Junta Nacional de Drogas

La violencia basada en género se expresa frecuentemente en las relaciones familiares e interpersonales. Cuando existe un uso problemático de drogas —por parte de la víctima o del agresor— se agravan situaciones de violencia doméstica y violencia sexual, profundizando la vulnerabilidad y las dificultades para acceder a apoyo y protección.

En contextos festivos, el uso problemático de sustancias incrementa la exposición de las mujeres a situaciones de riesgo, muchas veces aprovechadas para ejercer violencia sexual. Resultan especialmente preocupantes los casos en los que el uso de drogas no consentido es utilizado como mecanismo de sometimiento para cometer agresiones físicas, sexuales u otras formas de abuso.

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, la trata de personas y la explotación sexual constituyen escenarios donde se observan las formas más extremas de violencia basada en género. En estas redes, el uso de drogas suele operar como herramienta de control, sometimiento y aislamiento, acompañado de violencia física, sexual y psicológica. La estigmatización social que recae sobre estas mujeres profundiza aún más su aislamiento y limita la posibilidad de denunciar y buscar apoyo.

Por otra parte, preocupa las diversas formas de violencia institucional, ejercidas por el personal público, tales como la discriminación, la denegación de asistencia, ofensas e insultos verbales u otras que limiten el ejercicio de derechos, como el acceso a la atención de salud de calidad. La discriminación y estigmatización que recaen sobre las mujeres y personas de género diverso que usan drogas actúan como una barrera significativa para el acceso a derechos, en especial el derecho a la salud, alejándolas de los servicios de atención esenciales.

Las políticas de drogas con enfoque punitivo y centradas en el aumento de penas también han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, amplificando las desigualdades de género y afectando especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social. El crecimiento sostenido del número de mujeres privadas de libertad por infracciones a la normativa de drogas es reflejo de estas dinámicas. Su involucramiento suele estar vinculado al microtráfico, al transporte transfronterizo y al ingreso de sustancias a centros de reclusión, actividades muchas veces atravesadas por coerciones, violencias previas u otras formas de vulnerabilidad estructural.

Frente a este panorama, la Secretaría Nacional de Drogas reafirma su compromiso con una política de drogas basada en un enfoque de género, diversidad y derechos humanos. En conjunto con actores institucionales y organizaciones de la sociedad civil, se trabaja para:

• Eliminar la estigmatización y la discriminación hacia mujeres y personas de género diverso que usan drogas en los servicios públicos.
• Garantizar el acceso irrestricto a servicios de salud, apoyo social y atención para mujeres víctimas de violencia que además enfrentan un uso problemático de sustancias.
• Revisar y reformar el marco normativo en materia penal que impacta de forma desproporcionada en mujeres en situación de vulnerabilidad.

En este #25N, renovamos el compromiso de avanzar hacia políticas públicas que reconozcan la dignidad, autonomía y derechos de todas las mujeres, sin excepciones.