Fiscalía General de la Nación

En el primero de ellos, L.G.G.A., de 45 años de edad, fue imputado como presunto autor de reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, un delito de violencia doméstica y un delito de desacato agravado, todos ellos en régimen de reiteración real de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54, 60.1, 172 num 2, 173, 272 TER, 273 y 321 BIS del C. Penal.
El imputado mantuvo una relación de pareja con la madre de las víctimas, desde el año 2013 hasta mediados de 2018. En el transcurso de esta relación se dieron diversas situaciones de violencia doméstica hacia la madre y también hacia las niñas. Por este motivo, las niñas manifiestan un miedo constante por la posibilidad de que su madre sufra algún daño por parte de su ex pareja.
En el mes de setiembre de 2018, las víctimas relatan en su escuela una situación de abuso sexual por parte de su padre. Posteriormente, relataron a su madre que eran abusadas por su padrastro, quien las había amenazado y obligado a inculpar a su padre.
Según surge de los informes y la pericia psiquiátrica, los abusos comenzaron a una de ellas a los 6 o 7 años, a quien obligaba a guardar el secreto. De la pericia realizada a la otra niña surge que desde que el padrastro se instaló en su casa, el mismo les decía que las amaba, les compraba cosas y a veces les daba dinero. En ciertas ocasiones el imputado la amenazaba para que guardara el secreto. A los 9 años empezó a mostrarle material pornográfico, incluso le sostenía la cabeza para que no mirara para otro lado. Los tocamientos con el tiempo fueron más invasivos, llegando a la penetración.
Se dispusieron medidas cautelares y durante la vigencia de estas, el imputado persiguió a una de las víctimas a la salida del centro de estudios, amenazándola con un arma de fuego en la cabeza.
De las pericias realizadas surge que la víctima desarrolló “una sintomatología congruente con las situaciones de abuso sexual relatadas. Se observan profundas vivencias de indefensión, pérdida de seguridad y vulnerabilidad por causa de abuso sexual crónico.”
Por otra parte, una prima de las víctimas mencionadas, de 13 años de edad, recordó una situación en la que el imputado intentó abusar de ella y al resistirse la amenazó que si decía algo, mataría a sus hermanas”. Asimismo manifestó haber presenciado una situación de abuso hacia sus primas.
La Fiscalía cuenta con la siguiente evidencia: declaración de la maestra de la escuela, declaración de la prima de las víctimas, informe del prestador de salud de las víctimas, pericias psicológicas y psiquiátricas de las víctimas, declaración del imputado en presencia de su defensa, entre otras.
La fiscal Lovesio solicitó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 180 días para recabar los restantes medios de prueba y como forma de protección de las víctimas, dado que una de ellas fue amenazada de muerte por el imputado. Además, según manifestaciones de la madre de las niñas, el imputado fue denunciado en reiteradas oportunidades por hechos de violencia doméstica.
En otro caso, J.W.P.A., de 32 años de edad, fue imputado como presunto autor de un delito de violencia doméstica agravado, un delito de abuso sexual especialmente agravado y reiterados delitos de abuso sexual, todos en régimen de reiteración real de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54, 60.1, 272 BIS, 272 TER y 321 BIS del Código Penal.
En agosto de 2019 la madre de las víctimas (de 16 y 17 años de edad) se presentó a radicar denuncia por abuso sexual y violencia doméstica por parte del ahora imputado, su padrastro.
Las adolescentes relataron que desde marzo de 2019 su padrastro abusaba sexualmente de ellas cuando su madre se encontraba trabajando. Los abusos consistían en tocamientos llegando a la penetración. Además, las amenazaba para que no contaran nada.
Asimismo todo el núcleo familiar sufrió durante años violencia física, verbal y psicológica, teniendo a todos amenazados lo que impedía generar movimientos de protección por miedo a represalias.
Las víctimas develaron estas situaciones violentas y abusivas a operadores de una ONG, donde las adolescentes concurrían en busca de apoyo y protección. Los técnicos de la ONG ayudaron para que las adolescentes le revelaran los hechos a su madre.
