Hombre condenado por abuso sexual, promesa de retribución y violencia doméstica
Durante el juicio oral, la Fiscalía logró acreditar que la víctima fue sometida, desde el año 2022, a abusos sexuales por parte de su padrastro, quien realizó tocamientos en reiteradas oportunidades durante la madrugada, mientras ella dormía. Asimismo, le ofrecía dinero a cambio de besos y la observaba mientras se bañaba y se vestía. Estos hechos se extendieron entre los años 2022 y 2024.
La víctima relató lo sucedido a familiares maternos, quienes formularon la denuncia. Previamente, se lo había contado en reiteradas oportunidades a su madre, quien la confrontó con el imputado, revictimizándola.
De la declaración anticipada de la víctima surgieron los hechos relatados con detalles precisos, los cuales fueron corroborados por los familiares que efectuaron la denuncia tras tomar conocimiento de lo ocurrido. Asimismo, se acreditó que la madre continuó sin creer el relato de su hija y mantuvo la convivencia con el imputado, con quien tiene una hija de corta edad.
También se acreditó que el imputado ejerció violencia física y verbal contra otros hijos de la madre de la víctima, hermanos de esta. Ello surge del relato de la víctima, de la pericia realizada mediante Cámara Gesell, de las declaraciones de los familiares denunciantes y del progenitor de esos menores.
La jueza valoró la declaración anticipada de la víctima, así como los testimonios de familiares y de los profesionales que intervinieron durante la investigación y en la asistencia brindada a la adolescente. También consideró las pericias psicológicas, los informes técnicos de distintas instituciones y el resto de la prueba documental incorporada al proceso.
En la sentencia, la jueza concluyó que: «El relato de la menor es coherente, claro e igual en las variadas instancias que se realizaron. Las pericias refieren a la existencia de un abuso sexual infantil y la existencia de violencia doméstica. También es clara la promesa de retribución. Son de fundamental importancia las pericias realizadas a la víctima, así como los informes de otros especialistas tratantes, los que fueron pormenorizadamente analizados».
Como consecuencia, el hombre fue condenado a cumplir siete años de penitenciaría. Además, se dispuso la suspensión del ejercicio de la patria potestad y la inhabilitación para ejercer funciones públicas y privadas por el plazo de diez años.
Asimismo, se le impuso la reparación patrimonial prevista por la ley, consistente en el pago a la víctima de un monto equivalente a doce salarios mínimos, así como su inscripción en el Registro Nacional de Abusadores Sexuales.