Congreso de Intendentes

Plenario

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA 13º SESIÓN PLENARIA 29 DE MAYO DE 2026. SALTO

REF I) Designación del Presidente Ad-Hoc de la sesión.

RESOLUCIÓN N° 1:
                                 Se designa por unanimidad como Presidente Ad-Hoc de la sesión plenaria al Sr. Intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu.
                                
REF II) Aprobación del Acta de Resoluciones de la 12° Sesión Plenaria.

RESOLUCIÓN N° 2:
                                 Se aprueban por unanimidad el Acta de Resoluciones de la 12° Sesión Plenaria.

REF III) Informe de la Mesa:
●Informe de reunión de grupo designado por el CI por tema Impuesto semovientes.
Los delegados del Congreso, Intendentes de Florida, Carlos Enciso, de San José, Cra. Ana Bentaberri y de Río Negro, Arq. Guillermo Levratto informan de la reunión mantenida junto a la OPP, al MEF y al MGAP.

Se dejó en claro que la postura del Congreso de Intendentes no es contra la evaluación de la derogación del impuesto mientras se garantizará el reintegro de los montos recaudados por el impuesto para los Gobiernos Departamentales y de dar previsibilidad en el futuro a efectos de que en futuros gobiernos nacionales no se corte con los reintegros. 
Se espera una propuesta por parte del Poder Ejecutivo.

●Informe sobre documento enviado al MEF por tema COMPETITIVIDAD.
El Sr. Presidente, Dr. Nicolás Olivera informa que junto a los restantes integrantes de la Mesa, mantuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio de Economía por el proyecto de ley de competitividad, que será remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

La Mesa del Congreso recibió propuestas de los Sres. Intendentes para ser analizadas por el Ministerio de Economía para su inclusión en el proyecto de ley.

●Informe programa Uruguay Impulsa.
El Sr. Vicepresidente, Francisco Legnani informó sobre las gestiones realizadas por el Congreso de Intendentes ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para acelerar la implementación del programa de oportunidad laboral. La intención inicial fue que el programa pudiera comenzar en mayo, atendiendo especialmente las necesidades operativas vinculadas al barrido otoñal.

El Congreso planteó alternativas orientadas a mejorar la ejecución del programa, entre ellas aumentar la cantidad de cupos o extender el período de implementación. Finalmente se priorizó la propuesta de ampliar la duración, planteando pasar de cuatro a seis meses, aunque la expectativa posterior fue alcanzar al menos cinco meses. Sin embargo, el proyecto mantuvo una duración de cuatro meses y la misma cantidad de cupos.

El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento incorporó cambios respecto de ediciones anteriores. Entre ellos se mencionaron cupos específicos para personas en situación de calle, exreclusos y padres con hijos menores de 18 años. Si bien estas medidas fueron consideradas relevantes, varios intendentes expresaron que el Congreso debió haber sido consultado previamente sobre dichas modificaciones.

También generó especial preocupación la disposición que impide inscribirse a quienes hubieran participado en la edición anterior del programa, ya sea como titulares o suplentes, y hubieran trabajado durante un período determinado. Se entendió que esta restricción podría dejar fuera a un número importante de personas que continúan necesitando acceder a una oportunidad laboral.

Se destacó que el Parlamento actuó con celeridad en el tratamiento del proyecto. De acuerdo con el cronograma informado, la etapa de inscripción se desarrollaría del 1 al 10 de junio, el sorteo se realizaría el 22 de junio y la implementación del programa comenzaría el 1 de julio en todo el país, con una duración prevista de cuatro meses.

El Sr.  Vicepresidente, Francisco Legani concurrió al Parlamento por el tratamiento del proyecto de ley e informó que se priorizó que el proyecto fuera aprobado rápidamente para evitar demoras en la puesta en marcha del programa, sin perjuicio de dejar constancia de que hubiera sido deseable participar previamente en la discusión de los cambios introducidos.

El Presidente del Congreso, Dr. Nicolas Olivera propuso remitir una nota institucional a la Comisión de Diputados, y eventualmente también al Senado, solicitando la revisión de la disposición que limita la reinscripción de personas que participaron en ediciones anteriores. Señaló que la medida podría restringir injustificadamente el acceso de ciudadanos que dependen de este tipo de oportunidades laborales.

