Adolescente responsabilizado por cinco homicidios muy especialmente agravados
De acuerdo con la investigación, en la mañana del 10 de julio de 2026, cuatro hombres llegaron en dos motocicletas a una vivienda del barrio El Monarca. Vestían ropa de trabajo con elementos reflectivos y llevaban cascos. Tras ingresar al predio escalando un muro perimetral, comenzaron a efectuar disparos contra las personas que se encontraban en el interior. Algunas de las víctimas estaban acostadas, mientras que otras se encontraban en el sector de la cocina.
Cuatro personas murieron en el lugar. Una quinta víctima, que había resultado herida, fue trasladada para recibir asistencia médica, pero falleció durante el traslado. Los autores abandonaron la vivienda aproximadamente dos minutos después de su llegada y huyeron en las mismas motocicletas.
Las actuaciones permitieron establecer que el ataque habría estado motivado por una disputa ocurrida aproximadamente una semana antes entre una de las víctimas y un hombre del barrio.
La investigación incluyó el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, que permitieron reconstruir los desplazamientos de los presuntos autores antes y después del ataque. También se realizaron pericias biológicas y balísticas, autopsias y el análisis de un teléfono celular incautado durante el procedimiento.
De este último surgieron conversaciones en las que el adolescente reconocía su participación en los hechos y manifestaba haber recibido dinero para cometerlos. Asimismo, se identificaron registros fotográficos y otros elementos coincidentes con las características de las armas, los vehículos y la vestimenta utilizados en el ataque.
Finalmente, el adolescente admitió su responsabilidad ante la Justicia y, con el acuerdo de las partes, la causa se tramitó mediante el proceso simplificado. Fue declarado responsable de cinco infracciones gravísimas previstas en la ley penal como homicidios muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, en régimen de reiteración real. En consecuencia, se dispuso una medida socioeducativa privativa de libertad consistente en su internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por un plazo de seis años.