Ministerio de Relaciones Exteriores

18o. período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de N.U.
Ginebra, 12 de setiembre de 2011.
 

Sra. Presidenta,

No podría comenzar esta intervención sin destacar el alto honor que significa para mi estar presente en la apertura de esta nueva sesión del Consejo, en la cual Ud. asume la presidencia en nombre de nuestro país. Es una gran distinción para el Uruguay haber sido elegido para conducir sus trabajos y llevaremos a cabo esta tarea con convicción y sentido de la responsabilidad.

En segundo lugar, no podría dejar de recordar que ayer se cumplieron 10 años de los atentados del 11 de setiembre. Más alla del merecido recuerdo de todas las víctimas y sus familiares, deseo manifestar que aquellos actos de barbarie terrorista todavían conmueven la sensibilidad de todos los países para los cuales la democracia, la libertad y la tolerancia constituyen valores fundamentales y que condenan el terrorismo en todas sus formas.

El 11 de setiembre es también fecha del golpe militar que derrocó y segó la vida del Presidente legítimo de Chile, Salvador Allende. Ello nos recuerda una época amarga para toda América Latina, que afortunadamente ha quedado atrás, pero que nos ha dejado una enseñanza trascendente y es que la libertad, la democracia y los derechos fundamentales, son bienes preciados que tenemos que defender cada día.

Para Uruguay, el Consejo es una pieza clave en el sistema internacional. Es nuestra obligación consolidarlo y fortalecerlo a través de una acción concertada y cooperativa de los gobiernos, equilibrada y decidida, que evite los dobles estándares y realce el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Miles de personas en el mundo, cuyos derechos fundamentales están siendo vulnerados en este mismo momento, están esperando que nosotros tomemos las decisiones más adecuadas y eficaces.

Uruguay piensa que la cooperación de los países concernidos es factor fundamental para que la acción del Consejo resulte eficaz.

Coherentes con este enfoque, pensamos que en las decisiones que adopte el Consejo respecto a las posibles violaciones de derechos humanos en países determinados, deben priorizarse en una primera instancia aquellos procedimientos que tiendan a obtener dicha cooperación.
El Consejo tiene un claro mandato para actuar en caso de violaciones de los derechos humanos, pero en la selección de los procedimientos o mecanismos de seguimiento, es conveniente que exista una gradualidad que favorezca los vínculos de cooperación con el Estado concernido.

No obstante lo expresado, somos conscientes que la comunidad internacional debe priorizar el interés de las víctimas, y que en caso de que el Estado concernido no muestre disposición para cooperar, el Consejo debe emitir un mensaje político contundente invitando a sus autoridades a reflexionar sobre la conveniencia de esa cooperación. Tras ello, otros instrumentos están disponibles por parte de los miembros del Consejo para intentar proteger los derechos de las víctimas.

También pensamos que el concepto de cooperación debe ser de doble vía. Por un lado, es necesario requerir que los Estados concernidos cooperen con el sistema internacional, pero también debemos prestar atención a los medios que este sistema puede desplegar para ayudar a los Estados con dificultades y que necesitan fortalecer sus capacidades nacionales.

El Consejo ya ha acumulado una experiencia de cinco años y está en condiciones de consolidar una visión de cooperación integral. Ello resultaría de gran utilidad, particularmente en el actual contexto socioeconómico y político internacional de legítimos reclamos populares, alentando a los países a buscar soluciones acordes a los estándares internacionales de derechos humanos y facilitándoles cooperación para ello.

La Alta Comisionada es una pieza fundamental en el sistema internacional de protección de los Derechos Humanos. Su rol ha ido adquiriendo a lo largo de los años una importancia creciente y la experiencia ha demostrado que es necesario fortalecerlo aún más. Uruguay apoyará las iniciativas destinadas a facilitar el cumplimiento de sus mandatos, incluyendo las misiones sobre el terreno. Para ello será necesario que la Oficina cuente con recursos financieros adicionales, ya que los actualmente asignados resultan escasos.

Quisiera ahora referirme al compromiso de nuestro país con los Derechos Humanos. La cooperación del Uruguay con el sistema internacional es un principio tradicional de nuestra política exterior. Hemos formulado una invitación abierta a todos los mecanismos del Consejo y también a los del sistema interamericano, adoptando al mismo tiempo una actitud de participación activa en todos sus foros.

