especificidad del uso indebido de drogas en Uruguay se caracteriza por dos elementos sobresalientes: el mercado ilegal de marihuana es el más importante entre las sustancias de producción y comercialización ilegal, y se registran 80 muertes violentas por causas relacionadas al narcotráfico; no se registran muertes por el uso indebido de marihuana”.

Realizando un breve informe sobre la recientemente aprobada Ley de Regulación del Mercado de Cannabis, reafirmó que busca establecer un marco normativo para regular el mercado del cannabis, a efectos de reducir potenciales daños en aquellas personas que usan marihuana con fines recreativos o medicinales.

Al tener que abastecerse en el mercado ilegal, advirtió, se ven involucrados en actividades delictivas y en prácticas de alto riesgo y se exponen, al contacto con drogas con mayor riesgo tóxico, como por ejemplo la pasta base de cocaína.

En este contexto, reiteró que la ley prohíbe en su artículo 11, toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, auspicio o patrocinio de los productos de cannabis psicoactivo por cualesquiera de los diversos medios de comunicación.

“Es necesario reafirmar ante ustedes nuestra convicción que las políticas que estamos desarrollando se enmarcan plenamente en el espíritu de las convenciones y por ello queremos remarcar que compartimos enteramente la contribución del Director Ejecutivo de la UNODC/ONUDD cuando en su informe ante esta asamblea sostiene que en la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas sigue habiendo dificultades que es preciso reconocer y debatir abiertamente”.

“Y cuando agrega que es importante reafirmar el espíritu original de los tratados, que se centra en la salud. Los tratados no pueden interpretarse como una justificación, y mucho menos una exigencia, de un régimen prohibicionista”.

“La propuesta uruguaya comparte enteramente la contribución del director ejecutivo cuando señala que es necesario diferenciar entre las cuestiones penales y las de salud pública, ya que las actividades de justicia penal se centran en el aspecto delictivo del tráfico de drogas y las de salud pública en medidas con base empírica para la prevención y el tratamiento de personas que sufren trastornos ocasionados por el consumo de drogas, considerando a los consumidores de drogas como pacientes en tratamiento por una enfermedad crónica y no como delincuentes”, sostuvo Cánepa haciendo alusión al reciente informe del ruso Yuri Fedotov.