Hombre condenado por reiterados delitos de abuso sexual agravados
La Fiscalía Letrada Departamental del Chuy, representada por la fiscal titular Haifa Salim y el fiscal adscripto Alberto Burguez, logró la condena mediante juicio oral de un hombre a siete años de penitenciaría como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravados, en reiteración real con un delito de abuso sexual especialmente agravado en grado de tentativa.
De acuerdo con lo probado, los hechos ocurrieron de forma reiterada a lo largo de varios años y tuvieron como víctima a una adolescente, quien tenía 11 años al inicio de los episodios y 16 años al momento de los últimos hechos denunciados. El condenado se valió de un vínculo familiar cercano y de una relación de convivencia para cometer los abusos, los cuales incluyeron tocamientos reiterados y un episodio de especial gravedad en el que intentó consumar una agresión sexual, frustrada por la resistencia de la víctima.
La investigación permitió acreditar que los hechos se produjeron en distintos contextos del ámbito doméstico, aprovechando momentos de soledad de la adolescente y la ausencia de adultos protectores. El tribunal destacó la reiteración de las conductas y el progresivo agravamiento de los episodios, así como el impacto que los mismos tuvieron en la salud psíquica y emocional de la víctima.
Durante el juicio se incorporó mucha prueba testimonial, pericial y documental. Los informes psicológicos y psiquiátricos coincidieron en señalar la existencia de indicadores compatibles con abuso sexual prolongado, así como un daño psicoemocional severo, con manifestaciones de angustia, ansiedad, retraimiento y conductas de autoagresión. Asimismo, la Fiscalía logró probar que las retractaciones posteriores de la víctima se produjeron en un contexto de presión y manipulación familiar.
La magistrada valoró especialmente la coherencia y persistencia del relato sostenido por la víctima en distintas instancias, así como la concordancia entre dicho relato y los elementos objetivos recabados durante la investigación. También tuvo en cuenta el abuso de confianza derivado del rol que el condenado ejercía en el entorno familiar y la especial situación de vulnerabilidad de la adolescente.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia dispuso las penas accesorias previstas en la normativa vigente, entre ellas la suspensión en el ejercicio de la patria potestad y la prohibición de desempeñar tareas en ámbitos que impliquen contacto con niñas, niños y adolescentes, así como la inclusión del condenado en el registro correspondiente de violadores y abusadores sexuales.