La propuesta apuntó a eliminar total o parcialmente dicha restricción, procurando que ninguna persona quede impedida de postularse por haber trabajado circunstancialmente en una edición previa del programa. Se enfatizó que la solicitud no debería enlentecer ni obstaculizar el cronograma ya previsto.

Se advirtió que, dado que las inscripciones estaban previstas entre el 1 y el 10 de junio, cualquier modificación parlamentaria posterior podría llegar tarde para las personas inicialmente excluidas. Por esa razón, se planteó la necesidad de permitir la inscripción de todos los interesados mientras el Parlamento define si mantiene o elimina la restricción.

En caso de que el Parlamento no modificara el texto, las personas alcanzadas por la restricción podrían ser excluidas antes del sorteo. Esta solución fue presentada como una alternativa práctica para resguardar los derechos de inscripción sin alterar el calendario general del programa.

●Informe sobre borrador de Convenio con UNASEV y ANEP (aprobación).
RESOLUCIÓN N°: 2
Se aprueba por unanimidad el borrador del Convenio con UNASEV y ANEP.

●Informe sobre borrador de Convenio con LATU (aprobación).
RESOLUCIÓN N°: 3
Se aprueba por unanimidad el borrador del Convenio con LATU.
●Informe sobre Resolución referente al proyecto de Gas Oriental, designación de delegado del CI.
RESOLUCIÓN N°: 4
Se resuelve por unanimidad designar a los Sres. Intendentes de Florida, Carlos Enciso y de Durazno, Dr. Felipe Algorta como delegados del Organismo en la comisión por el Gas Oriental.
●Informe SUCIVE (Monopatines).

RESOLUCIÓN N° 5:
La Secretaría de la Comisión del SUCIVE (artículo 3 de la Ley 18860), presentó su informe de gestión conteniendo los siguientes asuntos y las resoluciones adoptadas en el marco de sus competencias, las que incorporadas a esta acta son instruidas para su cumplimiento:

SE TOMA CONOCIMIENTO DE:
5.1 Actualización de las categorías del PUNC. En coordinación con los directores de tránsito de todas las intendencias, se inició un proceso de obtención de la información de contexto del PUNC, con el objetivo de actualizar su gestión sobre la base de todos sus componentes. A esos efectos se crearon equipos de trabajo para: a) establecer un nuevo enfoque normativo y procesal; b) revisar los exámenes teóricos y prácticos; c) adecuar el proceso de evaluación sicológica y sicofísica de los conductores; d) generar las capacidades de articulación necesarias para que el Punc funcione igual en todo el país, con los mismos requisitos y exigencias de trámite.
5.2 Exigencias del protocolo de Patologías para conductores adultos mayores. Con el fin de adecuar la normativa del PUNC a la realidad de los avances etarios, se trabaja en la eliminación de todas las inhibiciones administrativas por razones de edad. Esto cumpliría con las recomendaciones realizadas por la INDDHH ante denuncias presentadas por permisarios del PUNC, quienes estando en condiciones físicas inobjetables dejaron de acceder a un tipo de permiso sólo por razones de edad. Para resolver esta contienda la certificación médica y sicológica, como así también la y sicofísica, deberían ser el factor de valoración determinante.
5.3 Sicofísico obligatorio para todas las categorías. Se analiza que todas las categorías de licencias de conducir contengan un examen médico único, el que debería cumplir con el actual protocolo vigente en el PUNC para las categorías señaladas como “profesionales”, las que son similares en contenido a la del carné de salud del decreto 274/017, emitido para deportistas de alta competencia. Este examen que se basa en un Certificado de Aptitud Física emitido puede ser emitido por un prestador de salud autorizado, o por los servicios médicos de las intendencias, incluyendo el control de vista y oído, la vigencia de la vacuna antitetánica; los exámenes de laboratorio sobre glicemia, colesterol, VDRL y hemograma, más una evaluación cardiovascular con electrocardiograma obligatorio. Tendría ergometría obligatoria para mayores de 35 años. Asimismo, este certificado habilitante acreditaría que su titular específicamente posea las condiciones necesarias físicas y sicológicas para la conducción segura.
5.4 Habilitaciones para vehículos adaptados a discapacidades físicas. Se trabaja en la unificación de las exigencias mecánicas de los vehículos afectados a personas con discapacidades físicas que conducen sus vehículos. La unidad que tenga adaptaciones o elementos de apoyo técnico, deberán asegurar la conducción en condiciones de seguridad vial. Estas adaptaciones, sin excepciones, deberán aprobarse en el marco de una inspección técnica y ocular que hará la intendencia, o quien esta decida, en dos instancias: a) cuando se empadrona un vehículo adaptado; y b) cuando otorga un PUNC a alguien con discapacidades físicas para que pueda conducir personalmente la unidad a su cargo. La presentación de los certificados habilitantes extendidos por profesionales o por talleres especializados, a propósito de las adaptaciones, deberán expresar -inequívocamente y bajo declaración jurada- que las mismas corrigen las deficiencias de manejo del padecimiento que se tiene, las que deberán asociarse expresamente al caso concreto, con indicación de nombre y cédula de identidad del titular habilitado a conducir.
5.5 Obligación de rendir práctico en el mismo tipo de vehículo de la categoría que habilitada el PUNC. Se analiza un esquema de examen práctico común para todo el país con mínimos exigibles, trazado de pruebas preestablecidas y un examen práctico que se haga con el mismo tipo de vehículo que el que se autoriza a conducir. El aspirante a una licencia, o al cambio de su categoría, estará obligado a suministrar el vehículo en el que hará la prueba práctica, el que deberá tener vigente los seguros necesarios. En el caso de los camiones, ómnibus y maquinaria, los exámenes se harán en unidades del tipo de cuya conducción se habilita.
5.6 PUNC (nóvel o primera vez) con limitaciones por 6 meses (rutas). Para los conductores nóveles o por -primera vez- la licencia habilitará un permiso inicial solamente válido para la jurisdicción departamental, por 6 meses. El solo vencimiento de su plazo inicial habilitará la conducción de vehículos en jurisdicción nacional (rutas o carreteras), si en ese lapso no cometió infracciones. En caso de registrar contravenciones esta inhibición se extenderá hasta 1 año.
5.7 PUNC por Puntos / UNASEV. Se trabajó en los dos niveles que fijó la Unasev: uno en el ámbito de la Junta Nacional de Seguridad Vial, con su gabinete operativo, y el otro, con la comisión del Punc por Puntos designada por el plenario para sistematizar informáticamente el proyecto. 
5.8 Empadronamiento de Motos / Reglamentación. El ministro del Interior pidió al Congreso, por razones de seguridad pública, medidas tendientes al control de las motos. Siguiendo el criterio sugerido por la Unasev el esquema de preempadronamiento obligatorio en el SUCIVE, puede ajustarse sin necesariamente violentar otros derechos. Imponer la obligación de que a ningún vehículo puede asignársele una matrícula sin que esté formalmente empadronado, sería suficiente. Sostener que esto haya que hacerlo en forma previa a la comercialización de las motocicletas o similares, constituiría una imposición inviable.
5.9 Billetera Digital (PUNC/DIV) Se está trabajando en la unificación en el SUCIVE de las actuales funcionalidades que operan en forma satélite al sistema. Las principales son el PUNC y el DIV, ambos documentos están estrechamente ligados a una operativa de segundo nivel como el SMFV y el Permiso x Puntos, y hasta eventualmente a la matrícula digital.
5.10 Empadronamientos 0K: obligatoriedad de la inspección ocular previa El actual sistema de empadronamiento y reempadronamiento vehicular aún no cuenta con una normativa actualizada que garantice el estado de las unidades en materia de seguridad vial. Teniendo en cuenta el ensanchamiento de la base del parque vehicular, y los incentivos generados por el ingreso anual de 60 unidades nuevas, fijar comportamientos tendientes a la regularización de los registros parece un hecho relevante. La repetición de inconsistencias en los datos determina enlentecimientos que podrían corregirse mediante la inspección ocular y verificación de los números de chassis y motor de las unidades, para lo cual se está trabajando en su automatización mediante inteligencia artificial. Existe consenso para hacer obligatorio como trámite previo la inspección técnica vehicular en los actos de empadronamiento y reempadronamiento.
5.11 Resolución de controversias: decreto 81/014 sobre de seguridad vial Se sugiere solicitar a la Unasev que aplique el artículo 24 del decreto 81/014, reglamentario de la Ley 19061, y el artículo 7 de la Ley 18113, disponiendo la integración de la CÁMARA TÉCNICA ESPECIALIZADA con fines de asesoramiento en los procesos de seguridad vial de los automotores, cuyas importaciones y comercialización no se ajusten a los requerimientos vigentes.
5.12 Sistema Móvil de Fiscalización Vehicular (SMFV) El SMFV permite desde los equipos celulares que portan los inspectores de tránsito, acceder a la información de conductores y vehículos, pudiendo hasta notificar en el acro las contravenciones entregando la documentación probatoria impresa correspondiente.
Monopatines con propulsión propia (VMP) Se definió que el objetivo principal respecto de los VMP (vehículos de movilidad personal), será establecer criterios comunes que permitan ordenar su circulación, protegiendo a las personas usuarias y a terceros, dotando a las Intendencias de mecanismos simples y fiscalizables. La definición de los VMP admitirá los siguientes tipos monopatines eléctricos; plataformas tipo Segway; monociclos eléctricos; otros dispositivos eléctricos similares; bicicletas de pedaleo asistido; vehículos que por potencia, velocidad o características técnicas deban considerarse empadronables. La identificación, el registro y la fiscalización serán las herramientas al servicio de ese objetivo, permitiendo controlar condiciones mínimas de circulación, prevenir riesgos y determinar responsabilidades cuando corresponda. En esta etapa de unificación, la gestión comprenderá un registro administrativo; no dominial; no tributario; simple; fiscalizable; preferentemente digital; orientado a identificar responsables. La persona responsable debería declarar los datos básicos del VMP, tales como tipo de vehículo, marca, modelo, número de serie, fotografías y uso declarado.