Del informe realizado por la médica psiquiatra así como de las pericias psicológicas se destacan relatos y emociones coherentes con los hechos denunciados.
Es de destacar que luego de la denuncia presentada las víctimas se encontraban en una situación de riesgo y vulnerabilidad tan extrema que junto a su madre y hermanos fueron ingresados a un hogar para mujeres con hijos. Posteriormente, la madre de las adolescentes retomó su relación con el imputado lo que implicó un grave riesgo y retroceso para las víctimas por lo que el Juzgado de Familia Especializado resolvió institucionalizar a las hermanas en hogares de INAU.
Las medidas de protección hacia las adolescentes no fueron respetadas por el imputado, según informe aportado por la ONG.
La Fiscalía cuenta con la siguiente evidencia: declaración de la madre de las adolescentes, informe de la ONG que se encuentra interviniendo con las adolescentes, pericias psicológica y psiquiátricas de las adolescentes, informe del prestador de salud, informes del Proyecto calle de la ONG, testimonio del expediente de Juzgado de Familia, declaración del imputado en presencia de su defensa, entre otros.
La fiscal Lovesio solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, ya que existe riesgo de fuga dado que el imputado se encuentra desempleado y no tiene domicilio fijo, además que el imputado amenazó a las víctimas para que no denunciaran los abusos sufridos.
En un último caso, D.G.B.D.S., de 31 años de edad, fue imputado por la presunta comisión de un delito de violación de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 numeral 1º y 272 del Código Penal.
En setiembre de 2018, en horas de la noche mientras que la víctima caminaba hacia su domicilio, el imputado abordó a la misma, agarrándola del cuello. La hizo caminar unos metros aproximadamente mientras seguía apretando su cuello hasta llevarla a un terreno muy oscuro, entrada de una vivienda, donde había mucho pasto y tierra.-
Una vez allí, la tiró entre los pastizales, le siguió apretando el cuello hasta el punto de casi estrangularla y comenzó a sacarle la ropa mientras le decía que se quedara quieta. Posteriormente, abusó sexualmente de ella.
El imputado la amenazó para que se quedara quieta mientras se retiraba del lugar. Luego de esto, la víctima procedió a vestirse e ir a su casa, donde llamó al 911. Fue trasladada a su prestador de salud, donde se realizó la extracción de muestras y de prendas para derivarlas a Policía Científica, además de constatarse las lesiones.
De la pericia medico forense, surge que las lesiones son “compatible con maniobras de estrangulamiento. Signos afícticos. Signos de lucha en piso (de tierra y pasto)”.
Del informe de laboratorio biológico realizado por la Dirección Nacional de Policía Científica surge que se analizaron diversas prendas de la víctima, una de las cuales arroja un resultado positivo de semen. El ADN del semen fue extraído y purificado según protocolo. El perfil genético obtenido del semen, se ingresó a la base de datos genéticos.
En febrero de 2019 se elaboró informe por parte de Policía Científica, Dirección de Identificación Criminal, Laboratorio de Registro Nacional de Huellas Genéticas dando resultado positivo, respecto al ahora imputado.
Se solicitó orden de detención al Juzgado Penal competente por lo cual el imputado fue detenido en agosto de 2020.
Las evidencias con que cuenta la Fiscalía son: declaración de la víctima, informe de laboratorio biológico elaborado por Policía Científica, informe elaborado por Policía Científica (Laboratorio de Registro Nacional de Huellas Genéticas), informe del prestador de salud de la víctima, certificado médico forense del ITF, declaración del imputado en Sede de Fiscalía en presencia de su defensor, entre otras.
Se solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 180 días a los efectos de completar la investigación, basado en el riesgo de fuga, teniendo en consideración que al imputado se lo estaba buscando desde julio de 2020 y que reviste un peligro para la víctima, ya que podría atentar contra su integridad física o de sus familiares.
La Fiscalía sigue investigando las tres causas a efectos de continuar recepcionando evidencias y preparar los juicios orales.