- En los últimos dos años Uruguay invitó dos procedimientos especiales en temas que suponen importantes desafíos para el país: el estado del sistema penitenciario y la prevención y combate contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños. La interacción fue muy buena y a Uruguay le interesa seguir beneficiándose de la opinión de los expertos internacionales que nos ayudan a mejorar diversos aspectos de nuestra realidad nacional y alinearlos en plena conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

- En febrero de 2012 esperamos recibir a la Experta Independiente en Agua Potable y Saneamiento. Este es un tema central para el desarrollo sostenible de un país. A través de un referéndum popular se introdujo en nuestra Constitución el acceso al agua potable como derecho humano.

- En el mes de octubre, recibiremos la visita de la Alta Comisionada Adjunta, la Embajadora Kang. Será una ocasión importante para examinar junto a ella los temas que suponen prioridades tanto para nuestro país como para la Oficina y aspiramos a recibir el valioso apoyo para las mismas. Asimismo trataremos un punto de especial importancia, que son los avances en la implementación de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, que nuestro país aceptó en su totalidad.

- Quisiera también destacar que el Parlamento Nacional ha aprobado recientemente algunas enmiendas a la ley 18446 por la que se aprobó la Institución Nacional de Derechos Humanos, con miras a su pronto establecimiento y puesta en marcha.

- Uno de los objetivos del gobierno uruguayo respecto a los compromisos internacionales es poner remedio al atraso de los informes nacionales debidos a ciertos organos de tratados, apostando a una mejora de la coordinación interinistitucional a través de una Comisión interministerial cuya responsabilidad será la de preparar estos informes y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones que se nos formulen. Nuestro objetivo es el de eliminar completamente estos retrasos en el plazo de un año. Además, Uruguay se ha comprometido con el nuevo sistema de respuesta a una lista de cuestiones previas, propuesto por algunos Comités.

- Seguiremos aceptando las recomendaciones y las observaciones de los expertos y apoyando su tarea con toda la independencia que esta requiere, pero también le pedimos al sistema que nos acompañe con la misma determinación en la concreción de nuestro derecho irrenunciable al desarrollo, entendido en forma amplia, como una síntesis de derechos y un marco propicio para el goce de derechos, dejando atrás el debate teórico y apoyando medidas prácticas en este sentido.

- Esperamos que el trabajo de la Oficina y también el panel de alto nivel de marzo de 2012 sobre la integración de la perspectiva de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, nos permita favorecer un trabajo coordinado para ganar en sinergias y evitar duplicación de esfuerzos, con un impacto positivo mayor en el goce efectivo de los derechos humanos.

- En relación al tema impunidad y siendo que este Consejo habrá de considerar la aprobación de un mandato sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, quisiera informar que, a fines de junio, se aprobó una resolución presidencial por la cual se revocaron los actos administrativos que declararon en su momento casos de alegaciones de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar como amparados en la ley 15.848 (llamada también Ley de Caducidad). Con ello se levantó el impedimento para que sean investigados en sede judicial. Se publicó asimismo la lista de más de 80 casos en conocimiento del Poder Ejecutivo, con detalles básicos de cada expediente, sin perjuicio de que puedan existir otras causas judiciales.

- Un caso reciente de alegaciones de abusos por funcionarios del Estado cumpliendo funciones en una Misión de Naciones Unidas, nos llena de pesar, pero nos llama a redoblar los esfuerzos en materia de educación en derechos humanos, incluyendo a las fuerzas policiales y militares. El diseño de un plan nacional se encuentra en curso.


Sra. Presidenta

Para finalizar, quisiera subrayar una vez más que es necesario que asumamos una nueva cultura de diálogo en materia de Derechos Humanos. Debemos buscar formas creativas que fomenten la cooperación y la asistencia técnica, reduciendo así la confrontación y permitiendo mejorar el impacto real de la protección sobre el terreno.

Esto ayudará a que el sistema internacional actúe como una verdadera garantía en complemento de las responsabilidades y obligaciones que, en materia de derechos humanos, competen primariamente a los Estados respecto a su propia población. No podemos permitir que la comunidad internacional permanezca impasible ante el padecimiento de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Fortalecer el sistema implica mejorar ciertamente las fuentes convencionales del derecho internacional de los derechos humanos, tarea que la comunidad internacional ha venido cumpliendo satisfactoriamente. Pero también implica mejorar su capacidad de acción a través del Consejo, perfeccionando sus métodos de trabajo, la calidad de sus procedimientos y fortaleciendo el rol de la Oficina del Alto Comisionado. En este terreno tenemos todavía un camino largo que recorrer.

Hacia esos objetivos está comprometido nuestro país y a ello contribuirá durante el mandato de su Presidencia del Consejo.

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