Junta Nacional de Drogas

Ambas ponencias, que fueron transmitidas mediante videoconferencia también a Chile, se centraron en el estado de situación de la política de regulación y control del cannabis en Uruguay.
En el Centro Ambulatorio Rondeau de la Fundación, Olivera explicitó los hechos que han marcado los últimos tres años a la luz de la aprobación y puesta en marcha de la Ley 19.172 de regulación y control de cannabis. Y en ese sentido, sobre la institucionalidad que ha debido constituirse a partir de la legislación y la gobernanza que posibilita el funcionamiento del proceso normativo. Olivera también dedicó un capítulo a la política internacional de drogas en relación a la regulación del cannabis.
Yendo hacia los inicios de la normativa y sobre la base del agotamiento del modelo prohibicionista a nivel mundial, Olivera destacó que en “Uruguay existía la convergencia de un acumulado en términos de revisión crítica de la política de drogas en el Estado” donde desde comienzos de siglo se manejó la legalización como alternativa. “Algunos actores de distintos partidos políticos problematizan la temática y crean alguna primera propuesta de reforma legal” sumado a voces procedentes desde el movimiento estudiantil, usuarios y episodios que generan un escenario propicio. Dijo que el debate con interlocutores como el Estado, como partidos políticos y movimiento social generó el clima político que permitió “la emergencia de la regulación del cannabis en Uruguay”. Afirmó que ese estado de situación se acompañó de “la necesidad de construir un nuevo enfoque sobre seguridad pública, convivencia y derechos humanos”  que se materializó a partir de un plan que se denominó “Estrategia por la vida y la convivencia” del año 2012.
En relación concreta a la Ley 19.172, explicó que tomó su forma en el Parlamento a partir de un proyecto del Poder Ejecutivo. Olivera subrayó que el debate parlamentario posibilitó una gran interlocución con sociedades científicas, instituciones académicas, movimientos sociales y asociaciones civiles, entre otros. Y dijo que la Secretaría Nacional de Drogas ofició de “gran alimentador del debate” para colocar sobre la mesa elementos científicos y sistemáticos para posibilitar el proceso.
Mencionó las dimensiones de la normativa relacionadas a la educación, tratamiento del uso problemático y generación de información que “intentan que el desarrollo de ese mercado sea acotado a la reducción de daños asociados al consumo del cannabis”.
Hoy para Olivera los desafíos van por el lado del fortalecimiento de los aspectos reglamentarios que establecen los tres pilares regulatorios del mercado de uso no médico, del medicinal y del industrial. Explicó que en su momento fueron elaborados tomando como insumo la experiencia ganada en estos primeros años de implementación.
En relación a una nueva visión de la política de drogas, específicamente sobre cannabis, mencionó la realidad de Estados Unidos que cuenta con Estados que han legalizado la sustancia. Y la realidad canadiense que representa el primer país del grupo de los siete países más poderosos del mundo que aprobó la regulación de todos los usos del cannabis a partir del próximo 17 de octubre. También hizo referencia a la Organización Mundial para la Salud (OMS) cuyo comité de expertos en farmacodependencia sometió a revisión crítica al cannabis y sus derivados en interacción con la salud humana.
Por su parte, el Director Ejecutivo del IRCCA, Martín Rodríguez, explicó el accionar diario de lo que representa una nueva institución a nivel mundial encargada de la operativa de lo que representa el control, por parte del Estado, de un mercado con una relevante especificidad.
Ante el auditorio de Chile y Uruguay profundizó en la implementación de la legislación e integración y cometidos del instituto que dirige. Explicó los alcances del decreto 46/15 sobre plantación, cultivo, cosecha, acopio y comercialización de cannabis para investigación científica o uso medicinal. También del 372/14 sobre cáñamo industrial y del 120/14 que reglamenta las condiciones para la producción del cannabis psicoactivo de uso no médico.
En relación a la trazabilidad de la sustancia que se dispensa en farmacias y el registro de adquirentes, Rodríguez expresó que la confianza del usuario es clave para avanzar sobre la ampliación del mercado formal de acceso al cannabis y desplazamiento gradual del espacio que ocupa el mercado ilegal en Uruguay.