Adolescente responsabilizada por agresión a trabajadora de la educación
Como consecuencia de lo actuado, se impuso a la adolescente una medida socioeducativa no privativa de libertad, consistente en siete meses de libertad asistida, así como la prohibición de comunicación y de acercamiento respecto de la víctima, a fin de resguardar su integridad y evitar cualquier situación de revictimización.
Las agresiones contra quienes desempeñan tareas educativas no constituyen hechos aislados ni admisibles, pues afectan no solo a las personas directamente involucradas sino también al derecho de niños, niñas y adolescentes a aprender en entornos seguros y respetuosos.
Asimismo, se destaca que el abordaje de los casos en que participan adolescentes se rige por los principios de especialidad, respuesta proporcional y finalidad socioeducativa, procurando que la intervención del sistema penal juvenil promueva la responsabilización y la reinserción social de la persona menor de edad.