Congreso de Intendentes

Plenario

ACTA DE RESOLUCIONES DE LA 16º SESIÓN PLENARIA 20 DE AGOSTO DE 2026. MONTEVIDEO

REF I) Aprobación de las Actas de Resoluciones de la 14° y 15° Sesiones Plenarias.

RESOLUCIÓN N° 1:
                                 Se aprueban por unanimidad las Actas de Resoluciones de la 14° y 15° Sesiones Plenarias.

REF II) Audiencia SINAE.

El Sr. Director Nacional de Emergencias, Leoandro Palomeque informó sobre los avances en la planificación institucional ante la eventual ocurrencia de un episodio de “El Niño” 2026–2027 de intensidad muy fuerte. La estrategia preventiva se sustenta en las tendencias proporcionadas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en el análisis de los antecedentes nacionales correspondientes a 1997–1998, 2015–2016 y 2023–2024, y en una agenda de coordinación interinstitucional estructurada en siete ejes de trabajo.

Conforme a la información disponible, se estima una probabilidad del 95 % de que las condiciones asociadas a “El Niño” se mantengan hasta febrero, marzo o abril de 2027, así como una probabilidad del 80 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el trimestre octubre–diciembre de 2026. En una primera etapa, las precipitaciones se situarían dentro de los valores medios y posteriormente registrarían un incremento progresivo desde el noreste hacia el resto del territorio nacional, con valores superiores a lo normal durante el último trimestre del año. En particular, diciembre podría concentrar los mayores acumulados, eventualmente próximos al 50 % de la precipitación anual en un solo mes.

La estrategia de respuesta se articula en siete ejes de intervención. Los cuatro primeros priorizan la protección integral de las personas: vulnerabilidad social, accesibilidad y convivencia; salud y continuidad asistencial; seguridad, rescate, logística y evacuación; e infancia, adolescencia y nutrición. Los tres ejes restantes procuran asegurar la capacidad operativa del sistema: infraestructura y servicios esenciales; monitoreo hidrometeorológico y coordinación en los ámbitos nacional y binacional; y gestión de la información y la comunicación para respaldar la toma de decisiones.

Los Comités Departamentales de Emergencias y los centros coordinadores intervienen de manera transversal en este proceso. Se han iniciado instancias de coordinación con los organismos competentes a efectos de relevar capacidades, identificar necesidades y determinar la disponibilidad de recursos. Asimismo, se procura mantener la capacidad de despliegue de los equipos departamentales en territorio para atender eventuales requerimientos de respuesta inmediata.

A partir de los antecedentes cuantificados, se adopta como hipótesis de planificación un escenario de hasta 25.000 personas desplazadas simultáneamente, 5.000 personas evacuadas, acumulados de precipitación de 500 mm en 30 días y aproximadamente 6.250 viviendas afectadas. En términos operativos, la capacidad de respuesta deberá contemplar hasta 1.200 evacuaciones en una jornada y un promedio diario próximo a 550 personas evacuadas.
El costo estimado para garantizar alimentación, alojamiento y asistencia básica a 5.000 personas durante 30 días asciende a 364 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 8,8 millones de dólares. Este monto se considera una referencia mínima para el dimensionamiento de los recursos necesarios, en atención a que el calentamiento observado en la región “El Niño 3.4” supera los valores registrados en episodios anteriores de alto impacto.

El SINAE considera necesario planificar la respuesta ante un fenómeno potencialmente severo y de alcance nacional. Se prevé un primer período crítico entre octubre y diciembre de 2026 —con mayor probabilidad hacia fines de noviembre y comienzos de diciembre—, seguido de una disminución transitoria durante enero y febrero, y de un nuevo incremento entre marzo y mayo de 2027, cuya máxima intensidad se proyecta para abril. Esta evolución podría dar lugar a retornos temporales y posteriores reevacuaciones, con el consiguiente aumento de las exigencias operativas. En este contexto, la prioridad institucional consiste en aprovechar la actual ventana de preparación para anticipar la asignación de recursos, consolidar la coordinación interinstitucional y garantizar una capacidad de respuesta sostenida en todo el territorio nacional.

