Junta Nacional de Drogas

El informe, que contó con la colaboración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, expresa la posición uruguaya en respuesta a la consulta realizada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 3 de abril de este año.

Como conclusión, Uruguay propone considerar las siguientes directrices básicas para el reconocimiento de los derechos humanos en las políticas de drogas:

1. Asegurar la integración efectiva de los derechos humanos al marco nacional de las políticas de drogas.

2. Integrar los principios éticos de respeto a las personas, beneficio y justicia a las políticas de drogas.

• Respeto a las personas en el reconocimiento de su autonomía plena para la toma de decisiones así como el derecho a la protección en el caso de las personas con autonomía disminuida.
• Beneficio en términos de “no dañar” en simultáneo con maximizar los beneficios y minimizar los daños de las intervenciones, considerando que no se justifica lesionar a una persona por los supuestos beneficios que pudieran derivarse para otras.
• Justicia en referencia a la equidad en el acceso a las oportunidades y en la distribución de las cargas derivadas de la aplicación de las políticas de drogas.

3. Analizar y reformular la legislación nacional de estupefacientes para su armonización con los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos. Con énfasis en:

• Abolir la pena de muerte para ofensas en drogas.
• Despenalizar el uso y posesión personal de drogas.
• El principio de proporcionalidad y presunción de inocencia.

4. Asegurar en el desarrollo de las políticas de reducción de la demanda de drogas,  condiciones acordes al respeto de los derechos humanos en el campo de la salud. En particular en referencia a:

• Accesibilidad a la información, a los programas de prevención, a los servicios de atención y tratamiento y a los programas de inserción social.
• Calidad de los servicios, programas y planes de reducción de la demanda de drogas.
• Incorporar el enfoque de reducción de riesgos y daños a las intervenciones en reducción de la demanda de drogas.

5. Asegurar que las políticas de drogas impliquen la defensa de los derechos individuales y comunitarios, respetando la diversidad de estilos de vida, las identidades culturales, la cosmovisión de los pueblos originarios, así como tradiciones y prácticas espirituales que incorporen el uso de sustancias controladas.

6. Asegurar el apego a la justicia, al respeto y protección de los derechos humanos, y transparencia en las intervenciones de control de la oferta. En particular: los procedimientos de inteligencia, aplicación de técnicas especiales de investigación, indagatorias, detenciones precautorias y medidas cautelares.

7. Promover condiciones garantistas y mediadoras que fomenten un entorno protector para las personas y comunidades afectadas por la violencia del tráfico de drogas y delitos asociados, apelando a disminuir la intensidad y daño de los conflictos, construyendo alternativas conjuntas con la comunidad.

8. Trato a las personas privadas de libertad (PPL) por delitos vinculados a las drogas, en particular microtráfico y consumo de drogas en armonía con las herramientas internacionales en asistencia jurídica, legitimidad de los procesos judiciales, aplicación de las normas mínimas de tratamiento de PPL, alternativas a la privación de libertad y con la búsqueda de alternativas viables de reinserción social durante y al finalizar la condena.

9. Cooperar a nivel internacional, en particular a través de los organismos de cooperación, para intercambiar experiencias, conocimiento, buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de aplicación de derechos humanos al contexto de las políticas de drogas.

10. Contar con mecanismos de consulta, diálogo y colaboración con la sociedad civil, la comunidad y los diversos actores involucrados en la construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas.