10 condenados tras operativo antidrogas en Mercedes
El caso se originó a partir de actuaciones iniciadas en setiembre de 2025 por la Fiscalía en coordinación con la Brigada Departamental Antidrogas de Jefatura de Policía de Soriano. A lo largo de la investigación se logró establecer la existencia de varios puntos de venta que operaban en distintas viviendas de la ciudad.
Los procedimientos policiales incluyeron múltiples allanamientos simultáneos en diferentes domicilios. En esos operativos se incautaron drogas, teléfonos celulares, dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, balanzas de precisión y otros objetos vinculados a la actividad ilícita. También se requisaron vehículos y bienes adquiridos presuntamente con dinero proveniente del narcotráfico.
Según la Fiscalía, las tareas de vigilancia, interceptación de comunicaciones y declaraciones de consumidores permitieron reconstruir el funcionamiento de la red, identificar a sus integrantes y determinar los roles que cada uno cumplía dentro de la organización.
Además de la comercialización de estupefacientes, la causa incluyó otros delitos graves. Entre ellos, una rapiña cometida con arma de fuego para sustraer una motocicleta y un episodio en el que un hombre resultó con lesiones graves tras recibir disparos en las inmediaciones de uno de los puntos de venta.
Uno de los hechos más relevantes involucra a una mujer que, según la investigación, suministraba drogas en su domicilio y cuyo hijo lactante presentó intoxicación por cocaína, con riesgo de vida, lo que derivó en la condena por lesiones graves agravadas.
El caso se resolvió mediante un proceso abreviado, en el que los involucrados admitieron los hechos. La Fiscalía calificó las conductas bajo distintos delitos, entre ellos negociación y suministro de estupefacientes agravados, asistencia al narcotráfico, porte y tráfico de armas y municiones, rapiña, receptación y lesiones graves.
Las penas impuestas, todas de cumplimiento efectivo, van desde dos años y seis meses hasta siete años de penitenciaría, dependiendo del grado de participación y la gravedad de los delitos atribuidos a cada condenado.
Además, se dispuso el decomiso y destrucción de las sustancias incautadas, así como la confiscación de dinero y bienes vinculados a la actividad ilícita. También se ordenó el decomiso de armas y su remisión a las autoridades competentes para su destrucción o eventual reutilización institucional.