En el marco de la sesión, los señores intendentes analizaron la preparación y la capacidad de respuesta ante eventos hidrometeorológicos severos. Se señaló la necesidad de fortalecer las acciones preventivas, disponer oportunamente de equipos, insumos y soluciones de alojamiento, simplificar los procedimientos administrativos y establecer protocolos comunes entre el SINAE, los CECOED, los gobiernos departamentales y los organismos nacionales. Asimismo, se planteó asegurar recursos y mecanismos ágiles de ejecución, mejorar la logística y la seguridad en las zonas evacuadas, y prever medidas para el retorno de las familias y la recuperación social, productiva y de la infraestructura afectada. La delegación de Treinta y Tres informó que aproximadamente 1.600 personas se encontraban desplazadas, en su mayoría autoevacuadas. En consecuencia, se destacó la importancia de articular una respuesta nacional preventiva, descentralizada y coordinada, con capacidad de actuación inmediata en los territorios afectados.

El Sr. Director, Leandro Palomeque agradeció los aportes de los intendentes e informó que la planificación nacional se concentra en un escenario de precipitaciones abundantes, inundaciones y desplazamientos de población, sin excluir tormentas severas con voladuras de techos. Señaló que el impacto podría alcanzar a todo el territorio nacional y que los meses de mayor incidencia se prevén entre septiembre y diciembre. Las previsiones fueron elaboradas sobre escenarios adversos de máxima exigencia.

Se confirmó la disponibilidad de materiales para atender afectaciones graves de techos, así como de canastas asistenciales, kits de higiene personal y limpieza del hogar, equipamiento y otros insumos para evacuación y retorno. No se prevé reparar techos preventivamente antes del evento ni implementar subsidios de alquiler dentro de la planificación del SINAE. La asistencia se orientará a la protección, sostenimiento y retorno de las personas afectadas.

La red nacional de centros de evacuación será revisada y complementada con edificios públicos y espacios privados disponibles. Las carpas se consideran un recurso de última instancia y podrán utilizarse también para resguardar enseres. Los módulos temporales de alojamiento se mantienen como proyecto de largo plazo, sin posibilidad de implementación para el evento inmediato.

Las barométricas se consideran especialmente necesarias durante la etapa de retorno, para retirar aguas residuales y apoyar la recuperación de las viviendas. Los colchones y demás insumos podrán solicitarse al SINAE, procurando responder en menos de 24 horas y racionalizando los pedidos según las necesidades efectivas.

Se acordó simplificar los procedimientos de entrega de ayuda humanitaria, evitando que la asistencia quede supeditada a trámites previos. No obstante, se mantendrá el registro posterior en el Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA), por ser el sistema oficial y fiable para identificar beneficiarios, respaldar auditorías y habilitar prestaciones complementarias de otros organismos. Se exhortó a las intendencias a reforzar los Cecoed con personal administrativo para la carga de datos. La administración y el soporte técnico del MIRA pasarán al ámbito estatal de gobierno electrónico.
Asimismo, se solicitó que los coordinadores departamentales reporten diariamente los eventos y afectaciones mediante la aplicación de georreferenciación disponible, a fin de consolidar el panorama nacional y priorizar recursos. Se destacó la necesidad de comunicar únicamente información verificada y cifras oficiales, evitando anuncios especulativos o alarmistas que puedan afectar la respuesta de emergencia.

La respuesta se coordinará con el Estado Mayor de la Policía, el Estado Mayor de la Defensa, la Prefectura Nacional Naval, la Armada y el Ejército. Estos organismos aportarán embarcaciones, personal para tareas en agua y vigilancia de zonas evacuadas. Cuando exista riesgo para la vida, podrá disponerse la evacuación compulsiva, siempre garantizando la seguridad de las personas y de las áreas desalojadas, incluso mediante restricciones de acceso.
Se priorizará la evacuación en seco, apoyada en los sistemas de alerta temprana disponibles para distintos cursos de agua. Los coordinadores departamentales reciben diariamente información sobre niveles, tendencias y cotas de aviso y alerta, lo que permite anticipar desplazamientos y reducir pérdidas.

El SINAE concentrará su actuación en la respuesta humanitaria, mientras que las etapas de rehabilitación y reconstrucción serán atendidas por los organismos competentes: el Ministerio de Vivienda en materia habitacional; el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en rutas y caminería; y los ministerios de Ganadería e Industria en los sectores productivos. Se informó que existen fondos contingentes por USD 750 millones para respuesta, rehabilitación y reconstrucción, cuya asignación específica será definida por la Presidencia. Dentro de esas previsiones se asegurará el financiamiento de la asistencia a personas desplazadas.

Se recordó que cada departamento dispone de un plan de emergencia y de protocolos generales o específicos de inundación. Se recomendó revisarlos y actualizarlos durante el año, definiendo con claridad los roles y competencias de los actores departamentales, con apoyo técnico del área nacional de planificación.