SE RESUELVE:

REEMPADRONAMIENTOS GRATUITOS Disponer que al término del plazo establecido por la Intendencia de Durazno el 30 de junio de 2026, exonerando el costo de los reempadronamientos vehiculares (DIV y matrículas), se resuelve también que a su término, el SUCIVE, baje de su sistema informático la funcionalidad operativa habilitada a las intendencias con ese fin, la que quedará reservada para cuando medie resolución expresa del plenario sobre este y otros costos regulados en el Texto Ordenado del SUCIVE..

CASO TÉRMINO DELPROCESO DE SUSPENSION PRECAUTORIA DE LOS PUNC DEL MUNICIPIO DE “ISIDORO NOBLIA” INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA. Convalidar el acta de resoluciones CSS R.142/2026, disponiendo que la Intendencia de Cerro Largo proceda en forma directa y autónoma de acuerdo con las normas unificadas del PUNC, disponiendo la caducidad de los permisos emitidos y cuestionados a nivel judicial, habilitando su nueva tramitación, sin excepciones y condicionado, a la realización de exámenes teóricos y sicofísicos sin importar la categoría del PUNC, así como sus exámenes prácticos sobre vehículos similares a los de la categoría habilitada.

REF IV) Audiencia Secretaría de Ciencia y Validación del Conocimiento de la Presidencia de la República. Director David González.

El Sr. Director de la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento de Presidencia de la República, David González, presentó los principales lineamientos de trabajo de la nueva oficina, creada recientemente por la ley de presupuesto. Señaló que la Secretaría tiene como cometido promover la ciencia, acercar el conocimiento a la sociedad y fortalecer su vínculo con la producción, los servicios y las necesidades concretas del país.

En su exposición, destacó que la equidad territorial y la equidad de género son ejes centrales de la política científica. En ese marco, valoró las capacidades existentes en el interior del país y mencionó experiencias de cooperación entre intendencias, universidades, instituciones de investigación y empresas, observadas durante una recorrida por la Ruta 5 y en visitas a departamentos como Durazno, Salto y Rivera.

Asimismo planteó la necesidad de superar la separación histórica entre la generación de conocimiento y su aplicación en la sociedad. Sostuvo que esa desconexión limita los recursos destinados a la ciencia, reduce el impacto de sus resultados en la población y contribuye a la pérdida de jóvenes investigadores que se forman en el país pero luego emigran o no encuentran espacios adecuados para desarrollarse profesionalmente.

Entre las principales iniciativas, presentó la actualización del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología (PENCTI). A diferencia de la versión anterior, organizada en torno a disciplinas científicas, el nuevo enfoque busca partir de los desafíos nacionales y analizar cómo la ciencia puede contribuir a resolverlos. Entre los ejemplos mencionados se incluyen salud, alimentación, producción, exportaciones, calidad de productos, medio ambiente y seguridad.
El proceso de elaboración del PENCTI contempla aportes de expertos y actores sociales. Según explicó, ya se recibieron contribuciones de 70 personas, que propusieron más de 200 desafíos científicos. La Secretaría prevé depurar y consolidar esos insumos mediante reuniones técnicas y espacios de participación, con la posibilidad de realizar una instancia final fuera de Montevideo para reforzar la dimensión territorial.

