Prisión preventiva en américa latina: el impacto desproporcionado en mujeres privadas de libertad por delitos de drogas

Informes

Un nuevo informe detalla cómo las duras políticas de drogas han estimulado el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, quienes pueden pasar meses o incluso años encerradas por delitos no violentos relacionados con las drogas antes de poner un pie en una corte.

Los datos compilados y analizados por tres organizaciones de defensa de los de derechos humanos, investigación e incidencia —la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) y Dejusticia— encontraron que en la mayoría de América Latina una proporción mayor de mujeres que de hombres esperan juicio tras las rejas. En muchos países, un porcentaje significativo de estas mujeres están encerradas por delitos de drogas no violentos. El informe subraya la necesidad crítica de los formuladores de políticas en toda la región de reformar las estrictas leyes sobre drogas y restringir el uso de la prisión preventiva.

El informe encontró que, en medio de un aumento dramático en la población de mujeres privadas de libertad en América Latina en los últimos 20 años, un porcentaje significativo de mujeres languidecen en prisión preventiva. En países como México, el porcentaje de mujeres en prisión preventiva es aproximadamente un 20 por ciento más alto que para los hombres. En Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, alrededor de la mitad de las mujeres en prisión preventiva están encarceladas por delitos de drogas.

Si bien varios países latinoamericanos han tomado medidas en los últimos años para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, estas medidas siguen siendo limitadas. El informe recomienda un número de reformas incluyendo la adopción de restricciones legales para limitar su uso a casos excepcionales, la promoción de alternativas sin custodia y la eliminación de la obligación de imponer la prisión preventiva por un tipo específico de delito, como los delitos relacionados con las drogas. Todas estas medidas deben incorporar un enfoque específico de género para aliviar el impacto desproporcionado de la prisión preventiva en las mujeres. Por ejemplo, el uso de la prisión preventiva debe ser prohibido para mujeres embarazadas o mujeres con dependientes.

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