4 imputados por diferentes casos de delitos sexuales de los últimos días
Las Fiscalías Departamentales de San Carlos de 1º y 2º turno, solicitaron la formalización de la investigación en varios casos, a partir de la creación de los nuevos Juzgados Especializados en violencia de género, doméstica y sexual.
En el primer caso, la Fiscalía Departamental de San Carlos de 1° turno imputó a un hombre, de iniciales C.S.A.V., por la presunta comisión de un delito de abuso sexual agravado por tratarse de una persona con autoridad sobre la víctima y por tratarse de una víctima menor de 18 años de edad, en calidad de autor, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 a 3, 18, 60 numeral 1, 272 BIS y 279 literales A) y C) del Código Penal.
En abril del corriente año, la madre de la víctima (de 7 años de edad) radicó denuncia por un presunto abuso sexual por parte de su pareja. La madre de la víctima salió de su casa a hacer unos mandados y dejó a sus tres hijos al cuidado de su pareja. Cuando retornó a su domicilio encontó a sus dos hijos varones en el living y la puerta del dormitorio trancada. Al golpear le abrió la puerta su hija, y sospechó que se encontraba ante una situación de abuso sexual. Posteriormente, la señora logró hablar con su hija quien le develó la situación de abuso padecido, agregando que no quería contar nada porque tenía miedo que el indagado le pegara. Este relato fue luego sostenido ante el Médico Forense.
Una vez realizada la denuncia, se activó el Protocolo de Abuso Sexual en el prestador de salud de la niña, siendo valorada por el equipo multidisciplinario, quienes recibieron el relato los hechos y se recabó material biológico para el análisis por parte de Policía Científica.
La Fiscalía cuenta hasta el momento con la siguiente evidencia: declaración de la madre de la víctima en sede de Fiscalía, informe de servicio de pediatría del prestador de salud de la víctima, pericia forense de la víctima.
Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por el término de 180 días.
En el segundo caso, la Fiscalía Departamental de San Carlos de 2° turno, imputó a un hombre, de A.J.S.S., por la presunta comisión de reiterados delitos de atentado violento al pudor agravado, un delito de abuso sexual y reiterados delito de desacato agravado, todos ellos en régimen de reiteración real, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 a 3, 18, 54, 60 numeral 1º, 173 infine, 272 BIS y 273 del Código Penal.
En diciembre de 2020, la víctima junto a su hermana efectuaron denuncia contra su padrastro, por presunto abuso sexual contra la hija de una de ellas (de 3 años de edad). Las denunciantes expresaron que estaban celebrando la Navidad en la casa de su madre junto a su padrastro, y la víctima, que estaba en el cuarto durmiendo, comenzó a llorar, al mismo tiempo observaron a su padrastro como iba y venía al baño. La mujer fue hasta el dormitorio, donde la niña realizó un relato sobre el abuso padecido.
La denunciante expresó que tanto ella como su hermana también fueron víctimas de hechos de violencia sexual por parte de la misma persona, por lo que no dudaron en creer en el relato de la niña.
El 17 de marzo, se identificó un incumplimiento por parte del ahora imputado respecto de las medidas de protección dispuestas oportunamente hacia las víctimas. Ante esto, se procedió a su detención. Asimismo, la denunciante expresó que sus hermanas estaban en comunicación con el indagado, por lo que se incautó el celular de S. Del relevamiento realizado por Policía Científica surgen comunicaciones, tales como llamadas y mensajes de textos.
La Fiscalía cuenta hasta el momento con la siguiente evidencia: pericia psicológica de una de las víctimas adultas, donde surge que cuando era niña entre 5 y 6 años hasta sus 9 años de edad fue víctima de abuso sexual y se relevan indicadores coincidentes con los delitos denunciados, declaración de las denunciantes, pericia medico forense de la niña, testimonio de expediente de Juzgado con competencia en familia especializada.
Se solicitó y dispuso como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por el plazo de 120 días.