Las previsiones de insumos cubren el escenario máximo estimado por un período de hasta nueve meses. Se trabaja con proveedores para evitar desabastecimientos regionales. Al centro de acopio de Montevideo se sumará un segundo centro permanente en Durazno y, según la evolución del impacto, podrán instalarse centros logísticos temporales en el litoral y el este del país. El traslado se apoyará en unidades militares, flotas departamentales y vehículos del Ministerio de Transporte.

Se informó el avance del sistema de alerta por difusión celular, desarrollado con Dinatel, Antel y los tres operadores móviles. La herramienta permitirá enviar mensajes georreferenciados a todos los teléfonos encendidos en una zona afectada, sin necesidad de saldo ni datos. Se prevé su implementación antes de fin de año.

REF III) Audiencia ANII - Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

La delegación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), integrada por su Presidente, Álvaro Brunini y por el Sr. Javier Pastorino, reafirmaron su compromiso de ampliar el acceso a sus instrumentos en todo el territorio nacional y reducir la concentración de beneficiarios en la zona metropolitana. Para ello, propone fortalecer la coordinación con las Intendencias, difundir oportunidades de apoyo y promover ecosistemas locales de ciencia, tecnología e innovación mediante actividades, casos de referencia y programas dirigidos a empresas, emprendimientos, instituciones académicas y organismos públicos.

Entre las líneas de apoyo mencionadas se encuentran mecanismos de financiación para proyectos empresariales de innovación, emprendimientos innovadores, iniciativas de base científico-tecnológica y proyectos colaborativos entre academia y sector privado. Asimismo, el Programa de Innovación en Servicios Públicos impulsa la innovación abierta, vinculando a organismos públicos con empresas, centros tecnológicos e instituciones académicas para desarrollar soluciones con impacto positivo en la ciudadanía.

La convocatoria «Desafíos públicos con alto impacto ciudadano» invita a las instituciones públicas a presentar problemáticas aún sin solución definida que afecten los servicios públicos y requieran desarrollo tecnológico o investigación y desarrollo. El proceso comprende la identificación y refinamiento del desafío, la selección de solucionadores externos y el desarrollo de un prototipo funcional. ANII financia el 100 % del proyecto, hasta 5 millones de pesos uruguayos, con un plazo inicial de hasta diez meses. La convocatoria cierra el 1.º de septiembre a las 14:00.

La convocatoria «Consultorías para la innovación pública» financia la contratación de profesionales externos para generar conocimiento especializado, implementar mejoras, rediseñar servicios, probar tecnologías e instalar capacidades internas. Las propuestas deben incluir resultados verificables, transferencia de conocimiento y un plan de adopción y sostenibilidad. El apoyo es no reembolsable, cubre el 100 % del costo y alcanza hasta 426.000 pesos uruguayos. La convocatoria cierra el 30 de septiembre a las 14:00.

ANII destacó que las instituciones conservarán el derecho de uso irrestricto y los códigos fuente de los desarrollos financiados, lo que facilitará su continuidad, mejora y eventual escalamiento. La agencia quedó a disposición de las intendencias para atender necesidades específicas y adaptar el acompañamiento a las distintas realidades locales.

El intercambio entre autoridades departamentales y representantes de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) destacó la necesidad de consolidar la innovación como una política de gestión pública sistemática, permanente y con respaldo institucional. La experiencia de Montevideo mostró que una estructura específica de innovación puede movilizar ampliamente a los funcionarios y generar mejoras acumulativas en la atención ciudadana, la eficiencia de los procesos y la reducción de duplicaciones.

Los Sres. Intendentes plantearon la conveniencia de fortalecer la coordinación con la ANII y otros organismos públicos, así como de avanzar hacia soluciones compartidas. Entre las principales propuestas se incluyeron el relevamiento del grado de madurez tecnológica de los gobiernos departamentales, la integración de sistemas de gestión y la creación de instancias estables de articulación entre el Congreso de Intendentes y la ANII.

También se identificaron desafíos comunes que requieren respuestas colectivas, como la futura gestión de baterías de vehículos eléctricos. Se señaló que este tipo de iniciativas podría abordarse mediante instrumentos sectoriales existentes o nuevos mecanismos coordinados con organismos vinculados a energía, industria, agua y ambiente.

Asimismo los Sres. intendentes subrayaron la dificultad de acceder y comprender la oferta dispersa de agencias, universidades y centros de investigación. Se propuso simplificar el ecosistema de innovación, fortalecer su presencia territorial y promover una gobernanza local o regional, con participación pública y privada, que vincule de manera efectiva la investigación y las capacidades disponibles con las necesidades productivas.

