Fiscalía General de la Nación

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, y la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación, Manuela Reguera, participaron este miércoles 14 de octubre en la presentación del informe Violencia territorial y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, realizada en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). 

El documento fue elaborado por un grupo de trabajo interinstitucional convocado por la INDDHH, del que participó la Fiscalía General de la Nación a través de su Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Gurises Unidos, la Plataforma de Infancias y Adolescencias y CIPPUS, con UNICEF Uruguay en calidad de observador. 

El informe analiza las consecuencias de la violencia territorial sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en Uruguay, identifica dificultades en las respuestas institucionales y plantea recomendaciones para fortalecer la prevención, la protección y la reparación.

Asimismo, advierte que la violencia territorial no se limita a los hechos de violencia armada, sino que también afecta el acceso a la educación, la salud, la movilidad y las posibilidades de desarrollo de quienes viven en los territorios afectados. Por tanto, la violencia territorial no solo pone en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes: también condiciona su presente y compromete sus posibilidades de futuro. 

Durante la instancia de comentarios posterior a la presentación, la directora de la UVyT, Manuela Reguera, señaló que el grupo de trabajo se encontró con un escenario complejo, marcado por desigualdades estructurales, exclusión social y el crecimiento de economías ilegales, factores que inciden en las oportunidades y las trayectorias de vida de niños, niñas y adolescentes.

Reguera advirtió que se trata de un fenómeno estructural, dinámico y en expansión territorial, que no se limita a Montevideo. En ese sentido, indicó que, según los datos incluidos en el informe, en 2025 el 53 % de los homicidios de niños, niñas y adolescentes registrados correspondió a hechos ocurridos fuera de la capital.

Asimismo, subrayó que la violencia territorial comprende distintas formas de afectación, entre ellas los desplazamientos, las amenazas y el reclutamiento, además de los hechos de violencia armada que pueden provocar lesiones graves o la muerte.

La directora destacó también las consecuencias que estas situaciones tienen sobre el desarrollo y el ejercicio de derechos. La exposición sostenida a contextos de violencia puede afectar la salud mental, la asistencia a centros educativos, la circulación por espacios comunitarios y las posibilidades de crecer en entornos seguros.

Entre los principales desafíos identificados, el informe señala la fragmentación de las respuestas institucionales y la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos que intervienen en estas situaciones.

El grupo de trabajo identificó cuatro momentos fundamentales para la actuación estatal: la detección y prevención; la protección ante situaciones de riesgo de vida; la investigación y el acceso a la justicia, con acompañamiento psicosocial; y la reparación integral de las víctimas.

Al respecto, Reguera señaló que las instituciones suelen actuar principalmente después de que ocurren los hechos, por lo que resulta necesario fortalecer las herramientas de prevención y detección temprana.

“Frente a una violencia que se organiza, las respuestas no pueden ser fragmentadas”, expresó.

En su intervención, también destacó que la protección de las infancias y adolescencias requiere un Estado presente y articulado, capaz de actuar de manera oportuna y de abordar las distintas dimensiones del fenómeno, en coordinación con la sociedad civil.

El informe propone, entre otras medidas, desarrollar mecanismos de protección inmediata para niños, niñas y adolescentes en riesgo de vida, fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar los sistemas de información.

Al cerrar su intervención, Reguera enfatizó que la violencia territorial no constituye un problema limitado a determinados barrios ni puede abordarse exclusivamente desde una perspectiva de seguridad, sino que representa una vulneración de derechos que compromete el presente y el futuro de niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, sostuvo la necesidad de avanzar hacia una respuesta integral y coordinada que permita prevenir las situaciones de violencia, proteger a quienes se encuentran amenazados y acompañar a las víctimas y sus familias.