Por la tercera investigación, la Fiscalía Departamental de San Carlos de 2° turno imputó a un hombre, de iniciales R.G.C., por la presunta comisión de un delito de almacenamiento de material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 a 3, 18, 60 numeral 1º del Código Penal y artículo 2º de la Ley 17.815.
En marzo del presente año, se recibió a través de la Línea Azul una denuncia anónima en donde se señalaba que el ahora imputado estaba en un almacén de la ciudad de San Carlos hablando con otro hombre y expresando que le pagaba a una mujer para que su hija de 14 años de edad le realizara prácticas sexuales y le mostraba los mensajes. En virtud de dicha denuncia, se incautó el teléfono celular de C. En un inicio tenía todo el contenido de su celular eliminado, pero Policía Científica logró recuperar gran parte del mismo. Dentro de los elementos encontrados en el dispositivo, se hallaron múltiples imágenes de contenido íntimo de la víctima, una adolescente de 15 años de edad. Se realizó pericia forense a la víctima, de la cual surge un relato coincidente con los hechos investigados.
Se cuenta hasta el momento con la siguiente evidencia: denuncia anónima efectuada a través de la “Línea Azul”, informe de Policía Científica con el relevamiento del celular del imputado, registros fílmicos y fotográficos recuperados del celular incautado, pericia Médico Forense de víctima.
La Fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por el lapso de 120 días.
Por último, la Fiscalía Departamental de San Carlos de 2° turno imputó y obtuvo la condena mediante proceso abreviado respecto de M.G.F.A. por un delito de violación de domicilio, en concurso formal con reiterados delitos de violencia doméstica agravado por ser la víctima mujer y reiterados delitos de desacato agravado por tratarse de incumplimiento de medidas cautelares dispuestas en procesos de protección ante la violencia basada en género, doméstica o sexual, en calidad de autor, de conformidad con lo establecido en los artículos 173 infine, 294 y 321 BIS del Código Penal.
En octubre de 2021, la víctima radicó denuncia contra el ahora condenado por episodios de violencia doméstica física, psicológica y ambiental. F. en medio de una discusión con la víctima la escupió, le tiró de los pelos y la insultó. En dicha oportunidad, el Juez con competencia en familia especializada, dispuso medidas cautelares de prohibición de acercamiento y/o comunicación recíprocas por el plazo de 180 días y por un radio de 500 metros.
En enero del presente año, la víctima volvió a denunciar incumplimientos a las medidas cautelares y situaciones de violencia doméstica. El 6 de marzo, F. ingresó al domicilio de la víctima generándose nuevos episodios de violencia doméstica. En esa oportunidad la víctima fue atendida en su prestador de salud donde se constataron las lesiones. Posteriormente, las situaciones de violencia por parte del ahora condenado, continuaron sucediendo. El 8 de marzo, cuando la víctima volvía a su domicilio vio que F. se encontraba nuevamente en su domicilio. Allí se generó una discusión y el indagado agredió físicamente a la víctima.
El 10 de marzo fue formalizado y se solicitó la prisión preventiva de F. pero el Juez interviniente dispuso el arresto domiciliario total, ante lo cual la Fiscalía interpuso el recurso de apelación el cual fue tramitado ante el Tribunal de Apelaciones de 3º turno, quien revocó el arresto domiciliario y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 90 días de conformidad a lo solicitado por la Fiscalía.
Finalmente, se logró arribar a un proceso abreviado entre la Fiscalía y el imputado y su Defensa, por el que fue condenado a la pena de seis meses de prisión a cumplirse de la siguiente forma: tres meses de prisión efectiva y tres meses bajo el régimen de libertad a prueba, debiendo fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la seccional policial de su domicilio y prestar servicios comunitarios. Además se le impuso la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y la obligación de portar dispositivo de monitoreo electrónico por todo el plazo de la condena.
La Fiscalía contó con la siguiente prueba: declaración de la víctima, certificado médico que constata las lesiones, actas de notificación de las medidas cautelares dispuestas, audios de los llamados de la víctima a DIMOE.
Nota: Este texto fue elaborado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para su difusión pública.