Fiscalía General de la Nación

El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, participa de forma virtual el 4 y 5 de noviembre de la 28ª Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que este año estará coordinada por el Ministerio Público de Chile, quien ejerce la Presidencia de la AIAMP. La sesión inaugural será dirigida por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, junto a la Fiscal General del Estado del Reino de España, Dolores Delgado, quien ejerce la Secretaría Técnica de la Asociación.

La crisis sanitaria mundial ha confirmado que las respuestas nacionales no son suficientes a los desafíos globales. Por ello, la AIAMP ha puesto énfasis en el análisis de situaciones sobre distintos temas en los que la pandemia ha alcanzado a la justicia penal y en los que la coordinación y la cooperación internacional son imprescindibles.

En la Asamblea se presentará el resultado de un año de gestión de las diferentes Redes Permanentes y Grupos de Trabajo que han elaborado protocolos y directrices en distintas temáticas clave para proteger los derechos de la ciudadanía, imponer el imperio de ley y procurar la reparación de las víctimas. Estas Redes cuentan además con el apoyo de la Unión Europea y de organismos de cooperación multilateral. Entre ellos, son socios estratégicos el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, que apoya a la Red Especializada en Temas de Género, al Grupo de Protección de Víctimas y Testigos y a la Red Anticorrupción; el Consejo de Europa, que colabora con CiberRed; ILANUD, que asiste al Grupo de Trabajo sobre Justicia Juvenil Restaurativa; el programa El PAcCTO, que apoya la Red de Cooperación Penal Internacional, la Red de Fiscales Antidroga y el Grupo de Recuperación de Activos y Decomisos; y UNODC, que trabaja con la Red Antidroga y con la Red de Trata de Personas.

Durante la Asamblea se presentará para aprobación la versión actualizada de las “Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos”, documento elaborado con el apoyo de EUROsociAL+ y cuyo texto original, de 2008, contiene recomendaciones concretas para los máximos responsables de los Ministerios Públicos y Procuradurías. La actualización propuesta tiene un impacto directo en la cohesión social, ya que supondrá un mayor acompañamiento a las víctimas, quienes además de ser atendidas y protegidas, podrán acceder a recursos asistenciales y sociales. Para ello, las Guías enfatizan la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y habilitan a los Fiscales o Procuradores nacionales para que propongan reformas normativas o impulsen políticas públicas que aseguren estos servicios, que van más allá del proceso penal.

El contenido del documento constituye un hito trascendental para la región en el derecho de la ciudadanía a un acceso adecuado y eficaz a la justicia. Con ello visibiliza una mirada de los Ministerios Públicos mucho más amplia sobre el fenómeno delictivo, y hace patente que en su función de protectores de la legalidad es prioritaria la atención y de las víctimas y los testigos.

Las Guías incluyen, también, el tratamiento a “los confidentes” para garantizar la eficacia de los procedimientos y su seguridad. Asimismo, se amplía el campo de actuación de las Fiscalías para proteger a otros actores procesales, como personas privadas de libertad, a los jueces, peritos, o cualquier funcionario o funcionaria público que pueda sentirse amenazado en un proceso judicial.

A su vez, se presenta en esta instancia el resultado de distintos grupos de trabajo en el ámbito de la AIAMP: Presentación de la Red de Fiscales contra la Corrupción (a cargo de Brasil), Red de Minería Ilegal (Colombia), Red de Ciberdelincuencia (Portugal), Red Especializada en Género (Argentina), Red de Trabajo de Principios Éticos (Uruguay) Grupo de Justicia Juvenil Restaurativa (Chile).