Mujer condenada por reiterados delitos de fraude informático

La Fiscalía trabajó conjuntamente con la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Dirección General de Cibercrimen, Delitos Financieros y División de Investigaciones de Zona 2.
De acuerdo con la investigación, la maniobra se extendió entre octubre de 2024 y febrero de 2026, generando un perjuicio económico estimado en más de seis millones de pesos, sumando tanto montos en moneda nacional como en dólares.
El mecanismo consistía en la publicación de avisos de empleo en redes sociales, donde se ofrecían puestos como guardias de seguridad o choferes “VIP”. Las personas interesadas eran contactadas y convocadas a supuestas entrevistas laborales, instancia en la que se les solicitaba documentación personal, fotografías y otros datos sensibles.
Según se probó, esa información era posteriormente utilizada para gestionar préstamos en distintas instituciones financieras sin el consentimiento de las víctimas, así como para abrir cuentas bancarias a su nombre. El dinero obtenido era transferido a cuentas controladas por los integrantes del grupo o a terceros, conocidos como “mulas”.
La investigación también determinó que la operativa se realizaba de forma organizada y premeditada, incluyendo la utilización de espacios de cowork o incluso locales gastronómicos para dar apariencia de legalidad a las entrevistas. Además, se constató el uso de múltiples líneas telefónicas y conexiones a internet vinculadas a los implicados, lo que permitió reconstruir la maniobra.
En el marco del caso, la Fiscalía logró reunir evidencia a partir de declaraciones de víctimas, registros de comunicaciones, informes de entidades bancarias y pericias realizadas por unidades especializadas en cibercrimen, en una investigación denominada “Operación Selfie”.
Como resultado de la investigación, la Fiscalía logró condenar, mediante proceso abreviado a la principal responsable como autora de un delito de asociación para delinquir agravada en concurso con reiterados delitos de fraude informático agravados, a la pena impuesta fue de tres años y seis meses de penitenciaría.
Asimismo, en el marco de la misma causa, ya había sido condenada otra integrante del grupo, sin antecedentes penales, a 12 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario y otras medidas sustitutivas.
