Mujer condenada por hurto, estafa y falsificación de documento
La Fiscalía Departamental de Bella Unión, representada por las fiscales Ana Iriarte y Antonella Cervini, logró mediante un proceso abreviado, la condena de una mujer tras comprobarse su responsabilidad en una serie de maniobras ilícitas cometidas mientras desempeñaba tareas administrativas en un estudio contable local y en la gestión de cuentas bancarias de familiares.
La investigación comenzó cuando la contadora del estudio detectó irregularidades en la rendición de cuentas de la empresa. Según la denuncia, los saldos no coincidían con la documentación presentada, y además se constató que la firma incluida en los documentos no era auténtica. A raíz de estas inconsistencias, se solicitaron los movimientos de la cuenta bancaria de la asociación, donde se descubrió que la ahora condenada realizaba transferencias desde la cuenta institucional hacia su propia cuenta, así como hacia las de su pareja y de su tío, desde el año 2024.
Mientras avanzaba esta investigación, la imputada ya estaba siendo indagada en otro expediente iniciado por su tío, quien denunció que ella utilizaba su cuenta bancaria para solicitar préstamos, adelantos de sueldo y transferir fondos hacia cuentas personales o de otros familiares. Además, gestionó trámites en línea ante BPS a su nombre para obtener nuevos préstamos de forma irregular. Con el objetivo de ocultar sus maniobras, todos los meses realizaba depósitos para simular que la víctima mantenía el monto íntegro de su pensión, antes de volver a transferirse el dinero. Ante Fiscalía, la ahora condenada admitió su participación en todos los hechos investigados.
Finalmente, la mujer fue condenada como autora de un delito continuado de hurto, un delito de falsificación o alteración de documento privado y un delito continuado de estafa, todos en régimen de reiteración real a una pena total de 24 meses de prisión, que deberá cumplir en dos etapas: los primeros seis meses en modalidad efectiva y los 18 restantes bajo libertad a prueba. En esta última fase, la condenada deberá fijar domicilio, presentarse semanalmente ante la seccional policial correspondiente y realizar trabajos comunitarios, además de permanecer los primeros seis meses con dispositivo electrónico una vez que obtenga la libertad.