Un hombre condenado por atentado violento al pudor y abuso sexual
La Fiscalía Departamental Especializada en Género de Primer Turno de San Carlos, representada por las fiscales Fiorella Marzano, Gabriela Carrancio, Adriana Mastroianni y Andrea Techera, logró la condena mediante juicio abreviado, de un hombre de iniciales A.M.J.M a la pena de siete años de penitenciaría de cumplimiento efectivo por la comisión de reiterados delitos de atentado violento al pudor agravados en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual agravados de conformidad a lo previsto en los artículos a 3, 18, 54, 60 numeral 1°, 272, 273 y 279 literales A), C) e I) del Código Penal.
En el caso intervino el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San Carlos de Primer Turno Especializado en Violencia basada en Género, Violencia Doméstica y Sexual.
El día 24 de octubre de 2023 la víctima, una adolescente de 15 años, le develó a la adscripta del liceo que el indagado (pareja de su madre) había abusado sexualmente de ella, por lo que se realizó la denuncia en sede policial. De la investigación hecha por la Fiscalía, surge que los abusos sexuales comenzaron cuando la víctima tenía 7 años de edad, luego de que el hoy condenado comenzara una relación afectiva con la madre de la víctima.
Surge también que las situaciones abusivas fueron escalando en intensidad y aumentando en frecuencia. La niña se resistía pero se sentía en riesgo, intimidada y amenazada por este adulto. Así, el condenado perpetró los abusos durante años, que incluyeron tocamientos en las zonas íntimas de la niña, sexo oral e intentos de penetración genital, hecho que se concreta cuando la víctima tenía 14 años de edad y es víctima de un nuevo episodio abusivo del que se despierta semidesnuda y con dolor en la zona genital sin recordar lo sucedido.
La Fiscalía dispuso pericia forense y psicológica para la víctima, cuyos informes fueron integrados en la investigación, junto a declaraciones de testigos e historia clínica de la víctima.
Por último, cabe señalar que se le impuso la suspensión para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y persona mayores en situación de dependencia, así como inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
También se dispuso una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos y la inscripción en el Registro de Abusadores y Violadores.
Nota: Este texto fue elaborado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para su difusión pública.