Un hombre imputado por ciberacoso
La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 8º turno, a cargo del fiscal Maximiliano Sosa, solicitó la formalización de la investigación respecto de J.M.D.N. de 71 años de edad, como presunto autor de dos delitos de grooming o ciberacoso en régimen de reiteración real entre sí, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1, 3, 18, 54, 60 numeral 1 y 277 bis del Código Penal.
En diciembre de 2021, INAU radicó denuncia a partir de una comunicación previa recibida en Línea Azul. En ésta, un sujeto aportaba capturas de mensajes entre su hermano de 16 años de edad y el ahora imputado, quien es religioso en una congregación.
En las comunicaciones relevadas se observa como D. se comunicó con el adolescente a través de una red social, facilitándole su número de celular. Luego de un intercambio sobre las materias del liceo, D. le envía mensajes de contenido sexual y finalmente solicita al adolescente que le envíe por whatsapp imágenes de sus partes íntimas. Posteriormente a la conversación, el ahora imputado cierra el diálogo solicitando que borre los mensajes.
Se solicitó información a la compañía de telefonía celular para identificar la titularidad del número telefónico que figuraba en la conversación de la red social.
En enero de 2022 se incautaron a D. -por orden de la Justicia de Familia Especializada- dos teléfonos celulares. La Justicia Penal autorizó la apertura y registro de ambos celulares. De la pericia de uno de ellos, surge un intercambio vía whatsapp del mismo tenor que la mencionada anteriormente, así como varias videollamadas. Esto ocurre entre el ahora imputado y otro adolescente de 17 años de edad, en situación de discapacidad intelectual.
Por tanto, y en virtud de las comunicaciones relevadas, surge claramente que el imputado mantenía mediante la red social facebook y whatsapp contacto con dos personas menores de edad con el propósito de cometer actos con connotación sexual y obtener material pornográfico.
La Fiscalía cuenta con la siguiente evidencia en su carpeta de investigación: copia del expediente administrativo de denuncia anónima a través de Línea Azul de INAU; capturas de las conversaciones de la red social aportadas por INAU, informe remitido por ANTEL sobre la titularidad del numero telefónico; pericia de los celulares incautados; declaración en sede fiscal de la madre y hermano de uno de los adolescentes; declaración en sede fiscal del Director de la Residencia donde vive el imputado; entre otras.
La Fiscalía solicitó la imposición de una medida cautelar de privación de libertad por el plazo de 180 días, pero el Juez interviniente dispuso la prisión preventiva por 90 días. En ese plazo, la Fiscalía terminará la investigación y se encontrará en condiciones de presentar la acusación.
Nota: Este texto fue elaborado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para su difusión pública.