También presentó el Programa de Alta Dedicación a la Investigación, orientado a insertar jóvenes investigadores en ámbitos no exclusivamente universitarios, como empresas, intendencias, ministerios, instituciones públicas y organizaciones sociales. El objetivo es que personas altamente formadas puedan aplicar sus capacidades a la resolución de problemas reales y estratégicos para el desarrollo nacional.

El Director subrayó que Uruguay cuenta con infraestructura, laboratorios, instituciones y espacios de trabajo en distintas regiones, pero necesita fortalecer la disponibilidad de investigadores dedicados a abordar desafíos productivos y sociales. En ese sentido, propuso un esquema de financiamiento mixto, con aportes públicos y privados, beneficios impositivos para empresas y la meta inicial de contratar a 100 investigadores para ubicarlos en áreas clave.

Finalmente, se solicitó el apoyo político e institucional de las intendencias para impulsar estas iniciativas ante el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Planteó, además, la posibilidad de que los gobiernos departamentales contribuyan al financiamiento de algunos contratos de investigación especialmente fuera de Montevideo, como señal de compromiso con la descentralización del conocimiento y la solución de problemas estratégicos en el territorio.

REF V) Audiencia con autoridades del LATU, Presidenta, Ec. Lucila Arboleya y la Directora, Rossanna González.

La Sra. Presidenta del LATU, Ec. Lucila Arboleya, junto a la Sra. Directora Rosana González, tuvo como objetivo exponer el alcance institucional del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y destacar las oportunidades de cooperación con las intendencias departamentales, en el marco de un convenio orientado a fortalecer capacidades técnicas, productivas y de gestión en el territorio.

El LATU cuenta con una amplia infraestructura técnica, integrada por laboratorios acreditados en áreas como materiales, medio ambiente, microbiología, lana, alimentos y metrología. Además, cumple funciones clave en certificación, control de alimentos y bebidas en frontera, certificación de exportaciones, metrología legal y apoyo a regímenes industriales. Estas capacidades se complementan con servicios de consultoría, innovación, transferencia tecnológica y asistencia al sector público y privado.

También se destacó el programa LATU Uruguay, que busca fortalecer la presencia territorial mediante referentes regionales y capacidades instaladas, como el laboratorio de Fray Bentos, especializado en áreas ambientales. A ello se suma LATITUD, la fundación de investigación, desarrollo e innovación aplicada del LATU, que trabaja con empresas, gremiales, pymes e instituciones para resolver desafíos vinculados a tecnología, procesos, vida útil de productos, sostenibilidad y huella de carbono.

Se hizo referencia a Ingenio, la incubadora de emprendimientos del LATU, que en sus 25 años ha acompañado a numerosas empresas innovadoras, muchas de ellas con proyección exportadora y generación de empleo. Asimismo, se presentó al LATU como parque de innovación, donde conviven instituciones públicas, academia, empresas y organismos vinculados al desarrollo tecnológico, con el desafío de generar mayores sinergias y valor agregado.

En relación con el plan estratégico institucional, se señalaron cuatro ejes principales: autonomía, innovación y transferencia tecnológica, eficiencia y comunicación, y equipo y cultura. Estos pilares apuntan a fortalecer la estrategia comercial y comunicacional, consolidar al LATU como referente técnico, modernizar la gestión interna mediante procesos más digitales y desarrollar una cultura organizacional alineada con los nuevos desafíos.

Respecto al vínculo con las intendencias, se identificaron diversas líneas de apoyo: mejora de la gestión institucional, capacitación de equipos técnicos, desarrollo de indicadores y tableros de control, definición de hojas de ruta sectoriales, fortalecimiento de áreas productivas departamentales y certificaciones vinculadas, por ejemplo, al turismo sostenible o a modelos de calidad con equidad de género.

En materia analítica y bromatológica, el LATU puso a disposición su experiencia en medio ambiente, calidad de agua, residuos, emisiones, aire, materiales, alimentos y bebidas. Se resaltó la posibilidad de apoyar a las intendencias en licitaciones, controles de calidad, fortalecimiento de laboratorios, interlaboratorios, capacitación técnica y complementación de capacidades cuando la escala local no permita sostener determinados análisis especializados.

La presidenta presentó ejemplos concretos de proyectos desarrollados por el LATU y LATITUD, entre ellos innovaciones en alimentos, mejora de vida útil e inocuidad de productos, desarrollo de frituras al vacío, estudios sobre productos sin gluten, detección de adulteraciones en quesos y aplicaciones de inteligencia artificial con imágenes satelitales para identificar cultivos y variedades agrícolas. También se mencionaron iniciativas de reducción de desperdicios alimentarios, apoyo a emprendimientos de panificación y cerveza, y proyectos vinculados a residuos plásticos y economía circular.

Finalmente, se subrayó el compromiso del LATU con el apoyo a Mipymes, la descentralización de la innovación, la articulación con programas nacionales de exportación y el trabajo conjunto con organismos como ANII, ANDE, Uruguay XXI, MIEM, INIA y gremiales empresariales. El mensaje central fue invitar a las intendencias a utilizar las capacidades del LATU, integrarlo a sus estrategias de desarrollo territorial y actuar como aliadas para difundir su valor en todo el país.

REF VI) Audiencia con autoridades de la Federación Rural del Uruguay.

La delegación de la Federación Rural estuvo integrada por el Sr. Presidente, Rafael Normey, presidente, y el Vicepresidente, José Andrés Rodríguez, quienes destacaron la importancia de fortalecer el diálogo institucional entre los gobiernos departamentales y las organizaciones representativas del sector rural.  El Sr. Rafael Normey valoró como una oportunidad relevante para construir una agenda de trabajo común, orientada a abordar problemáticas transversales que afectan a la ruralidad, la producción agropecuaria y el desarrollo territorial del país.

La Federación Rural planteó que existen temas de alto impacto que requieren coordinación, continuidad y resultados concretos. Entre ellos, se priorizó la caminería rural, considerada un componente esencial para la producción, la movilidad de las familias rurales, el acceso a servicios y la competitividad del país. Se señaló que el aumento significativo de la carga productiva en las últimas décadas no ha sido acompañado por una infraestructura vial suficiente, lo que genera dificultades operativas y costos adicionales.
Respecto a la caminería, se propuso avanzar hacia soluciones estructurales sin incrementar la presión fiscal sobre los productores. En particular, se planteó la necesidad de identificar aquellos caminos rurales de uso intensivo, especialmente los que atraviesan varios departamentos, para que puedan ser abordados con una lógica nacional y eventualmente bajo la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También se insistió en mejorar la eficiencia en el uso de recursos, maquinaria y planificación, promoviendo una participación más activa de los productores en la definición de prioridades departamentales.

Otro punto central fue el rechazo a la creación de nuevas tasas o impuestos vinculados al mantenimiento de caminos rurales. La Federación Rural sostuvo que la producción ya realiza aportes suficientes al Estado y que cualquier mecanismo adicional resultaría inconveniente e incluso cuestionable desde el punto de vista constitucional. Asimismo, se expresó oposición a las restricciones de circulación en días de lluvia, entendiendo que los caminos deben estar en condiciones de uso permanente.

En relación con el denominado impuesto a semovientes 1%, la Federación Rural reiteró su posición favorable a la eliminación de este tributo, al considerarlo injusto, burocrático y especialmente perjudicial para los productores de menor escala. Se aclaró que el planteo no busca afectar los recursos de las intendencias, sino encontrar un mecanismo adecuado de sustitución o compensación que evite trasladar costos innecesarios al sector productivo y reduzca cargas administrativas.
También se abordó la problemática de los perros sueltos y la superpoblación canina, señalando sus impactos sobre la producción agropecuaria, la seguridad, la salud pública, el tránsito y el ambiente. La Federación Rural manifestó su preocupación por la falta de avances efectivos en la materia y solicitó a los intendentes mayor proactividad, coordinación y decisión política para implementar soluciones que contemplen la realidad del territorio.

Finalmente, se planteó la preocupación por la expansión del Capin Annoni, una maleza invasora que amenaza el campo natural, especialmente en el norte del país. Se advirtió sobre el riesgo de dispersión a través de banquinas y trabajos de caminería, y se propuso coordinar acciones entre intendencias, equipos viales y productores para prevenir su propagación y proteger un recurso ambiental y productivo estratégico.

El Sr. Presidente del Congreso de Intendentes, Dr. Nicolás Olivera destacó el funcionamiento del Organismo basado en el consenso entre los 19 gobiernos departamentales, más allá de las diferencias políticas. Se subrayó que los problemas territoriales son compartidos y requieren respuestas pragmáticas, coordinación interinstitucional y voluntad de negociación.

Con referencia al estado de la caminería rural, se señaló que Uruguay cuenta con aproximadamente 50.000 kilómetros de caminería rural, cuyo diseño estructural no acompasó el fuerte crecimiento de la producción. Los intendentes reconocieron que la conservación y mejora de esos caminos es responsabilidad departamental, pero advirtieron que los recursos disponibles resultan insuficientes frente al nivel actual de uso y deterioro.
Se mencionó que elevar el estándar de los caminos implica inversiones significativas, incluyendo ensanche, obras hidráulicas, cementación y tratamientos bituminosos. El costo estimado de estas soluciones se ubicó entre 175.000 y 200.000 dólares por kilómetro, lo que limita el alcance de los programas existentes y obliga a priorizar los tramos de mayor intensidad productiva.

También se planteó la preocupación por el uso intensivo o inadecuado de caminos departamentales, especialmente por parte de transportes vinculados a sectores de alto impacto, como la forestación. Se indicó que ciertos ejes viales departamentales son utilizados de forma sistemática por camiones pesados, lo que genera costos de mantenimiento que no siempre son compensados por quienes ocasionan el mayor deterioro.

Los intendentes manifestaron acuerdo en analizar la posibilidad de que determinados ejes viales de uso intensivo pasen a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, especialmente aquellos que cumplen funciones estratégicas para la producción nacional. Esta alternativa fue presentada como una forma de aliviar la carga financiera de las intendencias y ordenar responsabilidades entre niveles de gobierno.

Asimismo, se mencionó la necesidad de explorar mecanismos de financiamiento específicos para el uso intensivo de la caminería, ya sea bajo formatos de tasa, precio o contribución asociada al impacto generado. La discusión se planteó con cautela, reconociendo la necesidad de evitar mayores cargas injustificadas sobre los productores y de distinguir entre distintos tipos de usuarios y niveles de afectación.

Respecto al aporte del impuesto a semovientes del 1%, El Sr. Presidente informó que existe una instancia de trabajo en el ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización, con participación del gobierno nacional, el Congreso de Intendentes y representantes de ministerios vinculados. El Congreso expresó disposición a avanzar en una solución, pero enfatizó que cualquier modificación debe garantizar la soberanía y continuidad del recurso para los gobiernos departamentales.

Se recordó que, en antecedentes anteriores, la reducción de porcentajes asignados a los gobiernos departamentales fue acompañada por compromisos de compensación que no quedaron claramente reflejados en los presupuestos. Por ese motivo, los intendentes plantearon que la prioridad no es discutir únicamente montos, sino asegurar un mecanismo estable, verificable y sostenible en el tiempo.

También se analizaron alternativas para simplificar el sistema vigente, incluyendo posibles certificados de crédito u otros mecanismos que eviten trámites engorrosos para los productores. Se destacó que el tema dejó de estar estancado y que existe voluntad política de continuar trabajando, aunque sin realizar anuncios prematuros hasta contar con acuerdos sólidos.

Los Sres. Intendentes de Paysandú y Florida, señalaron que las intendencias asumen múltiples responsabilidades que no siempre forman parte de sus competencias esenciales, como apoyo a policlínicas, seguridad, educación, transporte rural y otros servicios básicos. Se sostuvo que, ante la ausencia de respuestas de otros organismos, los gobiernos departamentales terminan destinando recursos propios para atender necesidades de la población, especialmente en el interior profundo.
En ese marco, se abordó la problemática de los perros y la actuación del INBA. Se reconoció la existencia de voluntad institucional, pero se advirtió que los programas de castraciones y control poblacional requieren continuidad, financiamiento sostenido y coordinación efectiva. La interrupción de ciclos de trabajo fue identificada como un factor que agrava el problema y obliga a las intendencias a reiniciar esfuerzos con recursos propios.

REF VII) Asuntos Varios.

a) Nota de la Sra. Ministra de Industria, Energía y Minería referente a la adquisición de portland por parte de los Gobiernos Departamentales.

El Sr. Presidente, Dr. Nicolas Olivera informa que se recibió una nota de la ministra de Industria, Energía y Minería, en la que solicita ser recibida por el cuerpo con el objetivo de presentar y analizar la posibilidad de suscribir un acuerdo marco para que las intendencias departamentales reserven una cuota de compra de cemento Portland producido por ANCAP. En la misma comunicación, la ministra refiere a las transferencias del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales y plantea una corresponsabilidad en materia de compras públicas y contratación.