La ANII coincidió con este diagnóstico e informó que trabaja en coordinación con Uruguay Innova, ANDE, Uruguay XXI, INIA y otras instituciones. Asimismo, planteó ampliar el papel de los centros PYMES como articuladores territoriales y manifestó su disposición a mantener un vínculo más fluido con el Congreso de Intendentes para canalizar demandas departamentales y acercar los instrumentos de apoyo existentes.

REF IV) Audiencia CAMTUR – Cámara de Turismo.

El Sr. Presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR), Fernando Tapía presentó una propuesta para posicionar al turismo como una prioridad de inversión y desarrollo. La exposición destacó su capacidad para generar crecimiento económico, empleo —especialmente juvenil— y oportunidades territoriales, y sostuvo que una mayor articulación público-privada permitiría ampliar significativamente su contribución al país.

Según los datos expuestos, los viajes internacionales pasaron de 122 millones en 1976 a 1.520 millones en 2025. En Uruguay, los visitantes aumentaron de 1,82 millones en 2006 a 3,604 millones en 2025. Ese último año, las llegadas crecieron 8% y las divisas 16% en dólares corrientes. En el primer semestre de 2026, los ingresos por turismo alcanzaron aproximadamente US$ 1.191 millones, ubicando al sector apenas por debajo de la carne bovina y por encima de otras actividades exportadoras relevantes.

El turismo representó 6,2% del PIB en 2025 y aportó 0,7 puntos porcentuales al crecimiento económico anual de 1,8%. En materia laboral, generó alrededor de 122.000 puestos de trabajo en 2025; cerca del 29% correspondió a menores de 29 años, una proporción superior a la del conjunto de la economía. Se subrayó que esta capacidad de crear empleo joven y desarrollo local convierte al sector en una herramienta estratégica para reducir desigualdades territoriales y ampliar oportunidades.

El Sr. Presidente de Camtur identificó fortalezas nacionales en entorno de negocios, salud e higiene, infraestructura turística y sostenibilidad ambiental. No obstante, señaló una debilidad significativa en la priorización pública del turismo y la facilitación de viajes: Uruguay ocupa el puesto 103 entre 119 países en esa dimensión del índice citado del Foro Económico Mundial.
Brasil fue señalado como el principal mercado con potencial de expansión y diversificación. Mientras Uruguay recibe alrededor de 2,4 millones de visitantes argentinos al año, los brasileños rondan los 490.000. La estrategia propuesta combina una mayor promoción en Brasil con el desarrollo de productos atractivos fuera de la temporada de verano, aprovechando la capacidad ociosa de alojamiento y servicios. Un ejercicio de CERES estimó que elevar la inversión promocional anual de aproximadamente US$ 4,5 millones a US$ 15 millones podría generar 1,1 millones de visitantes adicionales, US$ 725 millones en divisas, 9.800 empleos y US$ 102 millones de recaudación tributaria; se aclaró que se trata de una proyección sujeta a evaluación técnica.

Asimismo sostuvo que el desarrollo turístico exige una coordinación estable entre intendencias, Gobierno nacional y sector privado. A los gobiernos departamentales les asignó un papel central en el impulso político, la priorización presupuestal, la infraestructura, los accesos, el espacio público y la continuidad de las políticas. Al sector privado le corresponde fortalecer su representatividad, invertir, elevar la calidad, comercializar los destinos, compartir información y ejecutar proyectos.

También se planteó mejorar el acceso del turismo a instrumentos de financiamiento ya disponibles en ANDE, OPP, MINTUR y ANII, especialmente para mipymes y proyectos departamentales. CAMTUR representa a unas 5.000 empresas a través de organizaciones sectoriales y territoriales, dentro de un universo estimado de 25.000 empresas turísticas, mayoritariamente micro y pequeñas. La institución desarrolla acciones de promoción, inteligencia de datos, encuentros regionales CAMTUR Conecta y la Expo Turismo, además de participar en redes nacionales e internacionales.

Como agenda de trabajo, CAMTUR propuso incorporar a todas las intendencias a sus ámbitos de coordinación, definir referentes turísticos departamentales, mapear y priorizar proyectos según gasto, empleo joven y desestacionalización, acordar planes de promoción por destino y establecer instancias técnicas de seguimiento. Asimismo, planteó consolidar una agenda común con los gobiernos departamentales y el Ministerio de Turismo, incluyendo iniciativas de datos, proyectos regionales y medidas para zonas de frontera.

REF V) Audiencia Fundación Pérez Scremini.

