Mujer condenada por lavado de activos; decomisaron inmuebles
La causa se enmarca en una línea de investigación iniciada por la Fiscalía de Estupefacientes de 2° turno que permitió identificar operaciones económicas y patrimoniales realizadas por su pareja, quien contaba con antecedentes penales por varios delitos graves (rapiña especialmente agravada por el uso de arma de fuego, asociación para delinquir, atentado agravado y porte de armas, tras efectuar el apoderamiento, mediante sustracción, de una importante suma de dinero de un cajero automático BROU), y que había recuperado la libertad a fines de 2022.
De acuerdo con la acusación fiscal, tanto él como la ahora condenada, llevaron adelante múltiples negocios vinculados a la compra y venta de vehículos de alto valor y la adquisición de inmuebles, pese a carecer de ingresos declarados ante organismos tributarios y previsionales.
Entre los bienes adquiridos se destacan automóviles cuyo valor unitario oscilaba entre 24.000 y 46.000 dólares, así como dos inmuebles: uno en Ciudad de la Costa, por un monto de 110.000 dólares, y otro en Guazuvirá, adquirido por 32.000 dólares. En ambos casos, la sentenciada declaró como origen del dinero “ahorros personales” provenientes de la venta informal de ropa, extremo que no resultó compatible con las cifras involucradas. La Fiscalía determinó que las operaciones fueron financiadas con dinero de procedencia ilícita, y que la imputada actuó ocultando la verdadera propiedad de los bienes.
Durante la audiencia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno formalizó la investigación y, posteriormente, homologó el acuerdo alcanzado entre Fiscalía y la Defensa. La sentencia estableció, además, la obligación de que la condenada:
- Resida en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de la DINAMA;
- Se someta a la orientación y vigilancia permanente de la referida Dirección;
- Se presente semanalmente en la seccional policial correspondiente,
- Realice servicios comunitarios de dos horas semanales durante cinco meses.
Asimismo, se dispuso el decomiso de los inmuebles involucrados (Ciudad de la Costa y Guazuvirá), los que se pusieron a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND).