Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con lo establecido en la sentencia, quedó probado que en esos años se llevaron adelante detenciones ilegítimas contra pobladores de la colonia, quienes fueron privados de libertad y sometidos a tormentos físicos y psicológicos en dependencias militares. Las víctimas fueron acusadas sin sustento probatorio de vínculos con organizaciones políticas, en un contexto de persecución ideológica y étnica.

La investigación fiscal acreditó que los procedimientos fueron planificados por organismos de inteligencia y ejecutados con la participación de personal militar y policial, en particular desde una unidad del Ejército con asiento en Fray Bentos. Durante el juicio oral se incorporó cuantiosa prueba documental, testimonial y pericial, así como declaraciones anticipadas y actuaciones provenientes de expedientes de la justicia militar.

En el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía especializada sostuvo que los hechos no constituyeron episodios aislados, sino parte de una práctica sistemática de represión estatal, señalando la responsabilidad penal de los acusados por reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad, lesiones graves y tormentos. Asimismo, se destacó que tales conductas se enmarcan en los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que resultan imprescriptibles.

Por su parte, las defensas negaron la participación de los imputados, rechazaron la acusación por considerarla un relato histórico subjetivo e insuficiente para incriminar, refutaron la calificación jurídica de los hechos e invocaron la aplicación de eximentes como la obediencia debida y la prescripción de los delitos.

En la sentencia, el Tribunal valoró el conjunto probatorio conforme a las reglas de la sana crítica y tuvo por acreditada la existencia de un operativo represivo organizado, así como la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. El fallo destaca el impacto que estos hechos tuvieron sobre la comunidad de San Javier, afectando de forma profunda la vida personal, familiar y social de las víctimas.

Finalmente, el Tribunal dispuso las siguientes condenas:

• Se condenó a tres de los imputados como coautores penalmente responsables de reiterados delitos de privación de libertad, en reiteración real con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves, y en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad, a la pena de quince (15) años y seis (6) meses de penitenciaría, con descuento de la prisión preventiva sufrida, imponiéndoles además la obligación de pagar al Estado los gastos de alimentación, vestido y alojamiento.
• Se condenó a otros dos imputados como coautores penalmente responsables de los mismos delitos, en concurrencia fuera de la reiteración con tres delitos de privación de libertad, a la pena de catorce (14) años y seis (6) meses de penitenciaría, con las mismas obligaciones accesorias y el descuento de la preventiva correspondiente.
• Se dispuso la condena de dos imputados adicionales como coautores penalmente responsables de reiterados delitos de privación de libertad, en reiteración real con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves, y en concurrencia fuera de la reiteración con tres delitos de privación de libertad, a la pena de trece (13) años y seis (6) meses de penitenciaría, con descuento de la prisión preventiva y costas legales a su cargo.
• Asimismo, se condenó a otro de los imputados como coautor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves y en concurrencia fuera de la reiteración con tres delitos de privación de libertad, a la pena de once (11) años y seis (6) meses de penitenciaría, con las accesorias legales correspondientes.
• Finalmente, se condenó a otro de los encausados como coautor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves y en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad, a la pena de trece (13) años de penitenciaría, también con descuento de la preventiva y obligación de abonar los gastos al Estado.

En palabras del juez de la causa, Claudio de León, "...esta sentencia procura hablar con serenidad. No por indiferencia, sino por respeto: respeto a las víctimas, a las personas imputadas, a la sociedad y a la República. El Estado de Derecho no es una frase: es la forma en que una comunidad decide tratar lo más difícil sin perderse a sí misma".