La Fundación Pérez Scremini, representada por los Sres. Gerardo Zambrano, Ney Castillo y Sofía Sancristóbal presentaron los principales resultados de su labor en la atención del cáncer infantil y adolescente en Uruguay. La instancia tuvo como objetivos agradecer el apoyo recibido, exponer el alcance de su modelo asistencial y fortalecer la cooperación territorial mediante convenios y actividades en todo el país.

La organización gestiona el servicio hemato-oncológico del Hospital Pereira Rossell y brinda atención integral, gratuita y especializada, con cobertura nacional. Su trabajo comprende diagnóstico y tratamientos de alta complejidad, trasplantes de médula ósea, investigación y acompañamiento psicológico, educativo y social a pacientes y familias. Cada año se diagnostican en Uruguay más de 150 casos, y la tasa de curación alcanza aproximadamente al 80 % de los niños y adolescentes atendidos.

Durante la exposición técnica se destacó que el cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente, pero de alto impacto familiar y social. A escala mundial se estiman cerca de medio millón de casos anuales, muchos de los cuales no llegan a diagnosticarse en los países de menores recursos. Uruguay presenta indicadores comparables con los de países de altos ingresos: registra una mortalidad aproximada de 2,7 por cada 100.000 menores de 14 años y se posiciona entre los países de la región con mejores resultados.

Estos logros se sustentan en un modelo de cooperación público-privada vigente desde 2001 entre la Fundación, el Ministerio de Salud Pública, ASSE y el Hospital Pereira Rossell, junto con el aporte de empresas, voluntarios y la sociedad. La Fundación cuenta con más de 170 colaboradores y ha incorporado tecnología avanzada para el tratamiento de leucemias y linfomas, incluida inmunoterapia disponible de forma excepcional en la región. Más de la mitad de los pacientes proviene del interior del país. Para atender sus necesidades, la institución articula apoyos en vivienda, transporte, inserción y asistencia familiar, y mantiene una red de 26 “embajadas” o comisiones locales. Asimismo, impulsa 19 carreras solidarias entre septiembre y octubre, una por departamento, con apoyo de las intendencias. La reunión concluyó con el reconocimiento a esta colaboración y el compromiso de continuar ampliando la atención, la innovación y la equidad territorial.

REF VI) Designación delegados Comisión Art. 3° y 4° de la Ley 18.860. (Comisión Seguimiento de Sucive y Comisión de Aforos).

RESOLUCIÓN N° 2:
                                Se resuelve por unanimidad integrar la Comisión del Art. 3° de la Ley N° 18.860 con los siguientes delegados: 

RESOLUCIÓN N° 3:
                                Se resuelve por unanimidad integrar la Comisión del Art. 4° de la Ley N° 18.860 con los siguientes delegados: Juan Pígola, Gustavo Shaban, Cr. Sebastián Ervitti, Cr. Daniel Sureda, Cr. Gabriel Camacho, Ec. Arturo Echeverría y TCS César García. 

REF VII) Informes de la Dirección de Asuntos Vehiculares:

a)Proyecto “PUNC por puntos”.
b)Proyecto de Ordenanza Nacional sobre regulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).
c)Equifax – propuesta de contrato sin costo de estudio de morosidad Sucive.
d)Acuerdo Uruguay e Italia para reconocimiento mutuo de permisos de conducir con el propósito de su conversión.

Se realiza el informe por parte del Director de Asuntos Vehículares, TCS César García, quedando los Sres. Intendentes en analizar los proyectos presentados, realizar las observaciones que consideren pertinentes, elevando las mismas a la secretaría del Congreso y volver a tratar los mismos en la próxima sesión plenaria del mes de setiembre de 2026.

REF VIII) Informe de Mesa.

A solicitud del Sr. Intendente de Treinta y Tres, se respaldó una propuesta excepcional para acelerar o facilitar el pago de las facturas de UTE y OSE de las familias afectadas por las crecientes, previa verificación de las autoridades, ante la situación de unas 1.740 personas desplazadas y el impacto social previsto en varios departamentos.

También se manifestó preocupación por los cronogramas de ejecución de obras del FDI debido a las inclemencias climáticas. Se acordó anticipar una nota y presentarla ante la Comisión Sectorial de Descentralización y plantear allí posibles medidas, entre ellas extender los plazos de certificación, además de recibir propuestas concretas de las intendencias.

Finalmente, se informó que el próximo Congreso quedó previsto, en principio, para el 17 de septiembre en Montevideo y se recordó la invitación a los actos del 25 de agosto.

Montevideo, 20 de agosto de 2026.