Junta Nacional de Drogas

Esta iniciativa se desarrolló con el apoyo de COPOLAD III, programa de cooperación de la UE con América Latina y el Caribe liderado por la FIIAPP/Cooperación Española. El objetivo fue establecer un marco común de acciones que fortalezca y diversifique las respuestas en la intersección de las políticas de drogas, salud y ejecución penal, alineándose con la política nacional de drogas, y teniendo en cuenta la perspectiva de derechos humanos y género.

En el acto de lanzamiento han participado Pablo Abdalá, subsecretario del Ministerio del Interior; Paolo Berizzi, embajador de la Unión Europea en Uruguay; Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario; Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas; y Ana Juanche y Clara Musto del equipo consultor de COPOLAD III. 

Cinco objetivos estratégicos

El Plan incluye cinco objetivos estratégicos:

1. Promover acciones coordinadas para el tratamiento del uso problemático de drogas tanto en el sistema penitenciario como en la comunidad, asegurando un acompañamiento terapéutico adecuado tras el cumplimiento de las sanciones penales. Esta coordinación busca garantizar la continuidad de los cuidados y apoyar a las personas en su proceso de reintegración.
              
2. Establecer lineamientos interinstitucionales para el diagnóstico y la estimación de la demanda de tratamiento en la población objetivo, lo cual pretende desarrollar intervenciones más precisas y adecuadas a las características de esta población.
              
3. Incorporar la perspectiva de género y diversidad en las políticas públicas de abordaje del uso problemático de drogas, reconociendo que las mujeres y otros grupos vulnerables pueden tener necesidades diferentes que deben ser atendidas de manera específica.
              
4. Fortalecer los procesos de reclutamiento, formación y reconocimiento del personal encargado de la ejecución de estas políticas, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para ofrecer una atención de calidad.                

     5. Incorporar en el monitoreo y la evaluación de los programas de tratamiento para el uso problemático de drogas las metas específicas            de reducción de daños ante el uso problemático de drogas y general de reducción de la reincidencia.