Se manifiesta disposición favorable a recibir a la ministra, en línea con la práctica del Congreso de mantener apertura al diálogo con autoridades, instituciones y delegaciones. No obstante, se expresa reparo respecto de la referencia realizada en la nota a las transferencias nacionales, señalándose que estas no constituyen una dádiva ni una concesión discrecional, sino recursos previstos constitucionalmente como acto debido y de justicia hacia los gobiernos departamentales.

Se recuerda que, en el marco de las negociaciones presupuestales con el Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales expusieron la multiplicidad de responsabilidades que asumen en áreas que no son estrictamente de su competencia constitucional, pero sí de incumbencia territorial. Entre ellas se mencionan aportes a educación, salud, seguridad ciudadana, emergencias y otros servicios esenciales. En tal sentido, se sostiene que no corresponde condicionar o vincular las transferencias constitucionales con eventuales compromisos de compra por parte de las intendencias. Se afirma que los gobiernos departamentales ya destinan importantes recursos propios a atender demandas de la población y que deben preservar la eficiencia en el uso de los fondos de los contribuyentes.

Se informa que desde agosto del año anterior el Congreso de Intendentes viene trabajando con ANCAP en un convenio marco relativo a los productos que consumen las intendencias, incluyendo asfaltos, combustibles, lubricantes y cemento. Se señala que en algunos rubros se avanzó hacia modalidades de consumo exclusivo, mientras que en otros se previó que cada intendencia resuelva de acuerdo con su realidad, conveniencia y criterios de eficiencia. 

Respecto del cemento Portland, se indica que el Congreso ya había trasladado a ANCAP la necesidad de realizar un esfuerzo en materia de precios para que el producto resultara competitivo y atractivo para las 19 intendencias. Sin embargo, se plantea que los valores ofrecidos no serían competitivos frente a alternativas disponibles en el mercado, incluso en algunos casos resultando más económico adquirir el mismo producto en barracas locales. 

Se expresa que las intendencias deben administrar recursos públicos con responsabilidad y procurar el mayor rendimiento posible de los fondos departamentales. En consecuencia, se entiende que cualquier acuerdo de compra con ANCAP debe contemplar condiciones de precio y suministro que resulten razonables y competitivas. 

Asimismo, se manifiesta que no corresponde que las intendencias asuman, mediante sus compras, el eventual déficit estructural de ANCAP, especialmente cuando ya atienden múltiples obligaciones fuera de sus competencias estrictas. Se aclara que varias intendencias igualmente han adquirido productos de ANCAP, aun cuando ello implique costos superiores, pero se remarca que no puede imponerse una carga que afecte la eficiencia del gasto público departamental. 

Se entiende conveniente recibir a la ministra de Industria y Energía y conformar un grupo de trabajo que permita analizar el tema en profundidad. Dicho ámbito debería abordar, entre otros aspectos, la competitividad del precio del cemento Portland, las condiciones de pago y suministro, la situación productiva de ANCAP y la viabilidad de eventuales compromisos de compra por parte de las intendencias.

b) Informe sobre los borradores de los convenios con ANDE y con ANCAP.
RESOLUCIÓN N° 6:
Se aprueba por unanimidad los borradores de los Convenios con ANDE y con ANCAP.

c) Programa ECHO.
El Sr. Presidente, Dr. Nicolás Olivera informa que el pasado 25 de mayo, en el marco del convenio que firmó el Congreso de Intendentes con el programa ECHO, por el que a través de lo que es un programa de extensión universitaria de la UDELAR, y liderado por el Doctor Henry Cohen y que el Congreso acordó durante 18 meses llevar adelante para formar, para dar herramientas y para capacitar a equipos personal médico y no médico y también de la educación en temas de salud mental, específicamente en el tema, orientado más que nada al tema adolescente y menores. La reunión fue un éxito, fue una jornada híbrida, presencial y vía Zoom.

d) Inauguración de la nueva sede del Congreso de Intendentes.
El Sr. Presidente, Nicolás Olivera comunica que el jueves 4 de junio a las 18:30 horas se llevara adelante la inauguración de la nueva sede del Congreso contando con la presencia del Sr. Presidente de la República, y autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, etc.

Salto, 29 de mayo de 2026.