Aprobada recientemente

Carta de Principios Éticos de AIAMP

El Grupo de Trabajo fue coordinado por la Fiscalía de Uruguay.
Imagen meramente ilustrativa

En la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), celebrada los días 5 y 6 de setiembre de 2018 en la Ciudad de México, surgió la necesidad de elaborar un Código de Ética Iberoamericano que orientara el actuar de los Ministerios Públicos Iberoamericanos como institución pública que debe cumplir sus atribuciones respondiendo con autoridad, transparencia y eficacia, a la satisfacción del interés público y del bien común de la sociedad que representa.

En este sentido, se inició en el ámbito de la AIAMP, en tanto espacio de reflexión, estudio y debate conjunto sobre las distintas cuestiones que preocupan a los integrantes del Ministerio Público un proceso de construcción conjunto de un instrumento modelo para consolidar una cultura ética en el desempeño de la función fiscal asignada por las normas vigentes.

Ese Grupo de Trabajo de Principios Éticos, fue coordinado por la Fiscalía de Uruguay, por el Departamento de Cooperación Internacional, dirigido por Gabriela Aguirre.

Dicha Carta de Principios Éticos fue aprobada en el marco de la XXIX Asamblea General de la AIAMP celebrada en julio de 2022 en Cartagena de Indias, Colombia.

“Dotar a los equipos fiscales de principios éticos que orienten su actuación desde una perspectiva transversal de Derechos Humanos y de género resulta prioritario para enfrentar los desafíos que supone el Ministerio Público contemporáneo en nuestra región”, expresa la exposición de motivos de la carta.

“Más allá de los diversos diseños institucionales, modos de intervención y cometidos atribuidos a los distintos Ministerios Públicos por las respectivas leyes internas y las particularidades propias de cada uno, la realidad regional actual muestra una cultura compartida que otorga una identidad común a las Fiscalías Iberoamericanas”, agrega.

“El rol relevante atribuido a los Ministerios Públicos en la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y otros fenómenos criminales transnacionales exige Fiscalías empoderadas y transparentes, con una conducta íntegra, libre, independiente y responsable de sus fiscales”, concluye.

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